La Ley Federal de Archivos pone en riesgo la memoria del Estado
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Lunes 28 de marzo de 2011, p. 5
El proyecto de la Ley Federal de Archivos, aprobada en la semana que concluye por el Senado de la República, “es un grave retroceso en el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales, pero sobre todo significa una violación al equilibrio de poderes que marca la Constitución.
“No es una ley sana, sino enferma y anticonstitucional; concede amplio poder documentario al Ejecutivo federal y, en la práctica, México se quedará sin memoria, porque los lineamientos del proyecto están enfocados a la depuración (eliminación) de documentos y a la cerrazón de información”, dijo María Teresa Dorantes, presidenta de Archiveros Sin Fronteras, Sección México.
Esta ley, avalada para su expedición en el Senado de la República y turnada para su revisión a la Cámara de Diputados, otorga facultades sin precedente al Archivo General de la Nación (AGN), a través el Consejo Nacional de Archivos, con base en lo cual “pisotea” el pacto federal y “se entromete” en todos los sistemas documentales del país.
“Graves consecuencias”
Estos cambios ocurren en un momento en el que el AGN fue reprobado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al demostrar la existencia de prácticas irregulares vinculadas a corrupción y negligencia en el manejo presupuestal.
Como especialista por más de tres décadas en archivos judiciales, estatales, municipales y notariales, entre otros, Dorantes alertó de las “graves consecuencias” que traerá al país la puesta en vigor del texto que el martes pasado avalaron 84 senadores.
Con la Ley Federal de Archivos, el AGN asumirá la rectoría en la materia y podrá establecer lineamientos y políticas generales para la organización, conservación y administración de los archivos (de trámite, concentración e históricos); le concede además el nivel de entidad central en el manejo de todos los archivos del país y plena autonomía de gestión y personalidad jurídica.
Esta norma incluye un Sistema y Registro Nacional de Archivos que articulará y coordinará todos los documentos públicos e incluso los privados. Con la inclusión de un consejo nacional, tendrán injerencia en el acceso a la información y al registro y difusión del patrimonio de la memoria documental del país.
Con base en la nueva ley, el titular del AGN contará con amplias facultades para definir políticas lo mismo en un archivo municipal que en los más importantes documentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Poder Judicial en su conjunto; desconoce a la Judicatura Federal y al tribunal electoral federal y “pisotea” las cámaras. De igual forma, operará como un órgano con plena autonomía y su titular será designado por el Presidente de la República.
“Es decir, el AGN será convertido en un poder absoluto por encima de las facultades del Judicial e incluso del Legislativo”, indicó Dorantes.
Además, los cambios impactarán en normas de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión, en un contexto en el que no se ha podido brindar un acceso expedito a la información debido a la “mala clasificación de los archivos”, de tal forma que la nueva ley acarreará más problemas en la Ley de Transparencia, cuya aplicación “es carísima porque en el país los archivos no están organizados; de ahí que no se aplican medidas para abatir estos rezagos y, en cambio, los senadores avalan un proyecto que no leyeron y que enfermará irremediablemente toda la memoria documental del país”.
Por ejemplo, precisó la especialista, amplía de 30 a 70 años la fecha precautoria, lo cual implica cerrar el acceso a los archivos y volver al centralismo del siglo XIX. “La memoria del Estado mexicano está en riesgo.”
El AGN enfrenta diagnósticos adversos, proyectos truncados, denuncias públicas acerca de manejos irregulares y, en opinión de la entrevistada, ha diezmado su credibilidad al firmar convenios con representantes que no acreditan su personalidad; también han entregado información a entes extranjeros. Suma además demandas laborales por despidos en perjuicio de un grupo de servidores públicos que eran responsables de áreas sustanciales en la operación del Archivo General de la Nación.
En el caso más reciente, la ASF detectó irregularidades por más de 50 millones de pesos, esto es, la cuarta parte del presupuesto destinado a remodelación y ampliación del inmueble, luego de que se canceló el proyecto para construir una nueva sede para el acervo. La administración, a cargo de Aurora Gómez Galvarriato Ferrer, entregó por adjudicación directa contratos de construcción a Fonatur, encabezado en 2009 por el hermano de quien era el titular en ese momento de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Ha habido también denuncias públicas que hacen referencia a prácticas ilegales en el manejo del archivo, que van desde programas de cómputo inadecuados hasta acusaciones de materiales sustraídos o subastados.
Las irregularidades, precisó Dorantes, no sólo se refieren a estudios acerca de que, por ejemplo, el Acta de Independencia de México “fue robada”, sino del manejo del acervo sin atender a criterios científicos.
“El AGN ha sido un bastión de los amigos de quienes están en el poder. Archivar no es acomodar documentos por tamaños, sino dar orden a la estructura del Estado. El Archivo General de la Nación está en crisis y la situación se agrava porque tiene una dirección que entiende la planeación estratégica, para el resguardo del acervo, como una obra de jardinería y decoración”, señaló.
De acuerdo con el análisis de la especialista, miembro del Consejo Internacional de Archivos y, además, diplomatista, sigilógrafa y restauradora, si los diputados no paran la expedición de la la ley habrá un daño general a los documentos del Estado.
Fuente
Periódico La Jornada
Lunes 28 de marzo de 2011, p. 5
El proyecto de la Ley Federal de Archivos, aprobada en la semana que concluye por el Senado de la República, “es un grave retroceso en el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales, pero sobre todo significa una violación al equilibrio de poderes que marca la Constitución.
“No es una ley sana, sino enferma y anticonstitucional; concede amplio poder documentario al Ejecutivo federal y, en la práctica, México se quedará sin memoria, porque los lineamientos del proyecto están enfocados a la depuración (eliminación) de documentos y a la cerrazón de información”, dijo María Teresa Dorantes, presidenta de Archiveros Sin Fronteras, Sección México.
Esta ley, avalada para su expedición en el Senado de la República y turnada para su revisión a la Cámara de Diputados, otorga facultades sin precedente al Archivo General de la Nación (AGN), a través el Consejo Nacional de Archivos, con base en lo cual “pisotea” el pacto federal y “se entromete” en todos los sistemas documentales del país.
“Graves consecuencias”
Estos cambios ocurren en un momento en el que el AGN fue reprobado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al demostrar la existencia de prácticas irregulares vinculadas a corrupción y negligencia en el manejo presupuestal.
Como especialista por más de tres décadas en archivos judiciales, estatales, municipales y notariales, entre otros, Dorantes alertó de las “graves consecuencias” que traerá al país la puesta en vigor del texto que el martes pasado avalaron 84 senadores.
Con la Ley Federal de Archivos, el AGN asumirá la rectoría en la materia y podrá establecer lineamientos y políticas generales para la organización, conservación y administración de los archivos (de trámite, concentración e históricos); le concede además el nivel de entidad central en el manejo de todos los archivos del país y plena autonomía de gestión y personalidad jurídica.
Esta norma incluye un Sistema y Registro Nacional de Archivos que articulará y coordinará todos los documentos públicos e incluso los privados. Con la inclusión de un consejo nacional, tendrán injerencia en el acceso a la información y al registro y difusión del patrimonio de la memoria documental del país.
Con base en la nueva ley, el titular del AGN contará con amplias facultades para definir políticas lo mismo en un archivo municipal que en los más importantes documentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Poder Judicial en su conjunto; desconoce a la Judicatura Federal y al tribunal electoral federal y “pisotea” las cámaras. De igual forma, operará como un órgano con plena autonomía y su titular será designado por el Presidente de la República.
“Es decir, el AGN será convertido en un poder absoluto por encima de las facultades del Judicial e incluso del Legislativo”, indicó Dorantes.
Además, los cambios impactarán en normas de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión, en un contexto en el que no se ha podido brindar un acceso expedito a la información debido a la “mala clasificación de los archivos”, de tal forma que la nueva ley acarreará más problemas en la Ley de Transparencia, cuya aplicación “es carísima porque en el país los archivos no están organizados; de ahí que no se aplican medidas para abatir estos rezagos y, en cambio, los senadores avalan un proyecto que no leyeron y que enfermará irremediablemente toda la memoria documental del país”.
Por ejemplo, precisó la especialista, amplía de 30 a 70 años la fecha precautoria, lo cual implica cerrar el acceso a los archivos y volver al centralismo del siglo XIX. “La memoria del Estado mexicano está en riesgo.”
El AGN enfrenta diagnósticos adversos, proyectos truncados, denuncias públicas acerca de manejos irregulares y, en opinión de la entrevistada, ha diezmado su credibilidad al firmar convenios con representantes que no acreditan su personalidad; también han entregado información a entes extranjeros. Suma además demandas laborales por despidos en perjuicio de un grupo de servidores públicos que eran responsables de áreas sustanciales en la operación del Archivo General de la Nación.
En el caso más reciente, la ASF detectó irregularidades por más de 50 millones de pesos, esto es, la cuarta parte del presupuesto destinado a remodelación y ampliación del inmueble, luego de que se canceló el proyecto para construir una nueva sede para el acervo. La administración, a cargo de Aurora Gómez Galvarriato Ferrer, entregó por adjudicación directa contratos de construcción a Fonatur, encabezado en 2009 por el hermano de quien era el titular en ese momento de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Ha habido también denuncias públicas que hacen referencia a prácticas ilegales en el manejo del archivo, que van desde programas de cómputo inadecuados hasta acusaciones de materiales sustraídos o subastados.
Las irregularidades, precisó Dorantes, no sólo se refieren a estudios acerca de que, por ejemplo, el Acta de Independencia de México “fue robada”, sino del manejo del acervo sin atender a criterios científicos.
“El AGN ha sido un bastión de los amigos de quienes están en el poder. Archivar no es acomodar documentos por tamaños, sino dar orden a la estructura del Estado. El Archivo General de la Nación está en crisis y la situación se agrava porque tiene una dirección que entiende la planeación estratégica, para el resguardo del acervo, como una obra de jardinería y decoración”, señaló.
De acuerdo con el análisis de la especialista, miembro del Consejo Internacional de Archivos y, además, diplomatista, sigilógrafa y restauradora, si los diputados no paran la expedición de la la ley habrá un daño general a los documentos del Estado.
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Comentarios
“Nada y una Ley de Archivos es lo mismo, si no consideran el vínculo entre los usuarios y la información, que no es otra cosa que el experto, un archivónomo.”
Jose M.
http://capacitacionarchivistica.blogspot.com/
Agradezco me permita hacer efectivo mi derecho a réplica esto, en relación al desplegado publicado el día 13 de abril de 2011, pagado por personas cuyos intereses se han visto lesionados por mi declaración del 28 de marzo fundamentada en sendos artículos publicados en el periódico que usted dirige.
Es la Auditoría Superior de la Federación la instancia que encontró irregularidades en la gestión de la actual directora del AGN Dra. Aurora Gómez. Los firmantes desestiman a la ASF y le han apostado a la ilegalidad que, evidencian con su pronunciamiento. Ya que, se trata de un pequeño desliz de tan sólo 50 millones de pesos en un país de pobres. De tal manera, que sólo invoqué una noticia de interés nacional escrita por profesionales del periodismo.
En el corpus de mi declaración del 28 de marzo, no hice referencia alguna del Sistema Automatizado de Registro Normalización y Digitalización de Archivos, conocido como SIRANDA . Sin embargo, conozco su origen y sus deficiencias, lo que podría decir como simple ciudadana “desconocida”, que pagar millones de pesos por una aplicación informática de esa calidad, es asunto de moral pública y rendición de cuentas, que algún día tendrán que aclarar. Qué lamentable que avalen esto, los firmantes.
Al ser el AGN patrimonio de todos los mexicanos, todos podemos y debemos opinar sobre él, es nuestra tarea común, engrandecerlo y no hacerlo una institución obscura donde se gesten complicidades y se trastoque el derecho, pues bajo la lógica obtusa y antidemocrática del desplegado, para 6 millones de los braceros, los 44 mil trabajadores de LFC del SME, y para sus 22 mil jubildos, los campesinos, las etnias, las muertas de Juárez, los niños del ABC, y los mexicanos de a pie, como la de la voz, gobernados sometidos a la jurisdicción del Estado Mexicano, no podemos opinar, sólo los firmantes del desplegado. Qué bueno que muestren su verdadero rostro antidemocrático y sus verdaderos intereses ajenos a los intereses de México. La historia de nuestro país, no es sólo la historia que han escrito ciertos historiadores, nuestra historia aun reclama ser rescatada través de documentos que se encuentran en todo el territorio nacional y en el extranjero.
En relación con los despidos injustificados, no puedo retractarme de algo que no me corresponde, este vergonzante asunto está publicado y su Litis será desahogada en las instancias jurisdiccionales que le correspondan. Sin embargo, no dejó de indignarme por los abusos e incongruencias de un gobierno que se autodenomina del empleo y, su actuar, ha sido aniquilar al empleo y a sus trabajadores.
En relación con la adjudicación directa de los contratos que se refiere, esto es un asunto de interés nacional, difundido y conocido, pues se trata de la participación del hermano del Lic. Gómez, entonces Secretario de Gobernación, organismo del que depende el AGN, luego, sólo se remembró una información conocida.
Para concluir, felicito a los firmantes por su celo académico grupal, pero les hago saber que, la declaración que hice el día 28 de marzo, fue entorno al proyecto de Ley federal de Archivos que traería consecuencias irreversibles para la memoria documental de México y el ejercicio de los Derechos Humanos. Por esa razón, reitero, que es un proyecto para una ley inconstitucional y enferma. Sugiero a los firmantes poner atención a las comillas del texto de mi declaración porque, son parte del rigor metodológico en la disciplina del periodismo profesional, conocida por todos los que leemos. Lamento que un centenar de doctos, no le hayan dedicado ni una palaba al Proyecto de la Ley Federal de Archivos.
La ciudadana “desconocida”
María Teresa Dorantes.
Presidenta de Archiveros sin Fronteras Sección México.
Antonio M. Abogado.