Nuevos contratos de Pemex protegen a trasnacionales de ser demandadas
Israel Rodríguez
Periódico La Jornada
Martes 22 de marzo de 2011, p. 27
Los contratos integrales o incentivados, que permitirán la participación del sector privado en la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas, contienen en su clausulado protección a favor de las trasnacionales para evitar ser demandadas, además de que la concesión es a 25 años y puede ser renovada por otros 25 sin licitación, aseguró el Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE).
Esta organización no gubernamental advirtió que los contratos integrales o incentivados son la estocada final que se pretende aplicar para que Petróleos Mexicanos (Pemex) se convierta en sólo una administradora de contratos.
Explicó que las cláusulas definen también que incluso en caso de ineficiencia o negligencia del contratista se rembolsarán los costos incluidos en los gastos de operación (70 por ciento de los gastos los paga Pemex y el 30 por ciento restante la compañía privada).
El CNEE, integrado por ex legisladores, académicos y trabajadores del sector, advirtió que, sin embargo, "mientras la Constitución mexicana prevalezca sin modificación, todo lo que se haga para entregar los campos petroleros a compañías privadas será improcedente".
Mario Galicia Yépez –quien comparte la coordinación colegiada del CNEE con Francisco Carrillo Soberón y Alfredo Hernández Peñalosa– se refirió al aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aplicar este tipo de contratos, y aclaró que lo único aceptable constitucionalmente es la facultad del consejo para fijar las formas de contratación, pero en ningún caso lo será permitir que extranjeros desarrollen las funciones y actividades que a Pemex le corresponden en exclusiva, y menos que se entreguen campos petroleros o territorios para su exploración y explotación.
Recordó que desde comienzos de los años noventas los gobiernos en turno decidieron el desahucio de Pemex mediante la utilización de sus cuantiosos ingresos como fuente de recursos financieros para soportar los impactos de las recurrentes crisis capitalistas y para sostener el fracasado modelo neoliberal impuesto en México.
En consecuencia, desde esa década se cancelaron las inversiones para exploración y procesamiento de hidrocarburos, y sólo se destinó lo mínimo necesario para que Pemex siguiera produciendo petróleo y operando sus plantas procesadoras. Se reclasificó la petroquímica, creando la denominación de "secundaria", a fin de legalizar la participación privada en los complejos petroquímicos.
Lo mismo se ha hecho a lo largo de más de cuatro lustros con la refinación, la cual estancaron, impidiendo la construcción de refinerías indispensables para cubrir la demanda interna de gasolinas, diesel, combustóleo y una gran gama de petrolíferos. A eso se agregó la entrega a las empresas extranjeras de la explotación de gas en la cuenca de Burgos.
El CNEE alertó: “El colofón de la infame destrucción de fuerzas productivas nacionales en beneficio y privilegio de intereses extranjeros es la próxima entrega de campos maduros o marginales, término que, como la inventada ‘petroquímica secundaria’, se utiliza para menospreciar su importancia estratégica y minimizar el acto inconstitucional de comenzar a acostumbrarnos a la participación de particulares en las actividades de explotación y producción de hidrocarburos, señaladas como actividades exclusivas de la nación, para lo cual fue constituido Pemex”.
Agregó: "Quienes integramos el Comité Nacional de Estudios de la Energía convocamos a las fuerzas sindicales, sociales y políticas progresistas, en particular al Movimiento de Regeneración Nacional que conduce Andrés Manuel López Obrador, a unificarnos y organizarnos para desplegar una nueva fase del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y la Energía".
Es urgente, añadieron, sobre todo porque están por comenzar las licitaciones de los denominados contratos incentivados, que son la estocada a Pemex, primero en Tabasco, y de ahí hacia los demás campos petroleros, incluyendo los de aguas someras y profundas.
Fuente
Periódico La Jornada
Martes 22 de marzo de 2011, p. 27
Los contratos integrales o incentivados, que permitirán la participación del sector privado en la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas, contienen en su clausulado protección a favor de las trasnacionales para evitar ser demandadas, además de que la concesión es a 25 años y puede ser renovada por otros 25 sin licitación, aseguró el Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE).
Esta organización no gubernamental advirtió que los contratos integrales o incentivados son la estocada final que se pretende aplicar para que Petróleos Mexicanos (Pemex) se convierta en sólo una administradora de contratos.
Explicó que las cláusulas definen también que incluso en caso de ineficiencia o negligencia del contratista se rembolsarán los costos incluidos en los gastos de operación (70 por ciento de los gastos los paga Pemex y el 30 por ciento restante la compañía privada).
El CNEE, integrado por ex legisladores, académicos y trabajadores del sector, advirtió que, sin embargo, "mientras la Constitución mexicana prevalezca sin modificación, todo lo que se haga para entregar los campos petroleros a compañías privadas será improcedente".
Mario Galicia Yépez –quien comparte la coordinación colegiada del CNEE con Francisco Carrillo Soberón y Alfredo Hernández Peñalosa– se refirió al aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aplicar este tipo de contratos, y aclaró que lo único aceptable constitucionalmente es la facultad del consejo para fijar las formas de contratación, pero en ningún caso lo será permitir que extranjeros desarrollen las funciones y actividades que a Pemex le corresponden en exclusiva, y menos que se entreguen campos petroleros o territorios para su exploración y explotación.
Recordó que desde comienzos de los años noventas los gobiernos en turno decidieron el desahucio de Pemex mediante la utilización de sus cuantiosos ingresos como fuente de recursos financieros para soportar los impactos de las recurrentes crisis capitalistas y para sostener el fracasado modelo neoliberal impuesto en México.
En consecuencia, desde esa década se cancelaron las inversiones para exploración y procesamiento de hidrocarburos, y sólo se destinó lo mínimo necesario para que Pemex siguiera produciendo petróleo y operando sus plantas procesadoras. Se reclasificó la petroquímica, creando la denominación de "secundaria", a fin de legalizar la participación privada en los complejos petroquímicos.
Lo mismo se ha hecho a lo largo de más de cuatro lustros con la refinación, la cual estancaron, impidiendo la construcción de refinerías indispensables para cubrir la demanda interna de gasolinas, diesel, combustóleo y una gran gama de petrolíferos. A eso se agregó la entrega a las empresas extranjeras de la explotación de gas en la cuenca de Burgos.
El CNEE alertó: “El colofón de la infame destrucción de fuerzas productivas nacionales en beneficio y privilegio de intereses extranjeros es la próxima entrega de campos maduros o marginales, término que, como la inventada ‘petroquímica secundaria’, se utiliza para menospreciar su importancia estratégica y minimizar el acto inconstitucional de comenzar a acostumbrarnos a la participación de particulares en las actividades de explotación y producción de hidrocarburos, señaladas como actividades exclusivas de la nación, para lo cual fue constituido Pemex”.
Agregó: "Quienes integramos el Comité Nacional de Estudios de la Energía convocamos a las fuerzas sindicales, sociales y políticas progresistas, en particular al Movimiento de Regeneración Nacional que conduce Andrés Manuel López Obrador, a unificarnos y organizarnos para desplegar una nueva fase del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y la Energía".
Es urgente, añadieron, sobre todo porque están por comenzar las licitaciones de los denominados contratos incentivados, que son la estocada a Pemex, primero en Tabasco, y de ahí hacia los demás campos petroleros, incluyendo los de aguas someras y profundas.
Fuente
Comentarios