México: Ineficaces políticas públicas en salud reproductiva
martes 31 de mayo de 2011
Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)
En los gobiernos federales del PAN se han generado políticas públicas para atender la salud de las mexicanas que son ineficaces porque carecen presupuesto y no rinden cuentas, además de que por la ideología “conservadora” de Acción Nacional “se anteponen las creencias religiosas a los Derechos Humanos (DDHH) de las mujeres”, denuncian especialistas.
En el marco del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres -que se conmemora desde 1987 para exigir a los gobiernos políticas públicas garantes de la salud de la población femenina-, Raffaela Schiavon, directora de Ipas México, sostiene que en el país persisten “grandes retos” en la materia, como destinar recursos a cada iniciativa y vigilar su adecuada aplicación.
Daniela Díaz, responsable del proyecto de mortalidad materna y presupuesto público de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, advierte que el desinterés de la gestión panista en salud sexual y reproductiva se refleja en la reducción de 43.1 por ciento en el presupuesto para Planificación Familiar (PF) de la Secretaría de Salud (Ss), entre 2003 y 2008.
En el mismo periodo el IMSS redujo 23.1 por ciento los recursos otorgados a PF, abundó.
En 2008, el presupuesto que destinaron la Ss y los servicios estatales para salud reproductiva (salud materna-perinatal, cáncer de mama, cervicouterino y planificación familiar) fue de 6 millones 154 mil 359 pesos, mientras que en ese año el IMSS asignó 15 millones 663 mil 151.
El recorte de recursos en PF se traduce en la falta de acceso a métodos anticonceptivos, problemática que afecta sobre todo a las mujeres menores de 20 años de edad, señala Javier Domínguez, oficial en México del Programa de Salud Reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, 9 de cada 10 adolescentes no utiliza anticonceptivos al inicio de su vida sexual, “no porque busquen un embarazo sino porque no tienen acceso a esos métodos”.
La demanda insatisfecha de anticonceptivos (DIA) afecta tres veces más a las adolescentes, ya que el promedio nacional de mujeres que no desean embarazarse y no usan anticonceptivos es de 12 por ciento, mientras que para las mexicanas de 15 a 19 años la tasa es de 36 por ciento. Los datos indican que el acceso a la anticoncepción es una “asignatura pendiente”, apunta Domínguez.
Según la Enadid 2009, de cada mil nacidos vivos 70 fueron paridos por mujeres menores de 20 años de edad. Se calcula que el 50 por ciento de esos embarazos no fueron planeados.
La morbimortalidad materna es otro indicador preocupante, ya que según Ipas México, en 2009 88.4 por ciento de las hospitalizaciones de adolescentes fueron por padecimientos ligados al embarazo, parto, posparto y aborto. Se registraron cerca de 163 mil atenciones por parto y 28 mil 212 por aborto, agrega.
De las 24 mil 872 muertes maternas (MM) reportadas en los últimos 20 años, 3 mil 300 correspondieron a adolescentes. Raffaela Schiavon alerta: “Los números nos gritan que hay una deuda con las mujeres sobre todo con las más jóvenes y pobres”.
Lina Rosa Berrios, directora de Kinal Antzetik, refirió que las indígenas son quienes enfrentan mayor rezago en salud sexual y reproductiva. Muestra de ello es que en 2009 Guerrero, Oaxaca y Chiapas rebasaron el promedio nacional de MM, que era de 62.2 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, según el Observatorio de MM, conformado por grupos civiles.
Para 2010, la tasa nacional de MM disminuyó a 49.5 casos por cada 100 mil nacimientos, reporta la Ss.
Berrios observa que la MM no se reduce porque las políticas no se concretan: “En los hechos no hay embarazo saludable, ni atención a emergencias obstétricas. Tampoco se llevan a cabo la profesionalización de parteras y la contratación de enfermeras obstetras, quedaron en el papel”.
Eugenia López, directora de Red Balance, explica que el desabasto de anticonceptivos, como condones masculino y femenino, ha aumentado los casos de VIH entre las mexicanas. Dice que mientras que en los años 80 por cada 16 hombres con el virus había una mujer con el padecimiento, ahora por cada cuatro hombres con la enfermedad hay una mujer en esa condición.
ONUSIDA estima que en México hay 200 mil personas seropositivas, de las cuales 57 mil son mujeres. López resalta que las políticas públicas para prevenir, atender y dar tratamiento a la población con VIH carecen de enfoque de género.
Observa que las acciones contra la pandemia sólo tienen en cuenta a las embarazadas para evitar que transmitan el virus al producto, aunque sólo 7 por ciento de ellas tuvo acceso a tratamiento antirretroviral en 2010, subraya.
Ante este panorama, las organizaciones civiles exigen al gobierno que atienda de fondo los problemas en salud de las mexicanas y garantice sus DH; entre ellos el derecho a decidir de forma libre e informada el número de hijas e hijos que quieren tener.
Fuente
Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)
En los gobiernos federales del PAN se han generado políticas públicas para atender la salud de las mexicanas que son ineficaces porque carecen presupuesto y no rinden cuentas, además de que por la ideología “conservadora” de Acción Nacional “se anteponen las creencias religiosas a los Derechos Humanos (DDHH) de las mujeres”, denuncian especialistas.
En el marco del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres -que se conmemora desde 1987 para exigir a los gobiernos políticas públicas garantes de la salud de la población femenina-, Raffaela Schiavon, directora de Ipas México, sostiene que en el país persisten “grandes retos” en la materia, como destinar recursos a cada iniciativa y vigilar su adecuada aplicación.
Daniela Díaz, responsable del proyecto de mortalidad materna y presupuesto público de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, advierte que el desinterés de la gestión panista en salud sexual y reproductiva se refleja en la reducción de 43.1 por ciento en el presupuesto para Planificación Familiar (PF) de la Secretaría de Salud (Ss), entre 2003 y 2008.
En el mismo periodo el IMSS redujo 23.1 por ciento los recursos otorgados a PF, abundó.
En 2008, el presupuesto que destinaron la Ss y los servicios estatales para salud reproductiva (salud materna-perinatal, cáncer de mama, cervicouterino y planificación familiar) fue de 6 millones 154 mil 359 pesos, mientras que en ese año el IMSS asignó 15 millones 663 mil 151.
El recorte de recursos en PF se traduce en la falta de acceso a métodos anticonceptivos, problemática que afecta sobre todo a las mujeres menores de 20 años de edad, señala Javier Domínguez, oficial en México del Programa de Salud Reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2009, 9 de cada 10 adolescentes no utiliza anticonceptivos al inicio de su vida sexual, “no porque busquen un embarazo sino porque no tienen acceso a esos métodos”.
La demanda insatisfecha de anticonceptivos (DIA) afecta tres veces más a las adolescentes, ya que el promedio nacional de mujeres que no desean embarazarse y no usan anticonceptivos es de 12 por ciento, mientras que para las mexicanas de 15 a 19 años la tasa es de 36 por ciento. Los datos indican que el acceso a la anticoncepción es una “asignatura pendiente”, apunta Domínguez.
Según la Enadid 2009, de cada mil nacidos vivos 70 fueron paridos por mujeres menores de 20 años de edad. Se calcula que el 50 por ciento de esos embarazos no fueron planeados.
La morbimortalidad materna es otro indicador preocupante, ya que según Ipas México, en 2009 88.4 por ciento de las hospitalizaciones de adolescentes fueron por padecimientos ligados al embarazo, parto, posparto y aborto. Se registraron cerca de 163 mil atenciones por parto y 28 mil 212 por aborto, agrega.
De las 24 mil 872 muertes maternas (MM) reportadas en los últimos 20 años, 3 mil 300 correspondieron a adolescentes. Raffaela Schiavon alerta: “Los números nos gritan que hay una deuda con las mujeres sobre todo con las más jóvenes y pobres”.
Lina Rosa Berrios, directora de Kinal Antzetik, refirió que las indígenas son quienes enfrentan mayor rezago en salud sexual y reproductiva. Muestra de ello es que en 2009 Guerrero, Oaxaca y Chiapas rebasaron el promedio nacional de MM, que era de 62.2 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, según el Observatorio de MM, conformado por grupos civiles.
Para 2010, la tasa nacional de MM disminuyó a 49.5 casos por cada 100 mil nacimientos, reporta la Ss.
Berrios observa que la MM no se reduce porque las políticas no se concretan: “En los hechos no hay embarazo saludable, ni atención a emergencias obstétricas. Tampoco se llevan a cabo la profesionalización de parteras y la contratación de enfermeras obstetras, quedaron en el papel”.
Eugenia López, directora de Red Balance, explica que el desabasto de anticonceptivos, como condones masculino y femenino, ha aumentado los casos de VIH entre las mexicanas. Dice que mientras que en los años 80 por cada 16 hombres con el virus había una mujer con el padecimiento, ahora por cada cuatro hombres con la enfermedad hay una mujer en esa condición.
ONUSIDA estima que en México hay 200 mil personas seropositivas, de las cuales 57 mil son mujeres. López resalta que las políticas públicas para prevenir, atender y dar tratamiento a la población con VIH carecen de enfoque de género.
Observa que las acciones contra la pandemia sólo tienen en cuenta a las embarazadas para evitar que transmitan el virus al producto, aunque sólo 7 por ciento de ellas tuvo acceso a tratamiento antirretroviral en 2010, subraya.
Ante este panorama, las organizaciones civiles exigen al gobierno que atienda de fondo los problemas en salud de las mexicanas y garantice sus DH; entre ellos el derecho a decidir de forma libre e informada el número de hijas e hijos que quieren tener.
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