Argentina: Sobre los cortes y los límites de la política energética oficial

martes 5 de julio de 2011

IPYPP

Una vez más, en lo que ya se constituye como todo un clásico de la gestión Kirchnerista desde sus inicios, las condiciones climáticas vuelven a mostrar con flagrante claridad la extrema vulnerabilidad y dependencia que caracteriza a la matriz energética de nuestro país.

Tanto en verano, como en invierno, cuando más se precisa el funcionamiento pleno del suministro de electricidad y/o gas, nos encontramos con reiterados faltantes que se traducen en cortes del suministro, las más de las veces imprevistos y sin que necesariamente queden excluidos los hogares (aunque a grandes rasgos los cortes han afectado principalmente el suministro a las firmas y el abastecimiento al parque automotor). En paralelo con lo anterior, y de forma oculta para la mayoría de los argentinos, el déficit energético también se traduce en un crecimiento exponencial de los subsidios, con recursos públicos, que el Estado dirige al sector.

En efecto, como muestra el cuadro Nro 1, los subsidios que al 2005 se destinaban al sector energético fueron de $1.896,4 millones; mientras que al 2010 dichos subsidios fueron de nada menos que $26.022,2 millones. Se trata de un crecimiento en 5 años de nada menos que del 1.272%; lo que supone una tasa anual acumulativa del orden del 166%. Ahora bien, la importancia del déficit energético no se restringe a los subsidios al sector, sino también al importante papel que cumple el costo del combustible en los subsidios que se destinan al sector de transporte. Así, agrupando estos 2 sectores (energía y transporte) los subsidios que se destinaban en el 2005 ascendían a $2.813 millones, mientras que para el 2010 dichos subsidios alcanzaron nada menos que $39.328, 3 millones. Se trata en este caso de un crecimiento del orden del 1.298%, lo que supone una tasa anual acumulativa del orden del 167%. Obsérvese que la importancia de estos dos sectores como verdaderos agujeros negros por donde se pierden importantes recursos fiscales radica en que los mismos representan el 82% del total de los subsidios al tiempo que suponen una erogación que multiplica por 4 los recursos que el Estado Nacional asigna por ejemplo a la Asignación Universal por Hijo.


Detrás de aquellos que justifican y avalan el crecimiento de los subsidios al sector energético, con la excusa de que con ellos se evita un aumento de las tarifas que impactaría negativamente en forma más acentuada sobre la población de menores ingresos, se ocultan agazapados las principales firmas del oligopolizado sector petrolero. Una sola firma (Repsol YPF) concentra el 35% de la extracción del petróleo y el 25% de la extracción de gas; al tiempo que concentra el 56% de la refinación de petróleo y sus derivados. Se trata de la principal empresa del país que presenta una posición dominante en un mercado de pocos actores, donde conjuntamente con 2 o 3 empresas más (Shell, Esso, Pan American Energy y Petrobrás) completan la configuración de un verdadero oligopolio petrolero dominado exclusivamente por firmas trasnacionales que detentan el control sobre prácticamente el 90% de la producción (el hidrocarburífero) que abastece en un 90% las necesidades energéticas del país (en efecto, el petróleo crudo aporta el 39% de la producción de energía y el gas natural el 51% de la misma).

A modo de ejemplo paradigmático presentamos en el cuadro Nro 2 la evolución desde el 2003 en adelante de las ventas, la ganancia bruta y la ganancia del período de Repsol YPF. Obsérvese que en todo el período, hasta el primer trimestre del 2011, Repsol ha expandido sus ventas en forma ininterrumpida, lo mismo que la ganancia bruta (es decir la que surge de la comparación con sus costos de producción); mientras que la ganancia ordinaria (descontados los gastos de administración, comercialización, resultados financieros y pagos de impuestos) ha tenido oscilaciones pero siempre ha mantenido un elevado signo positivo. Más aún, en el 2010 Repsol registra una masa de ganancias que es la más alta de la serie ($5.790 millones).



La elevada concentración empresaria del sector produce efectos precisos sobre la coyuntura energética doméstica. Ella es la que permite construir un dispositivo capaz de independizar el precio final de la energía de sus costos de producción generando una renta extraordinaria (por encima de una ganancia “normal”) que es apropiada por las firmas. La apropiación de la ganancia extraordinaria por parte de las firmas se observa con claridad cuando se compara el costo de producción del barril (por debajo de los U$S 12 dólares) y el precio final del mismo (alrededor de U$S 52 dólares).

Es cierto que estando el precio internacional por encima de los actuales U$S 52 (habiendo llegado a U$S 140 dólares durante el 2008) una parte de la renta petrolera fue apropiada por el Estado a través del régimen de retenciones dispuesto. Tan cierto, como que el comportamiento empresario fue, habida cuenta el menor porcentaje de retención sobre los productos derivados, sustituir las exportaciones de crudo por sus derivados, logrando por esta vía capturar parte de la renta extraordinaria derivada de los elevados precios internacionales. En el gráfico Nro 1 se observa como las exportaciones tienden a estancarse durante el período de la post-convertibilidad (con una gran caída durante el 2007) al tiempo que las exportaciones de los derivados (carburantes, grasas y lubricantes) crece sistemáticamente hasta el 2008, cayendo en el 2009 y volviendo a crecer en el 2010. Ver Gráfico Nro 1.


Sin embargo, el dato llamativo de lo expuesto, no es tanto la sustitución de las exportaciones de petróleo crudo por sus derivados que suponen una mayor agregación de valor del sector con el objeto obvio de capturar las ganancias extraordinarias que ha producido la particular coyuntura mundial. El dato sustantivo a considerar es que la Argentina no es un país petrolero, con excedentes exportables abultados, sino que es un país que tiene petróleo que debe en primer lugar garantizar el autoabastecimiento de su población. Autoabastecimiento que como señaláramos, una y otra vez se interrumpe cada vez que las condiciones climáticas ponen a prueba la capacidad del sistema de satisfacer la demanda de energía. Por ende, las exportaciones de petróleo y sus derivados no es otra cosa que la manifestación de la irracionalidad en la explotación de nuestros recursos petroleros. Irracionalidad desde el punto de vista del autoabastecimiento pero que se explica por el comportamiento depredador de las firmas del sector.

En el cuadro Nro 3 detallamos la irracionalidad de la exportación de petróleo y sus derivados desde 1998 en adelante y lo comparamos con las importaciones de combustibles y el saldo comercial. Una rápida mirada permite observar que las exportaciones de combustible y energía pasaron de U$S 2.444 millones en 1998 a U$S 5.417 millones en el 2003, alcanzando un pico de U$S 7.813 millones en el 2006 y a partir de ahí estancándose en alrededor de U$S 7.000 millones. Dentro de las exportaciones de combustibles se observa el aumento sustantivo de los derivados (carburantes, grasas y lubricantes) que de significar U$S 753 millones en 1998 pasaron a nada menos U$S 4.500 millones en el 2008. Por su parte las importaciones que eran de U$S 853 millones en 1998 y que descienden a U$S 482 millones en el 2002; experimentan un veloz crecimiento que alcanza los U$S 4.300 millones en el 2008; cayendo en el 2009 pero recuperando la caída y constituyendo un nuevo record de importaciones en el 2010 (de U$S 4.474 millones). En este marco el saldo comercial comienza a achicarse a partir del 2007 y evidencia por primera vez en los primeros 5 meses del 2011 un déficit en el sector



Ahora bien, la captura de la renta extraordinaria derivada de los recursos hidrocarburíferos en el marco de un mercado concentrado y extranjerizado es el principal resultado de las políticas de privatización y desregulación que sobre el sector se abatiera en la nefasta década del 90, que no solo no se ha alterado sino que se ha mantenido y profundizado en la actual gestión gubernamental. Ha sido la práctica recurrente de este mecanismo de apropiación privada, concentrada y extranjerizada, la que explica que en dos décadas el horizonte de reservas pasara en 1989 de 13 años para la extracción de petróleo y de 34 años para el gas a apenas 11 y 7,8 años respectivamente en la actualidad (datos del 2009). Además la ausencia de una regulación pública eficaz permite el disparate de que Repsol haya abandonado la producción en Loma de la Lata produciendo un faltante de 4 millones metros cúbicos de gas (que supera los ahorros que se están haciendo con los cortes actuales a las empresas) y que para colmo estemos importando gas (pagado a precio internacional) de barcos de la propia Repsol. Todo esto ocurre no solo sin la más mínima penalización por parte del Estado Nacional sino inclusive con el premio de la provincia de Neuquén que recientemente prorrogó el resto de las concesiones que Repsol tiene en dicha provincia.

Así, a contramano de lo que había sido el desarrollo energético (e inclusive productivo del país), donde la renta petrolera apropiada por el Estado se transformaba en inversión en infraestructura energética y en menores costos de producción local para el conjunto de la economía, hoy la renta petrolera engrosa las utilidades de las principales firmas, sin correlato en la inversión, y con mayores costos locales de producción.


Frente a este panorama, es impostergable una urgente revisión del esquema energético vigente. Las principales líneas políticas que urgen instrumentar son:

a) Auditoría de costos de producción para garantizar una ganancia normal para las firmas y capturar estatalmente la renta extraordinaria. Esta sola medida podría bajar drásticamente los subsidios energéticos y destinar estos recursos a fines más urgentes.

b) Penalización de la distribución de utilidades de las firmas del sector por vía de subir la alícuota en ganancias y premiar por esta vía la reinversión de utilidades. Esta medida permitiría incrementar el componente de inversión de las principales firmas y aportar a la resolución de los déficits en materia de transporte, almacenamiento y distribución del sistema.

c) Transformar ENARSA en una empresa petrolera estatal a la que se destine el conjunto de áreas concesionadas de manera ilegítima y que evidencia incumplimiento de inversión por parte de las firmas. De este modo, ENARSA se transformaría en una empresa testigo del sector que pueda fijar precios, condiciones que desanden la lógica depredatoria de las firmas privadas.

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