Jethro Ramsés y las mentiras de Calderón
nacional. / jueves, 07 de julio de 2011
Frente a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Navy Pillay, Felipe Calderón firmó un acuerdo para la protección de los derechos humanos en México, tan sólo unas horas después de que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia reportara que la tendencia de incremento de quejas por violaciones a las garantías individuales en lo que va del año se calcula en 45 por ciento, pero si se suman las de 2010 llega a 70 por ciento. El documento signado por Calderón este miércoles será letra muerta mientras no exista un cambio profundo y radical en su política interior en la que se ha privilegiado a lo largo del sexenio una guerra irregular e inconstitucional contra algunos de los carteles de las drogas que ya han regado por todo el territorio nacional a más de 41 mil cadáveres y se encuentran desparecidos más de 10 mil connacionales, sin que las autoridades federales que encabeza el michoacano no tengan ni la menor idea siquiera a quienes pertenecen los cuerpos apilados a lo largo de su gestión y no den noticias sobre las investigaciones que deberían estar realizando para localizar a todos los desaparecidos.
Calderón mintió una vez más al señalar que en México se persigue al crimen, pero sin suspensión o cancelación de derechos humanos; al asegurar que cualquier violación cometida por alguna autoridad debe ser perseguida y castigada; y al reportar que ya ha habido casos de juicio y cárcel a muchos agentes de la fuerza pública. Los hechos lo desmienten. No sólo los casos documentados de la CNDH que hablan de que la violación a los derechos humanos en el país se ha convertido cada vez más en una costumbre de unas autoridades federales que lo menos que hacen es respetar el Estado de derecho, sino también los reportes de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos en el país, y en el extranjero, como Amnistía Internacional (AI), que destacan que son precisamente las autoridades encargadas de la seguridad pública, como la Policía Federal y el Ejército, así como el Instituto Nacional de Migración, las principales responsables de violación a los derechos humanos, las cuales permanecen en total impunidad.
Para muestra basta un botón: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la muerte del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana, quien se encontraba desaparecido desde el 1 de mayo, luego de que policías federales lo entregaran a policías militares en Morelos. Al joven de 26 años y a uno de sus acompañantes los detuvieron policías municipales en la feria de Cuernavaca, tras una riña con meseros en un negocio de tacos. Los empleados acusaron a Jethro y su compañero de ostentarse como integrantes del Cártel del Pacífico Sur, liderados por Julio de Jesús Radilla Hernández. Por ese motivo los policías federales los entregaron los soldados de la 24 Zona Militar. Por esos hechos, la Sedena reveló que dos oficiales subalternos fueron consignados el 4 de julio pasado ante el Quinto Juez de lo militar “por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de violencia contra las personas, causando homicidio calificado en contra del mencionado civil y el de tortura en contra de Horacio Hernández Demesa”.
El problema de la violación sistemática de los derechos humanos es de tal gravedad en el país que la Organización de las Naciones Unidas lanzó una campaña para convocar a los ciudadanos a proteger a los defensores de los derechos humanos que son víctimas de amenazas y hostigamiento. En el Teatro de la Ciudad de la capital de la República, se lanzó la campaña “Yo me declaró”, que busca visibilizar la labor de los defensores en México, ante la presencia de Navy Pillay, y celebridades como Saúl Hernández y Cecilia Suárez, así como la periodista Lydia Cacho.
Fuente
Frente a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Navy Pillay, Felipe Calderón firmó un acuerdo para la protección de los derechos humanos en México, tan sólo unas horas después de que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia reportara que la tendencia de incremento de quejas por violaciones a las garantías individuales en lo que va del año se calcula en 45 por ciento, pero si se suman las de 2010 llega a 70 por ciento. El documento signado por Calderón este miércoles será letra muerta mientras no exista un cambio profundo y radical en su política interior en la que se ha privilegiado a lo largo del sexenio una guerra irregular e inconstitucional contra algunos de los carteles de las drogas que ya han regado por todo el territorio nacional a más de 41 mil cadáveres y se encuentran desparecidos más de 10 mil connacionales, sin que las autoridades federales que encabeza el michoacano no tengan ni la menor idea siquiera a quienes pertenecen los cuerpos apilados a lo largo de su gestión y no den noticias sobre las investigaciones que deberían estar realizando para localizar a todos los desaparecidos.
Calderón mintió una vez más al señalar que en México se persigue al crimen, pero sin suspensión o cancelación de derechos humanos; al asegurar que cualquier violación cometida por alguna autoridad debe ser perseguida y castigada; y al reportar que ya ha habido casos de juicio y cárcel a muchos agentes de la fuerza pública. Los hechos lo desmienten. No sólo los casos documentados de la CNDH que hablan de que la violación a los derechos humanos en el país se ha convertido cada vez más en una costumbre de unas autoridades federales que lo menos que hacen es respetar el Estado de derecho, sino también los reportes de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos en el país, y en el extranjero, como Amnistía Internacional (AI), que destacan que son precisamente las autoridades encargadas de la seguridad pública, como la Policía Federal y el Ejército, así como el Instituto Nacional de Migración, las principales responsables de violación a los derechos humanos, las cuales permanecen en total impunidad.
Para muestra basta un botón: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la muerte del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana, quien se encontraba desaparecido desde el 1 de mayo, luego de que policías federales lo entregaran a policías militares en Morelos. Al joven de 26 años y a uno de sus acompañantes los detuvieron policías municipales en la feria de Cuernavaca, tras una riña con meseros en un negocio de tacos. Los empleados acusaron a Jethro y su compañero de ostentarse como integrantes del Cártel del Pacífico Sur, liderados por Julio de Jesús Radilla Hernández. Por ese motivo los policías federales los entregaron los soldados de la 24 Zona Militar. Por esos hechos, la Sedena reveló que dos oficiales subalternos fueron consignados el 4 de julio pasado ante el Quinto Juez de lo militar “por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de violencia contra las personas, causando homicidio calificado en contra del mencionado civil y el de tortura en contra de Horacio Hernández Demesa”.
El problema de la violación sistemática de los derechos humanos es de tal gravedad en el país que la Organización de las Naciones Unidas lanzó una campaña para convocar a los ciudadanos a proteger a los defensores de los derechos humanos que son víctimas de amenazas y hostigamiento. En el Teatro de la Ciudad de la capital de la República, se lanzó la campaña “Yo me declaró”, que busca visibilizar la labor de los defensores en México, ante la presencia de Navy Pillay, y celebridades como Saúl Hernández y Cecilia Suárez, así como la periodista Lydia Cacho.
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