Evo Morales enfrenta ola de protestas por represión a indígenas
Reuters, Afp, Pl y Dpa
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de septiembre de 2011, p. 20
La Paz, 27 de septiembre. El gobierno del presidente Evo Morales enfrentaba este martes nuevas movilizaciones, huelgas de hambre y la convocatoria a un paro nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) para este miércoles, en repudio a la represión policial contra una manifestación de indígenas amazónicos que llevó a la renuncia del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti; del viceministro del Interior, Marcos Farfán, y de la directora de Migración, María René Quiroga.
El gobierno convocó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a integrar una comisión internacional que evalúe detalles y determine responsables por la represión de los indígenas, que también estará conformada por un representante oficial y la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
La policía dispersó el domingo a unos dos mil indígenas amazónicos que el 15 de agosto emprendieron desde el noreste del país una marcha hacia La Paz en rechazo a la construcción de una carretera que atravesaría una reserva ecológica donde habitan los indígenas, y que uniría a los departamento de Beni y Cochabamba.
La Cidob sumó nuevas demandas
La Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonia Boliviana (Cidob) inlcuyó además entre sus demandas la paralización de las obras viales en todo el país y de los proyectos de exploración, explotación y comercialización de los hidrocarburos.
El gobierno, que ha denunciado en varias ocasiones que detrás del rechazo a la construcción de esta carretera están la embajada de Estados Unidos, así como empresarios madereros, replicó que satisfacer las nuevas demandas implicaría el despido de trabajadores, lo que incrementaría el desempleo y el retraso en el desarrollo.
El Ejecutivo tampoco estuvo de acuerdo con la exigencia de los marchistas para que el llamado Fondo Verde y la Red (organización internacional que contribuye a la conservación y manejo de recursos naturales y del ambiente) ingresen al país con el pago de compensaciones de las naciones en desarrollo para “continuar con su irracional industrialización contaminadora del ambiente”.
La intervención violenta de la policía, el domingo, contra los indígenas que estaban detenidos desde el sábado anterior en la finca privada San Lorenzo a las afueras de la localidad de Yucomo, a unos 350 kilómetros de la Paz, desató la ira de sindicatos, estudiantes y organizaciones cívicas regionales.
Además, los indígenas, que se encuentran varados en los municipios Rurrenabaque y San Borja, al norte de Yucomo, comenzaron a organizarse para reiniciar su marcha hacia La Paz, a pesar del anuncio del mandatario de suspender temporalmente el proyecto a través del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), para dar paso a un referendo en Beni y Cochabamba.
“Ya no podemos tolerar más abusos, lo que ha hecho el gobierno con los indígenas es antidemocrático, el presidente tiene que asumir su responsabilidad y echar a los ministros responsables”, dijo Bruno Apaza, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), agrupación sindical que llamó a un paro nacional para este miércoles, y exigió al gobernante que destituya a los ministros implicados en el operativo del domingo.
Estudiantes de la universidad estatal San Andrés, la mayor del país, conmocionaron el centro de La Paz con una manifestación de apoyo a los indígenas, mientras se realizaba un paro cívico indefinido en el departamento de Beni, de donde procede la mayoría de los indígenas que protestan contra la vía. A esto se sumaron una huelga de hambre de 20 personas en Santa Cruz y marchas en La Paz, Chuquisaca y Cochabamba, según reportes escritos de las agencias de prensa.
Al cierre de esta edición, Ap y Reuters no habían enviado fotos de las protestas.
“El hecho de que el presidente solucione el primer punto (la suspensión de la vía) no quiere decir que se ha salido del problema, nosotros vamos a continuar”, afirmó el diputado indígena Pedro Nuni, uno de lo líderes de la marcha.
Para Nuni la decisión del gobernante “no es una garantía” porque los indígenas no quieren la suspensión de la obra vial, sino su cancelación definitiva. No obstante, dijo que aún no hay fecha para reiniciar la caminata, porque primero deben encontrar a los indígenas desaparecidos tras la represión que, según su colega Blanca Cartagena, “suman unos 20 entre adultos y niños”.
La situación sobre los desaparecidos es incierta, tanto en San Borja como en Rurrenabaque, pues los nativos aseguran que hay al menos dos niños y cuatro adultos muertos, pero el gobierno niega que haya habido víctimas mortales, reportó Afp.
La acción policial provocó ayer la renuncia de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, quien criticó el despliegue de los uniformados. A ella le siguieron este martes el ministro de Gobierno Sacha Llorenti, por acusaciones que lo responsabilizan de los excesos policiales. “Mi renuncia responde al propósito de impedir que la derecha y la oposición dañen el proceso de transformaciones estructurales y al presidente Evo Morales”, señaló.
El viceministro del Interior Marcos Farfán también presentó su dimisión para someterse a una investigación, así como la directora de Migración, María René Quiroga, quien protestó por la violencia empleada.
Por la noche el presidente tomó juramento a los nuevos ministros de Gobierno y Defensa, Wilfredo Chávez y Rubén Saavedra, respectivamente, durante una ceremonia en el palacio de gobierno, informó la agencia Abi.
Horas antes, Llorenti había informado en rueda de prensa conjunta con el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, que Farfán admitió haber dado a la policía la orden de actuar contra los marchistas y renunció para someterse a una investigación.
Pero el funcionario afectado negó en su carta de renuncia que haya dado orden para el operativo militar en Yucomo. “Expreso mi desacuerdo pleno con la forma en que se procedió a la intervención de la marcha indígena, que ha respondido a una decisión operativa y no así proveniente del Ejecutivo ni de mi persona”, sostuvo.
Llorenti, ex líder de la Asamblea de Derechos Humanos, anunció que el gobierno ya invitó a la ONU para que se integre a partir del miércoles a una comisión que investigue la represión.
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Miércoles 28 de septiembre de 2011, p. 20
El gobierno convocó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a integrar una comisión internacional que evalúe detalles y determine responsables por la represión de los indígenas, que también estará conformada por un representante oficial y la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
La policía dispersó el domingo a unos dos mil indígenas amazónicos que el 15 de agosto emprendieron desde el noreste del país una marcha hacia La Paz en rechazo a la construcción de una carretera que atravesaría una reserva ecológica donde habitan los indígenas, y que uniría a los departamento de Beni y Cochabamba.
La Cidob sumó nuevas demandas
La Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonia Boliviana (Cidob) inlcuyó además entre sus demandas la paralización de las obras viales en todo el país y de los proyectos de exploración, explotación y comercialización de los hidrocarburos.
El gobierno, que ha denunciado en varias ocasiones que detrás del rechazo a la construcción de esta carretera están la embajada de Estados Unidos, así como empresarios madereros, replicó que satisfacer las nuevas demandas implicaría el despido de trabajadores, lo que incrementaría el desempleo y el retraso en el desarrollo.
El Ejecutivo tampoco estuvo de acuerdo con la exigencia de los marchistas para que el llamado Fondo Verde y la Red (organización internacional que contribuye a la conservación y manejo de recursos naturales y del ambiente) ingresen al país con el pago de compensaciones de las naciones en desarrollo para “continuar con su irracional industrialización contaminadora del ambiente”.
La intervención violenta de la policía, el domingo, contra los indígenas que estaban detenidos desde el sábado anterior en la finca privada San Lorenzo a las afueras de la localidad de Yucomo, a unos 350 kilómetros de la Paz, desató la ira de sindicatos, estudiantes y organizaciones cívicas regionales.
Además, los indígenas, que se encuentran varados en los municipios Rurrenabaque y San Borja, al norte de Yucomo, comenzaron a organizarse para reiniciar su marcha hacia La Paz, a pesar del anuncio del mandatario de suspender temporalmente el proyecto a través del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), para dar paso a un referendo en Beni y Cochabamba.
“Ya no podemos tolerar más abusos, lo que ha hecho el gobierno con los indígenas es antidemocrático, el presidente tiene que asumir su responsabilidad y echar a los ministros responsables”, dijo Bruno Apaza, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), agrupación sindical que llamó a un paro nacional para este miércoles, y exigió al gobernante que destituya a los ministros implicados en el operativo del domingo.
Estudiantes de la universidad estatal San Andrés, la mayor del país, conmocionaron el centro de La Paz con una manifestación de apoyo a los indígenas, mientras se realizaba un paro cívico indefinido en el departamento de Beni, de donde procede la mayoría de los indígenas que protestan contra la vía. A esto se sumaron una huelga de hambre de 20 personas en Santa Cruz y marchas en La Paz, Chuquisaca y Cochabamba, según reportes escritos de las agencias de prensa.
Al cierre de esta edición, Ap y Reuters no habían enviado fotos de las protestas.
“El hecho de que el presidente solucione el primer punto (la suspensión de la vía) no quiere decir que se ha salido del problema, nosotros vamos a continuar”, afirmó el diputado indígena Pedro Nuni, uno de lo líderes de la marcha.
Para Nuni la decisión del gobernante “no es una garantía” porque los indígenas no quieren la suspensión de la obra vial, sino su cancelación definitiva. No obstante, dijo que aún no hay fecha para reiniciar la caminata, porque primero deben encontrar a los indígenas desaparecidos tras la represión que, según su colega Blanca Cartagena, “suman unos 20 entre adultos y niños”.
La situación sobre los desaparecidos es incierta, tanto en San Borja como en Rurrenabaque, pues los nativos aseguran que hay al menos dos niños y cuatro adultos muertos, pero el gobierno niega que haya habido víctimas mortales, reportó Afp.
La acción policial provocó ayer la renuncia de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, quien criticó el despliegue de los uniformados. A ella le siguieron este martes el ministro de Gobierno Sacha Llorenti, por acusaciones que lo responsabilizan de los excesos policiales. “Mi renuncia responde al propósito de impedir que la derecha y la oposición dañen el proceso de transformaciones estructurales y al presidente Evo Morales”, señaló.
El viceministro del Interior Marcos Farfán también presentó su dimisión para someterse a una investigación, así como la directora de Migración, María René Quiroga, quien protestó por la violencia empleada.
Por la noche el presidente tomó juramento a los nuevos ministros de Gobierno y Defensa, Wilfredo Chávez y Rubén Saavedra, respectivamente, durante una ceremonia en el palacio de gobierno, informó la agencia Abi.
Horas antes, Llorenti había informado en rueda de prensa conjunta con el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, que Farfán admitió haber dado a la policía la orden de actuar contra los marchistas y renunció para someterse a una investigación.
Pero el funcionario afectado negó en su carta de renuncia que haya dado orden para el operativo militar en Yucomo. “Expreso mi desacuerdo pleno con la forma en que se procedió a la intervención de la marcha indígena, que ha respondido a una decisión operativa y no así proveniente del Ejecutivo ni de mi persona”, sostuvo.
Llorenti, ex líder de la Asamblea de Derechos Humanos, anunció que el gobierno ya invitó a la ONU para que se integre a partir del miércoles a una comisión que investigue la represión.
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