La derecha española, en contra de la presencia de Pemex en Repsol
Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de septiembre de 2011, p. 24
Madrid, 27 de septiembre. La máxima autoridad de la derecha española en asuntos económicos y empresariales, Cristóbal Montoro, fijó con nitidez la postura de su formación política, el Partido Popular (PP), en la operación orquestada por Pemex y la constructura Sacyr para controlar la dirección de la multinacional Repsol. “No nos gustan las empresas públicas extranjeras que entran en empresas españolas”, aseguró, tras advertir que un cambio de tal envergadura en el sector no se puede acometer en el final de la legislatura y que se debería esperar a la formación del nuevo gobierno tras las elecciones presidenciales del próximo 20 de noviembre, en las que el PP tiene amplía ventaja en las encuestas.
La semana crucial para Pemex para solventar con éxito la operación de sindicación de acciones con Sacyr para controlar, en conjunto, 29.8 por ciento de las acciones de Repsol, se inició el pasado lunes con dos nuevas peticiones al órgano regulador del sector, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y continuó, este martes, con una declaración adversa a los intereses de la paraestatal mexicana.
Desde el origen de la operación, cuando el pasado 29 de agosto se anunció la nueva alianza Pemex-Sacyr en el seno de Repsol, el único apoyo político de calado que había tenido era la del ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien ante la polémica y división que generó la operación decidió, unos días después, pedir a “ambas partes” que “dejen en paz” al gobierno.
De hecho, tanto el candidato conservador, Mariano Rajoy, como el aspirante socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, han mantenido cauta distancia de la operación, si bien ambos equipos de campaña han advertido del mal momento elegido para llevarla a cabo, ya que podría transformar la estructura de la empresa y arrastrar en ese cambio a otras compañías que participan en los grandes consorcios, como Gas Natural Endesa.
El más beligerante hasta ahora, en el terreno político, había sido el ex presidente del gobierno Felipe González, quien además de ser consejero de Gas Natural también tiene una enorme influencia en su partido político y en Pérez Rubalcaba,
Y ahora, a sólo unas horas de celebrarse el primer consejo de administración tras el anuncio de la operación, el PP expresó con nitidez su rechazo a la operación y lo hizo además en boca de quien, de ganar la derecha los comicios generales, será el máximo responsable de la cartera económica. Montoro, quien fue secretario de Estado y ministro de Hacienda durante el gobierno de José María Aznar, añadió a su rechazo a “las empresas públicas extranjeras que entran en empresas españolas”, a que “hay que templar este tipo de movimiento y esperar a la formación de otro gobierno”. A su juicio, “no todos los sectores son iguales y aquí hay algunos que afectan a la competitividad del resto. Así que no es momento de realizar operaciones que pueden afectar los costos de toda una economía”.
Entre tanto, el consejo de la CNE se reunió este martes, pero no analizó la cuestión de Pemex-Sacyr, por lo que podría resolver el asunto el próximo jueves. Hasta el momento el máximo órgano regulador tiene al menos tres peticiones concretas: de la propia dirección ejecutiva de Repsol, presidida por Antonio Brufau; del consorcio afectado indirectamente por la operación, Gas Natural Endesa (del que Repsol tiene más de 30 por ciento), y de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC). Todos ellos piden a la CNE que aplique la función 14 de sus estatutos para resolver si la intervención de Pemex en la operación vulnera la legislación, además de que la instan a analizar el documento interno de Pemex filtrado en las últimas semanas, y en el que se detallan los objetivos de la operación.
Ambiente de tensión
En sus alegatos a la CNE, el equipo de Brufau incluyó un dictamen del catedrático Luciano Parejo, quien sostiene que para determinar si Gas Natural es o no filial no hay que aplicar la legislación mercantil sino el concepto de grupo, o de mero control, del que sí disfruta la petrolera en Gas Natural por contar con la representación de más de la mitad del consejo de administración. De asumir esta conclusión, entonces no tendría otra opción que intervenir y redactar un dictamen. Prolongará aún más la conclusión de la controversia, con lo que cabe la posibilidad de que se resuelva después de las elecciones y con el nuevo gobierno en el poder.
Desde que Pemex y Sacyr anunciaron su alianza y dejaron claro que una de sus intenciones era tener más poder en el control ejecutivo de la petrolera, hasta el punto de sugerir que pugnarían por la creación de un nuevo cargo –el de consejero delegado, que asumiera las operaciones de Repsol–, todas las partes en conflicto han jugado sus cartas. Este miércoles se celebrará el primer consejo de administración, en el que se sentarán a la misma mesa las partes en conflicto y en el que caben varias posibilidades, incluida la de que prospere la petición de que Pemex sea expulsada del consejo por considerar que se encuentra en “conflicto de intereses permanente”.
El director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, se encuentra en Madrid y asumirá la responsabilidad de hablar ante el consejo de Repsol, en el que se encontrarán algunos de los representantes de las empresas que ven amenazados sus intereses, pero sobre todo la dirección de Repsol, con Brufau a la cabeza, que tiene importantes apoyos en el consejo y que han maniobrado para convencer a la CaixaBank (el segundo accionista de Repsol) de que se oponga al acuerdo de sindicación. Además, los pequeños y medianos accionistas, que tienen la intención de continuar con su batalla jurídica ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la CNE y, en un caso extremo, ante los tribunales ordinarios, por un presunto delito de fraude a la ley contra la dirección de Pemex.
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Miércoles 28 de septiembre de 2011, p. 24
La semana crucial para Pemex para solventar con éxito la operación de sindicación de acciones con Sacyr para controlar, en conjunto, 29.8 por ciento de las acciones de Repsol, se inició el pasado lunes con dos nuevas peticiones al órgano regulador del sector, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y continuó, este martes, con una declaración adversa a los intereses de la paraestatal mexicana.
Desde el origen de la operación, cuando el pasado 29 de agosto se anunció la nueva alianza Pemex-Sacyr en el seno de Repsol, el único apoyo político de calado que había tenido era la del ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien ante la polémica y división que generó la operación decidió, unos días después, pedir a “ambas partes” que “dejen en paz” al gobierno.
De hecho, tanto el candidato conservador, Mariano Rajoy, como el aspirante socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, han mantenido cauta distancia de la operación, si bien ambos equipos de campaña han advertido del mal momento elegido para llevarla a cabo, ya que podría transformar la estructura de la empresa y arrastrar en ese cambio a otras compañías que participan en los grandes consorcios, como Gas Natural Endesa.
El más beligerante hasta ahora, en el terreno político, había sido el ex presidente del gobierno Felipe González, quien además de ser consejero de Gas Natural también tiene una enorme influencia en su partido político y en Pérez Rubalcaba,
Y ahora, a sólo unas horas de celebrarse el primer consejo de administración tras el anuncio de la operación, el PP expresó con nitidez su rechazo a la operación y lo hizo además en boca de quien, de ganar la derecha los comicios generales, será el máximo responsable de la cartera económica. Montoro, quien fue secretario de Estado y ministro de Hacienda durante el gobierno de José María Aznar, añadió a su rechazo a “las empresas públicas extranjeras que entran en empresas españolas”, a que “hay que templar este tipo de movimiento y esperar a la formación de otro gobierno”. A su juicio, “no todos los sectores son iguales y aquí hay algunos que afectan a la competitividad del resto. Así que no es momento de realizar operaciones que pueden afectar los costos de toda una economía”.
Entre tanto, el consejo de la CNE se reunió este martes, pero no analizó la cuestión de Pemex-Sacyr, por lo que podría resolver el asunto el próximo jueves. Hasta el momento el máximo órgano regulador tiene al menos tres peticiones concretas: de la propia dirección ejecutiva de Repsol, presidida por Antonio Brufau; del consorcio afectado indirectamente por la operación, Gas Natural Endesa (del que Repsol tiene más de 30 por ciento), y de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC). Todos ellos piden a la CNE que aplique la función 14 de sus estatutos para resolver si la intervención de Pemex en la operación vulnera la legislación, además de que la instan a analizar el documento interno de Pemex filtrado en las últimas semanas, y en el que se detallan los objetivos de la operación.
Ambiente de tensión
En sus alegatos a la CNE, el equipo de Brufau incluyó un dictamen del catedrático Luciano Parejo, quien sostiene que para determinar si Gas Natural es o no filial no hay que aplicar la legislación mercantil sino el concepto de grupo, o de mero control, del que sí disfruta la petrolera en Gas Natural por contar con la representación de más de la mitad del consejo de administración. De asumir esta conclusión, entonces no tendría otra opción que intervenir y redactar un dictamen. Prolongará aún más la conclusión de la controversia, con lo que cabe la posibilidad de que se resuelva después de las elecciones y con el nuevo gobierno en el poder.
Desde que Pemex y Sacyr anunciaron su alianza y dejaron claro que una de sus intenciones era tener más poder en el control ejecutivo de la petrolera, hasta el punto de sugerir que pugnarían por la creación de un nuevo cargo –el de consejero delegado, que asumiera las operaciones de Repsol–, todas las partes en conflicto han jugado sus cartas. Este miércoles se celebrará el primer consejo de administración, en el que se sentarán a la misma mesa las partes en conflicto y en el que caben varias posibilidades, incluida la de que prospere la petición de que Pemex sea expulsada del consejo por considerar que se encuentra en “conflicto de intereses permanente”.
El director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, se encuentra en Madrid y asumirá la responsabilidad de hablar ante el consejo de Repsol, en el que se encontrarán algunos de los representantes de las empresas que ven amenazados sus intereses, pero sobre todo la dirección de Repsol, con Brufau a la cabeza, que tiene importantes apoyos en el consejo y que han maniobrado para convencer a la CaixaBank (el segundo accionista de Repsol) de que se oponga al acuerdo de sindicación. Además, los pequeños y medianos accionistas, que tienen la intención de continuar con su batalla jurídica ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la CNE y, en un caso extremo, ante los tribunales ordinarios, por un presunto delito de fraude a la ley contra la dirección de Pemex.
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