Piden investigar más los riesgos sobre consumo de maíz transgénico

De la Redacción

 

Periódico La Jornada
Miércoles 26 de septiembre de 2012, p. 24

Integrantes de la campaña Sin maíz no hay país pidieron a la Secretaría de Salud solicitar que se lleven a cabo nuevas investigaciones en torno a los riesgos del consumo de maíz transgénico, las cuales deben apegarse al artículo cuarto constitucional sobre el derecho a la alimentación.

Sostuvieron que las investigaciones del equipo del profesor Séralini de la Universidad de Caen, en Francia, demuestran los daños que causa el consumo de maíz transgénico, por lo que las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales deben cancelar los permisos de experimentación de siembra del grano transgénico y aplicar el principio de precaución.
Expusieron que el pasado 7 de septiembre Monsanto presentó una nueva solicitud para sembrar comercialmente 700 mil hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa e igual cantidad en otros estados del norte; la pretensión es iniciar la siembra comercial en un millón 400 mil hectáreas a la brevedad, lo que pondría en riesgo la diversidad genética de maíz blanco para consumo humano y la salud de los mexicanos.

Recordaron que Sinaloa es el principal productor del grano en el ciclo otoño invierno, por lo que estará en riesgo la disponibilidad del grano blanco. También exigieron la cancelación de los permisos de importación del grano, así como de la soya transgénica.
Hasta ahora ha dado todos los permisos automáticamente siguiendo los lineamientos de Estados Unidos, diseñados por las propias corporaciones. Desde 2004 la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte recomendó al gobierno mexicano efectuar evaluaciones de riesgo específicas para la población mexicana. Hoy, una vez más, resalta esta necesidad no atendida por las autoridades de contar con estudios verdaderamente independientes y de escuchar a los científicos y a la sociedad que han alertado sobre múltiples riesgos al ambiente, a la economía campesina y a la salud animal y humana, señalan en un comunicado.

Fuente