Presenta Rajoy presupuesto para 2013; siguen recortes a los servicios públicos

Liberan a los 35 detenidos durante el cerco al Parlamento efectuado el martes pasado

El camarero de una cafetería en Madrid enfrenta a un oficial al defender a varios manifestantes que se refugiaron en el establecimiento el pasado martes, día de la represión policiaca más brutal en los últimos años en EspañaFoto Ap

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 28 de septiembre de 2012, p. 24

Madrid, 27 de septiembre. El gobierno de España, encabezado por el conservador Mariano Rajoy, mantendrá las directrices neoliberales en 2013.

En la presentación de los presupuestos generales del Estado para el próximo año se anunciaron más recortes en los servicios públicos básicos –que se conocerán con exactitud el sábado–, menos gasto público en infraestructura y más en pago de la deuda, y la utilización por primera vez del fondo de reserva de la Seguridad Social para el pago de pensiones. La previsión del gobierno es que la economía española siga en recesión, con una caída de 0.5 por ciento.
La economía española está en una situación crítica, con una tasa de desempleo superior a 24.5 por ciento de la PEA, lo que suponen más de cuatro millones 600 mil personas, además de una perspectiva de recesión para los próximos dos años. La crisis que inició en 2008 ha afectado sensiblemente al sistema financiero, que tuvo que ser rescatado por la Unión Europea (UE) con un fondo de 100 mil millones de euros, lo que también ha abierto la puerta a un rescate total del país, como ocurrió recientemente con Portugal, Grecia e Irlanda.
El gobierno de Mariano Rajoy presentó sus segundos presupuestos desde que llegó al poder el derechista Partido Popular (PP), en una comparecencia de la vicepresidenta, Soraya Sáenz, y los ministros de Economía y Hacienda, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, respectivamente.
La presentación de los presupuestos se llevó a cabo al límite de los plazos fijados por la ley, con lo que el próximo sábado serán llevados al Congreso de los Diputados para iniciar el trámite de su aprobación.
Sin que se conozcan los principales recortes ni se detallen los ajustes, el gobierno anunció unas cuentas muy austeras, que mantiene la tendencia de reducir el gasto para reducir el déficit público, al tiempo que aumenta los impuestos y destina cada vez más dinero al pago de los intereses de la deuda del Estado.
El ministro de Hacienda advirtió que la congelación de las pensiones no va en los presupuestos, por lo que ratificó que subirían –sin precisar cuánto–, además de las becas y los intereses que el Estado debe pagar por la deuda, que asciende a 38 mil 590 millones de euros, 33.8 por ciento más que este año. En total, el gasto del Estado aumenta 5.6 por ciento con 8 mil 933 millones, hasta un total de 169 mil 775 millones de euros.

Frente a los recortes que afectan a la población, el gobierno también anunció nuevas medidas recaudatorias con las que pretende sumar a los ingresos del Estado más de 4 mil millones de euros, entre los que destacan gravar los premios de Lotería y un impuesto nuevo de plusvalías.
En este contexto y después de 48 horas de estar detenidos, incomunicados y en el limbo jurídico, los 35 detenidos durante la manifestación del pasado martes en Madrid testificaron ante un juzgado ordinario en materia civil. El gobierno pretendía procesar a los ciudadanos indignados por el supuesto delito de atentado contra la nación –que contempla penas hasta de cinco años de cárcel–, pero Santiago Pedraz, el juez de la Audiencia Nacional que instruía el caso, devolvió la causa con el argumento de que las faltas de resistencia a la autoridad, desobediencia y desorden público no son de la competencia del órgano judicial que representa.
De los detenidos, 34 fueron puestos en libertad y otro pagó fianza de mil euros.
Las protestas fueron convocadas por la plataforma del 25S, organizaciones civiles de origen y motivación diversa unidas por la indignación ante la deriva del gobierno para combatir la crisis y por el desmantelamiento del estado de bienestar. Su objetivo era rodear el Parlamento español para que los diputados, que son quienes legislan y aprueban los recortes y las medidas de ajuste, escucharan el clamor de su hartazgo.
En este contexto, Alberto Casillas, empleado de una cafetería en céntrica zona de Madrid, se ha convertido en héroe del movimiento 25S por haber enfrentado a la policía que amenazaba a varios manifestantes que se refugiaron en su lugar de trabajo. Hice lo que cualquier ciudadano hubiera hecho, dijo el camarero, de 49 años.

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