Firme oposición de ONG a las reformas

Matilde Pérez U.

 

Periódico La Jornada
Lunes 5 de noviembre de 2012, p. 3 

Sindicatos y organizaciones sociales sostuvieron que recurrirán a todos los recursos políticos, jurídicos y de presión social a su alcance para frenar las reformas laboral, hacendaria, energética y de seguridad social que legisladores de PRI y PAN buscan se aprueben en el Congreso. 

A unos días de la constitución formal del Frente Amplio Social, destacaron que el diálogo es el único medio para romper con la partidocracia improductiva y avanzar hacia la justicia y la paz social. Por ello emplazaron a los legisladores a un debate nacional, pues los saldos de una política que sacrifica el poder adquisitivo de los salarios para controlar la inflación son: 60 millones de mexicanos en situación de pobreza por bajos ingresos, 2.7 millones de desempleados y 13.9 millones de personas que sobreviven en la informalidad.

En el llamado manifiesto a la nación, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores, Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros y organizaciones civiles rechazan la reforma laboral porque “cancela la estabilidad en el empleo, establece el régimen de contratación por horas, legaliza la subcontratación (outsourcing), limita el derecho de huelga y fomenta la proliferación de empleos precarios, temporales y desprovistos de derechos”.

Con la reforma hacendaria, asientan, se pretende incrementar el IVA y eliminar la tasa cero en alimentos, medicinas y libros; con la energética se busca privatizar varias de las actividades que corresponden exclusivamente a Pemex, y con la de seguridad social se pretende financiar un sistema de salud con cobertura universal limitado y con prestaciones mínimas, donde se promueve la evasión de las responsabilidades sociales de los patrones y se plantea la reducción de los derechos y prestaciones de los trabajadores afiliados al IMSS y al Issste.

Finalmente, las organizaciones destacan que buscarán un nuevo pacto fiscal, pues consideran que es necesario corregir los problemas de un régimen inequitativo e ineficiente en términos de recaudación, dotándolo de un carácter progresivo y redistributivo, que combata la evasión y elusión fiscales.

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