Facilitan fraude a la CFE y... nada
Actualmente, las turbinas por las que la Comisión pagó continúan en Japón y Francia.
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Miércoles, 05 de Diciembre de 2012 08:27 hrs, por Fuente
REFORMA
A más de dos años de que la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) desembolsara 32 millones de dólares como
adelanto para la instalación de 3 turbinas en la central de Agua Prieta
II, la paraestatal sigue sin turbinas, sin recuperar el dinero y sin
nadie que responda por este fraude.
La compañía Mitsubishi Power Systems
America, fabricante de los equipos, no recibió el pago total por los
mismos y los tiene en su poder sin que se puedan utilizar, mientras que
el apoderado de la empresa FGG Enterprises, proveedor de las turbinas a
la CFE y que recibió un pago millonario, se encuentra detenido en
Estados Unidos acusado de lavado de dinero.
Los responsables directos en la CFE de
la operación fraudulenta fueron Eugenio Laris Alanís, actual director de
Proyectos de Inversión Financiada, y Alberto Ramos Elorduy, subdirector
de Desarrollo de Proyectos, suspendido de su puesto mientras se
realizan las investigaciones.
La empresa FGG, a la que la CFE ha
demandado, se constituyó en el estado de Nevada el 3 de abril de 2009,
días después de que se lanzara la licitación de las turbinas, el 23 de
marzo, lo que resultó en un contrato de 121 millones de dólares.
El fabricante de las turbinas es Mitsubishi Power Systems America, que las sigue teniendo en su poder.
De acuerdo con información obtenida a
través de Transparencia, para recibir las turbinas FGG ofreció en
garantía a la paraestatal una carta de crédito por 20 millones de
dólares.
Sin embargo, Ramos Elorduy aceptó que en
lugar de la carta de crédito se diera en garantía una carta prendaria
de las turbinas a pesar de que aún no eran propiedad de FGG.
Adicionalmente, el 3 de marzo de 2010,
Laris Alanís, superior jerárquico de Ramos, aceptó que el pago del
anticipo a FGG se hiciera en una cuenta del First Caribbean
International Bank, ubicado en Islas Turcas y Caicos, un paraíso fiscal
del Caribe.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, los
contratos no deben modificarse para ofrecer ventaja a un proveedor.
"Las dependencias y entidades se
abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos,
pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que
implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas
con las establecidas originalmente", expone.
Las transferencias se hicieron el 8 de
marzo de 2010 para los primeros 20 millones y el 6 de julio por otros 12
millones, pero Mitsubishi sólo recibió 18 millones.
Al no obtener más pagos, el fabricante
se quedó con sus turbinas y éstas nunca se entregaron. Actualmente, esas
máquinas están en Japón y Francia.
La garantía prendaria tampoco pudo
hacerse efectiva ya que las turbinas nunca fueron propiedad de FGG, cuyo
apoderado legal, quien estuvo al frente en todo el proceso, Marco
Delgado, está preso en los Estados Unidos acusado de lavado de dinero
por 600 millones de dólares provenientes del Cártel de los Valencia.
La CFE apenas rescindió el contrato con FGG en mayo pasado y demandó a la empresa por 44 millones de dólares.
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