Facilitan fraude a la CFE y... nada

Actualmente, las turbinas por las que la Comisión pagó continúan en Japón y Francia.
General Miércoles, 05 de Diciembre de 2012 08:27 hrs, por Fuente

REFORMA


A más de dos años de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desembolsara 32 millones de dólares como adelanto para la instalación de 3 turbinas en la central de Agua Prieta II, la paraestatal sigue sin turbinas, sin recuperar el dinero y sin nadie que responda por este fraude.
La compañía Mitsubishi Power Systems America, fabricante de los equipos, no recibió el pago total por los mismos y los tiene en su poder sin que se puedan utilizar, mientras que el apoderado de la empresa FGG Enterprises, proveedor de las turbinas a la CFE y que recibió un pago millonario, se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero.
Los responsables directos en la CFE de la operación fraudulenta fueron Eugenio Laris Alanís, actual director de Proyectos de Inversión Financiada, y Alberto Ramos Elorduy, subdirector de Desarrollo de Proyectos, suspendido de su puesto mientras se realizan las investigaciones.
La empresa FGG, a la que la CFE ha demandado, se constituyó en el estado de Nevada el 3 de abril de 2009, días después de que se lanzara la licitación de las turbinas, el 23 de marzo, lo que resultó en un contrato de 121 millones de dólares.
El fabricante de las turbinas es Mitsubishi Power Systems America, que las sigue teniendo en su poder.
De acuerdo con información obtenida a través de Transparencia, para recibir las turbinas FGG ofreció en garantía a la paraestatal una carta de crédito por 20 millones de dólares.
Sin embargo, Ramos Elorduy aceptó que en lugar de la carta de crédito se diera en garantía una carta prendaria de las turbinas a pesar de que aún no eran propiedad de FGG.
Adicionalmente, el 3 de marzo de 2010, Laris Alanís, superior jerárquico de Ramos, aceptó que el pago del anticipo a FGG se hiciera en una cuenta del First Caribbean International Bank, ubicado en Islas Turcas y Caicos, un paraíso fiscal del Caribe.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, los contratos no deben modificarse para ofrecer ventaja a un proveedor.
"Las dependencias y entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente", expone.
Las transferencias se hicieron el 8 de marzo de 2010 para los primeros 20 millones y el 6 de julio por otros 12 millones, pero Mitsubishi sólo recibió 18 millones.
Al no obtener más pagos, el fabricante se quedó con sus turbinas y éstas nunca se entregaron. Actualmente, esas máquinas están en Japón y Francia.
La garantía prendaria tampoco pudo hacerse efectiva ya que las turbinas nunca fueron propiedad de FGG, cuyo apoderado legal, quien estuvo al frente en todo el proceso, Marco Delgado, está preso en los Estados Unidos acusado de lavado de dinero por 600 millones de dólares provenientes del Cártel de los Valencia.
La CFE apenas rescindió el contrato con FGG en mayo pasado y demandó a la empresa por 44 millones de dólares. 

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