Hora de cumplirle al SME
Impartición de justicia
Martín Esparza Flores
Revista SIEMPRE!
Tras su toma de posesión, Enrique Peña
Nieto estableció sin cortapisas: “A partir de hoy, la primera obligación
que tengo como presidente de la república es cumplir y hacer cumplir la
ley”.
En su mensaje a la nación, el nuevo
mandatario estableció que como presidente democrático acatará el
principio de división de poderes, sustento que da vigencia a nuestro
régimen constitucional. Esperemos, por el bien de México, que así sea,
pues en lo que respecta a la inacabada impartición de justicia a favor
de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la
naciente administración y el Poder Legislativo tienen ahora en sus manos
la solución definitiva al conflicto originado el 11 de octubre del
2009.
Con antelación, aquí señalamos la
irresponsabilidad del mandatario saliente al negarse a cumplir con lo
establecido en el fallo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de
Trabajo del Primer Circuito, emitido el pasado 13 de septiembre, que
reconoció la figura de la sustitución patronal en la CFE y el pago de
los salarios caídos y prestaciones a favor de los trabajadores
electricistas desde octubre del 2009 a la fecha.
En una abierta tozudez carente del
mínimo sustento jurídico, el gobierno de Calderón decidió postergar el
cumplimiento de su obligación que como representante del Poder Ejecutivo
le imponían las leyes y la Constitución, “chicaneando” el caso.
Ante su falta de madurez política para
aceptar sus errores, la administración panista transfirió el inevitable
cumplimiento procesal al nuevo gobierno, el cual en su Pacto por México
estableció que es el diálogo uno de los mecanismos más eficaces para
lograr acuerdos, sobre todo en el terreno legislativo donde habrán de
subsanarse gran parte de los problemas y conflictos nacionales heredados
por el régimen panista. El asunto de los electricistas injustamente
despedidos, uno de ellos.
El SME ha vuelto a tocar a las puertas
de la razón institucional, en la sede del Palacio de Covián, pues es
únicamente con la voluntad y compromiso de los poderes Ejecutivo y
Legislativo como podrá respetarse y cumplirse con una de las decisiones
más trascendentales emitidas por el Poder Judicial en favor de los
derechos laborales de los trabajadores.
Todo el país sabe perfectamente que el
polémico incidente no es responsabilidad directa de los actuales mandos
oficiales, pero ahora su desenlace recae en el ámbito de su esfera
institucional por lo que, mediante el diálogo y los acuerdos
respectivos, deben aprobarse en el Congreso, a través del consenso de
todos los partidos, la asignación de los recursos que permitan además al
gobierno federal la reinstalación de los trabajadores en resistencia
del SME.
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