Peña Nieto apuesta por desmovilizar a la sociedad con represión
Es una pésima apuesta del gobierno federal querer desmovilizar a la sociedad con el uso “preventivo” de la fuerza pública
Revista EMET
Es una pésima apuesta del gobierno federal
querer desmovilizar a la sociedad con el uso “preventivo” de la fuerza
pública. Tal fue el objetivo de la represión que se orquestó el día
primero de diciembre, con lo que Enrique Peña Nieto da un paso en falso,
cuando lo que estaba esperando el pueblo era la demostración de una
firme voluntad política para poner en marcha una relación más provechosa
con todas las fuerzas políticas. Al paso de los días se han ido
acumulando pruebas contundentes de la participación de “halcones”, los
cuales cumplieron al pie de la letra las instrucciones recibidas de
infiltrar el movimiento pacífico de jóvenes, a fin de dar curso a la
represión luego de una serie de provocaciones perfectamente orquestadas.
Así queda demostrado que el gobierno de la “nueva alternancia” es una versión más del régimen antidemocrático al servicio de la oligarquía y de intereses trasnacionales. Quienes tenían esperanzas de que las cosas fueran a cambiar con el regreso del PRI a Los Pinos, deben perderlas para no sufrir una desilusión más terrible a medida que pasen los meses, y la realidad nacional comience a mostrar el verdadero rostro de quienes tienen el poder político en sus manos. Es muy claro que le tienen pánico a la democracia, pues saben que perderían toda posibilidad de mantener el poder en el momento en que la sociedad les exigiera cuentas.
Sin embargo, cabe puntualizar que equivocan el camino al apostar por la violencia “preventiva” como el mecanismo idóneo, según sus estrategas, para frenar avances democráticos, por elementales que sean. El cambio de estafeta en el Ejecutivo federal era (sigue siendo) una oportunidad dorada para iniciar una nueva relación con la sociedad nacional, harta de tanta violencia, así como de la corrupción e ineficacia de una clase política ultra conservadora. Hasta quienes votaron por Peña Nieto, seguramente esperaban (esperan) un estilo de gobernar muy diferente, que favorezca la participación de todos los sectores y el diálogo como principal mecanismo para superar diferencias.
Está visto que tales actitudes no las tiene contempladas el nuevo gobierno federal, al parecer incapacitado para dejar atrás los comportamientos tradicionales de un priísmo autoritario. Lo que muy pronto quedará en el olvido son las promesas de campaña de poner en marcha un gobierno incluyente, democrático, dispuesto a dialogar con todas las fuerzas políticas y respetar las voces contrarias. El mensaje que se envió al país el día primero de diciembre fue muy claro: nada de movilizaciones políticas que no sean autorizadas por las autoridades; nada de exigir más democracia que la que la oligarquía esté dispuesta a dispensar a la sociedad; nada de poner en duda la legitimidad del nuevo gobierno federal.
Sin embargo, los resultados van a ser contraproducentes muy pronto. No se quiere aceptar que las clases mayoritarias no están dispuestas a seguir siendo manipuladas por una minoría voraz que además muestra un desprecio total por el pueblo. Que no es el mismo de hace treinta años, cuando quedaban en el sistema político muchos residuos del Estado benefactor de los tiempos dorados del corporativismo. Tres décadas de capitalismo salvaje han enseñado a los mexicanos sin voz a desesperarse por tenerla, así lo demuestran los triunfos en las urnas del Movimiento Progresista que surgió en 1988 y sigue creciendo, como lo patentizaron los 16 millones de votos conseguidos en las elecciones de julio pasado.
Cabe destacar que aun cuando las “investigaciones” en torno a los sucesos del día de la toma de posesión de Peña Nieto, concluyan que no hubo presencia de “halcones” que se infiltraron entre los manifestantes; que fueron estos quienes desataron la violencia y no los provocadores sin uniforme, a todas luces al servicio de las autoridades, lo cierto es que nada hará cambiar la convicción popular de que fue el gobierno federal el instigador de la salvaje represión que afectó a cientos de ciudadanos pacíficos y a comerciantes que tuvieron pérdidas millonarias.
Es una mala táctica iniciar así un sexenio que se esperaba (se espera aún) muy diferente al que acaba de concluir, caracterizado por una total ineficiencia del Ejecutivo federal, y sobre todo de una total ausencia de ética política y sentido de la responsabilidad tan grande que le competía, luego de llegar al poder tras un fraude histórico en las urnas. Definitivamente, no hay explicación lógica del afán de la clase política de meterse en problemas, nomás por demostrar plena fidelidad a los poderes fácticos y a los intereses trasnacionales hegemónicos en el aparato productivo nacional.
La única respuesta es que no llegaron los tecnócratas priístas a Los Pinos con el propósito de tratar de enderezar las cosas, sino de fortalecer el sistema bonapartista a fin de garantizar mejores resultados a los monopolios que buscan apuntalar sus tentáculos en todo aquello que les reporte beneficios. Qué lamentable.
Así queda demostrado que el gobierno de la “nueva alternancia” es una versión más del régimen antidemocrático al servicio de la oligarquía y de intereses trasnacionales. Quienes tenían esperanzas de que las cosas fueran a cambiar con el regreso del PRI a Los Pinos, deben perderlas para no sufrir una desilusión más terrible a medida que pasen los meses, y la realidad nacional comience a mostrar el verdadero rostro de quienes tienen el poder político en sus manos. Es muy claro que le tienen pánico a la democracia, pues saben que perderían toda posibilidad de mantener el poder en el momento en que la sociedad les exigiera cuentas.
Sin embargo, cabe puntualizar que equivocan el camino al apostar por la violencia “preventiva” como el mecanismo idóneo, según sus estrategas, para frenar avances democráticos, por elementales que sean. El cambio de estafeta en el Ejecutivo federal era (sigue siendo) una oportunidad dorada para iniciar una nueva relación con la sociedad nacional, harta de tanta violencia, así como de la corrupción e ineficacia de una clase política ultra conservadora. Hasta quienes votaron por Peña Nieto, seguramente esperaban (esperan) un estilo de gobernar muy diferente, que favorezca la participación de todos los sectores y el diálogo como principal mecanismo para superar diferencias.
Está visto que tales actitudes no las tiene contempladas el nuevo gobierno federal, al parecer incapacitado para dejar atrás los comportamientos tradicionales de un priísmo autoritario. Lo que muy pronto quedará en el olvido son las promesas de campaña de poner en marcha un gobierno incluyente, democrático, dispuesto a dialogar con todas las fuerzas políticas y respetar las voces contrarias. El mensaje que se envió al país el día primero de diciembre fue muy claro: nada de movilizaciones políticas que no sean autorizadas por las autoridades; nada de exigir más democracia que la que la oligarquía esté dispuesta a dispensar a la sociedad; nada de poner en duda la legitimidad del nuevo gobierno federal.
Sin embargo, los resultados van a ser contraproducentes muy pronto. No se quiere aceptar que las clases mayoritarias no están dispuestas a seguir siendo manipuladas por una minoría voraz que además muestra un desprecio total por el pueblo. Que no es el mismo de hace treinta años, cuando quedaban en el sistema político muchos residuos del Estado benefactor de los tiempos dorados del corporativismo. Tres décadas de capitalismo salvaje han enseñado a los mexicanos sin voz a desesperarse por tenerla, así lo demuestran los triunfos en las urnas del Movimiento Progresista que surgió en 1988 y sigue creciendo, como lo patentizaron los 16 millones de votos conseguidos en las elecciones de julio pasado.
Cabe destacar que aun cuando las “investigaciones” en torno a los sucesos del día de la toma de posesión de Peña Nieto, concluyan que no hubo presencia de “halcones” que se infiltraron entre los manifestantes; que fueron estos quienes desataron la violencia y no los provocadores sin uniforme, a todas luces al servicio de las autoridades, lo cierto es que nada hará cambiar la convicción popular de que fue el gobierno federal el instigador de la salvaje represión que afectó a cientos de ciudadanos pacíficos y a comerciantes que tuvieron pérdidas millonarias.
Es una mala táctica iniciar así un sexenio que se esperaba (se espera aún) muy diferente al que acaba de concluir, caracterizado por una total ineficiencia del Ejecutivo federal, y sobre todo de una total ausencia de ética política y sentido de la responsabilidad tan grande que le competía, luego de llegar al poder tras un fraude histórico en las urnas. Definitivamente, no hay explicación lógica del afán de la clase política de meterse en problemas, nomás por demostrar plena fidelidad a los poderes fácticos y a los intereses trasnacionales hegemónicos en el aparato productivo nacional.
La única respuesta es que no llegaron los tecnócratas priístas a Los Pinos con el propósito de tratar de enderezar las cosas, sino de fortalecer el sistema bonapartista a fin de garantizar mejores resultados a los monopolios que buscan apuntalar sus tentáculos en todo aquello que les reporte beneficios. Qué lamentable.
Guillermo Fabela - Opinión EMET
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