Otorgan suspensión a pueblos tutunakus contra proyecto hidroeléctrico en Puebla
Integrantes de la comunidad Tutunaku en conferencia de prensa. Foto: Cencos
PROCESO
En un comunicado, distintas organizaciones sociales, que respaldan a estas comunidades, informaron que el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa en Puebla confirmó la orden que ya antes había emitido el juzgado de distrito de Puebla sobre la suspensión inmediata de dicho proyecto en tanto se dicta sentencia definitiva del juicio de amparo.
“El referido ‘Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1’ de la empresa Deselec 1-Comexhidro pretende imponerse en los municipios de Ahuacatlán, Tepatlán y Tlapacoya en la Sierra Norte y tiene por finalidad exclusiva generar electricidad para Walmart y otras socias de la empresa, según consta en el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía”, explica el comunicado.
Por ello, las comunidades interpusieron el 4 de abril una demanda de amparo, la cual fue admitida por el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en Puebla, el cual otorgó la suspensión de plano de los actos reclamados.
Las comunidades y las organizaciones sociales además hacen referencia a las declaraciones hechas el 27 de junio por el presidente Enrique Peña Nieto durante una reunión con la Cámara de Comercio e Industria de Quebec, Canadá, en la que anunció que la empresa canadiense Innergex construirá una planta hidroeléctrica en el estado de Puebla.
“Ante esta declaración, y presumiendo que pueda tratarse de la Hidroeléctrica Puebla 1 (pues tenemos conocimiento de la sociedad entre Innergex y Comexhidro), comunidades indígenas nahuas y totonacas de la Sierra Norte levantamos la voz para exigir un alto a la violación a nuestros derechos colectivos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales”, reclamaron.
Al reafirmar su negativa a ese proyecto, las comunidades se quejaron de que la construcción de hidroeléctricas se quiera presentar como generadoras de “energía limpia”, cuando “en realidad están vinculadas a proyectos mineros, de extracción de hidrocarburos y de privatización del agua de nuestros territorios para beneficio de empresas transnacionales”.
Además advirtieron estar preocupados por la campaña mediática para acusar a las comunidades de obstaculizar, a través de los amparos, las inversiones en proyectos hidroeléctricos, eólicos y solares, como lo declaró Jacobo Mekler, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica (Amexhidro) y director comercial de Comexhidro.
“Este tipo de declaraciones nos inquietan porque con ellas hay una negación a nuestra garantía de acceso a la justicia para la defensa y protección de nuestros derechos colectivos, así como una amenaza contra la independencia judicial que debe preservarse en todo estado de derecho”, expusieron.
“Las comunidades reprochamos al Estado mexicano que haya otorgado permisos diversos para la realización del referido proyecto hidroeléctrico, permitiendo así la afectación de nuestro territorio y sus recursos naturales”, señalaron.
Y como ejemplo, mencionaron la concesión que la Comisión Nacional del Agua otorgó a Deselec-Comexhidro para el uso y aprovechamiento del río Ajajalpan, en el que pretende construirse la planta, y que incluye el aprovechamiento de manantiales y ríos que escurren hacia el mismo.
“¿Dónde queda entonces nuestro derecho al agua reconocido en el artículo cuarto constitucional? O la autorización otorgada por el INAH para la realización de las obras, a pesar de haber descubierto sitios arqueológicos en el lugar donde pretenden construir la hidroeléctrica, ¿dónde queda nuestro derecho al territorio y a nuestra cultura?”, cuestionaron los afectados.
Las comunidades señalaron que por oponerse a este proyecto han sufrido amenazas, fabricación de delitos y división comunitaria generada por la empresa al prometer dinero a las comunidades si el proyecto se realiza; engaños para lograr la adquisición de propiedades en la zona, así como una simulación de consulta avalada por la Secretaría de Energía (SE).
“Cerca de medio millón de habitantes de la Sierra Norte de Puebla estamos dispuestos a defender nuestro territorio, nuestras vidas, buscando evitar así una devastación ambiental y el desplazamiento forzado que se causaría si se concretaran los 14 proyectos hidroeléctricos autorizados en el estado y la extracción de minerales en más de 300 mil hectáreas y de hidrocarburos con fracturación hidráulica”, subrayaron.
Los afectados responsabilizaron a los tres niveles de gobierno de situaciones de violencia que se puedan generar por insistir en imponer estos proyectos de empresas privadas, que se han generado a partir de la reforma energética.
Entre las organizaciones que apoyan a las comunidades y que respaldaron el pronunciamiento destacan el Consejo Tiyat Tlali; el Centro de Estudios Ecuménicos, Unión de Cooperativas Tosepan, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Universidad de la Tierra y Fundar Centro de Análisis e Investigación, entre otras.
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