Nicaragua: hasta 120 mil desplazados por el canal interoceánico

Habitantes de Rivas protestan contra el canal interoceánico en Nicaragua. Foto: CB24

 

PROCESO 

 

Por Matilde Córdoba , 27 octubre, 2016 Prisma Internacional

MANAGUA, Nic. (apro).- La construcción de un canal interoceánico en Nicaragua provocaría el desplazamiento de entre 30 mil y 120 mil campesinos, indígenas y afrodescendientes, ya que se verían obligados a ceder sus tierras para la realización de esta megaobra, cuyo costo está calculado en 50 mil millones de dólares americanos, concluye la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), organismo que solicitó al gobierno nicaragüense revocar la concesión otorgada a las empresas del inversionista chino Wang Jing.
En el informe titulado “Concesión del Canal Interoceánico en Nicaragua: grave impacto en los derechos humanos”, la FIDH y su organismo miembro en Nicaragua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), detallan las violaciones a los derechos humanos que podrían derivar de la implementación de la vía interoceánica y de otros 10 megaproyectos.

Ambas organizaciones señalan en el documento de 67 páginas que en el país centroamericano se está frente a un proceso de megaacaparamiento de tierras que pone en una situación de grave indefensión a las comunidades. Hacen hincapié en que la concesión otorgada en junio de 2013 a la empresa Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND), del chino Wang Jing, sienta un régimen de excepción en el que las garantías constitucionales no serían respetadas, “en particular en lo que concierne el derecho a la propiedad, a una vivienda adecuada, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a vivir en un ambiente sano y el derecho a la consulta previa, libre e informada”.

“Este proyecto no solo va a vulnerar los derechos de estos grupos de la población, sino que va a empobrecer el conjunto de la población. Otras fuentes fiables han denunciado también los potenciales daños irreparables al medio ambiente, sin hablar del probable impacto de la construcción y del funcionamiento de un nuevo canal interoceánico en el cambio climático”, concluyen en el detallado informe.

De acuerdo con Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, “el proyecto en sí representa una amenaza, la gente está angustiada y con un sentimiento de inseguridad porque les parece que van a perder sus tierras y se dan dos situaciones en la ruta del canal: hay una militarización, se ha establecido a través del Ejército una especie de espionaje, y se está violando el derecho a la libre circulación. La zona se está convirtiendo en un enclave porque para entrar debes dar una serie de explicaciones y corres el riesgo que te quiten los medios de trabajo, celulares, cámaras, etcétera. Ya hay seis casos de periodistas que han sido detenidos, y algunos extranjeros han sido deportados”.
Información oficial indica que el canal tendría 275.5 kilómetros de largo y atravesaría el lago Cocibolca, el mayor reservorio de agua dulce de Centroamérica en 106.8 kilómetros. Tendría asimismo una profundidad promedio de 27 a 30 metros y un ancho de entre 320 y 520 metros, con un área de exclusión estimada inicialmente de 10 kilómetros a cada lado del canal.
En ese sentido, las concesiones otorgadas al inversionista “ponen en alto riesgo el derecho al agua de las poblaciones vecinas al proyecto y en general a quienes dependen de la principal fuente de agua dulce de Centroamérica”. Se calcula que 80 mil personas toman agua diariamente del Cocibolca.
“El informe enfatiza en la desprotección en que se encuentra la ciudadanía, la falta de transparencia del régimen societario de la concesionaria, la ausencia de consultas apropiadas, los vacíos en materia de estudios técnicos y la criminalización de la protesta social”, explica Mónica López Baltodano, consultora independiente que colaboró en la redacción del documento y que durante ocho meses investigó las sociedades del empresario Wang Jing, revelando luego que existe una red de más de 15 sociedades mercantiles de maletín involucradas directamente en la concesión canalera. En palabras de ella, esta es “una telaraña de empresas registradas en Nicaragua, Islas Caimán, Holanda, Hong Kong y Beijing”.
Ambas organizaciones enfatizan que la concesión que fue otorgada por 50 años prorrogables por el mismo periodo. “Es un cheque en blanco para el inversionista”, ya que le permite “desarrollar o negociar con una amplia gama de proyectos en condiciones excepcionalmente favorables. Igualmente le permite negociar por partes, vender y ceder sus derechos sobre diferentes sub-proyectos lo que, desde la perspectiva del inversionista, en sí mismo ya representa un gran negocio”.
¿China?
Es importante destacar que en el informe se cuestiona la posibilidad de que el gobierno de China esté detrás de este proyecto, considerado la obra de ingeniería civil más importante de la historia.
“A la fecha, las entidades que han intervenido en la preparación para la construcción del megaproyecto canalero son empresas estatales chinas y la que parece ser la empresa ‘matriz’, dentro de las 15 empresas de maletín es BNDR, registrada en Beijing, China Continental”, detalla el documento.
“La pregunta que surge es: por qué China se involucra de forma escondida en este proyecto (pudiendo hacerlo de manera transparente) ¿Será para no asumir ninguna responsabilidad por la ilegalidad, las violaciones de derechos humanos y demás carencias en las que el proyecto podría incurrir? Tampoco ha sido clara ni transparente la comunicación del gobierno de Nicaragua respecto a la concesión del canal”.
Entre uno de los puntos negativos resalta que el esquema organizativo empresarial detrás de este megaproyecto y las confusiones del entramado de las empresas existentes o relacionadas dificultarán la atribución de responsabilidades en futuros escenarios de conflicto. “Todo el proceso ha estado marcado por el secretismo, la falta de transparencia y discrecionalidad”, aseveran.
Expropiaciones
Una de las principales violaciones a los derechos humanos es el régimen de expropiación impuesto en marco legal, señalan la FIDH y el Cenidh en el informe.
En ese sentido, agregan que las expropiaciones “pueden afectar a cualquier tipo de propiedad que se encuentren en cualquiera de las áreas requeridas para cualquiera de los proyectos, lo cual parece poner a disposición todo el territorio nacional, pues es el inversionista es quien dispone de las áreas requeridas”.
El pago estipulado por la venta de las tierras es calificado como irrisorio, debido a que se hará con base en el valor catastral y no en el del mercado. En el informe se indica que esta situación es contraria a los estándares establecidos por el derecho internacional de derechos humanos, “pues de ninguna forma se puede considerar como una indemnización justa la prevista en la ley 840, que además deroga al derecho común nicaragüense”.
“Además, se desconoce un plan de reasentamiento de la población afectada por parte de la empresa y del gobierno pese a que un proyecto de esta envergadura, cuya afectación se extendería a decenas de miles de personas, debería contar forzosamente con tal plan”.
Paralelamente, el marco legal establece que las propiedades públicas que sean requeridas, serán entregadas gratuitamente al inversionista, sin pago adicional a favor del Estado nicaragüense.
A criterio de Vilma Núñez, el principal riesgo no es el proyecto del canal en sí, porque éste “se está yendo en pura mentira”, sino los riesgos que existen alrededor del canal, entre ellos la construcción de los otros megaproyectos, como puertos de aguas profundas y la creación de zonas de libre comercio.
“Por eso es que insisten en buscar cómo expropiar las tierras de los campesinos sin basarse en la Ley de Expropiaciones y están presionando a algunos campesinos que se han visto obligados a vender para irse de ahí”, añade la defensora de derechos humanos.
En el informe recogen los testimonios de 131 hombres y mujeres procedentes de 58 comunidades ubicadas en la ruta canalera, con quienes se conversó en cinco grupos focales realizados en igual número de comunidades de Rivas, Nueva Guinea y Río San Juan de Nicaragua.
“La grave afectación del derecho a la alimentación de la población que en muchos casos vive del cultivo de su tierra o de la pesca será otra consecuencia de la implementación de este megaproyecto. Se trata de una región del país altamente productiva de alimentos como yuca, frijoles, malanga, quequisque y otros tubérculos, así como la producción ganadera y leche”, detalla el documento.
De acuerdo con Vilma Núñez, uno de los fenómenos que se está presentando es que muchos campesinos están vendiendo sus propiedades por temor a lo que pueda suceder.
Mónica López Baltodano apunta que existe mucha preocupación por la ausencia de respuesta del gobierno a las 81 movilizaciones ciudadanas que han solicitado la derogación de la concesión.
“Se han cerrado puertas del movimiento en el Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo. Nos negaron nuestros argumentos en los diferentes recursos de amparo por inconstitucionalidad de la ley. Nos negaron la presentación de la iniciativa ciudadana de ley para la derogación de la ley 840”, dijo en una breve entrevista concedida a Proceso.
El informe confirma que existe una política de criminalización de aquellas personas que se oponen a la construcción del canal interoceánico y a la concesión en su conjunto.
“Se utiliza el sistema penal (acusaciones legales y órdenes de captura) y el desprestigio público como mecanismos que buscan ligarlos en el imaginario social y político a actividades ilegales, para deslegitimar y desmovilizar su actuación. Igualmente, el Estado utiliza mecanismos intimidatorios, incrementando presencia policial y militar, retenes, requisas y otras medidas de presencia permanente de órganos armados, así como una política migratoria de expulsión de todo extranjero que tenga vínculo alguno con la zona concesionada, sin importar si sus actividades”.
Los campesinos se han organizado en el Consejo Nacional en Defensa del Lago, la Tierra y la Soberanía. El 26 de octubre estaba prevista a realizarse una marcha multitudinaria en Managua, la capital de Nicaragua, sin embargo brigadas especiales de la Policía impidieron que los campesinos avanzaran hasta la capital.
El informe recoge el testimonio íntegro de algunos campesinos afectados, entre ellos Facundo Jarquín García, de la comunidad Esperancita Número 1, de Nueva Guinea, por donde pasaría el canal: “Cuando vinieron los chinos a hacer los estudios llegaron a mi propiedad, La ceibita, acompañados de muchos militares”, dice en su relato.
“Antes habían estado en la propiedad de la familia López. Yo estaba sembrando yuca cuando llegaron a mi propiedad, entrando sin pedir permiso. Uno de ellos se dirigió hacia mí y me dijo que andaban haciendo unos estudios y que tenía que permitirle el espacio para hacer los estudios. Les dije que no podían porque era pequeño el lugar y además era el lugar donde trasladaba a los animalitos después que los sacaba de los repastos. Ellos me contestaron que era el lugar adecuado. Ante esa presión no tenía ninguna otra opción y por temor a que me dieran un disparo acepté. Andaban unos 20 militares y policías, de ocho a 12 días permanecieron en el lugar. Esto se repitió una vez más en un periodo de tres meses. Cuando los militares estuvieron en la propiedad destruyeron cercos, cultivos e hicieron caminatas y destrozaron todo el yucal que había sembrado”.

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