Nueva justicia laboral
Revista Siempre!
Por Martín Esparza Flores
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Su eficiencia en entredicho
Por Martín Esparza Flores
Las modificaciones aprobadas por el
Senado en el supuesto de mejorar la justicia laboral en México no
contienen, como la reforma laboral, el punto de vista de la clase
trabajadora. Como sucede de manera inalterable con las decisiones del
Congreso, los partidos políticos de nueva cuenta se adjudican el
“sagrado” derecho de decidir qué es lo mejor para los golpeados
asalariados, ignorando su parecer.
De acuerdo con los cambios resueltos,
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, esos nidos de corrupción y
atropellos que por décadas fueron puestos al servicio de los
empresarios, desaparecerán para dar paso a tribunales en materia de
trabajo dependientes del Poder Judicial Federal y de las entidades
federativas.
El problema de fondo es que en el plano
de la realidad nacional no se les augura un futuro promisorio sobre todo
por la marcada y constatada dependencia de muchos de los fallos de
ministros, magistrados y jueces en contra de los legítimos derechos e
intereses de los trabajadores, por consigna del Ejecutivo. Mientras en
nuestro país la autonomía de los impartidores de justicia siga en
entredicho, la justicia no sólo laboral sino en todos los órdenes
jurídicos seguirá siendo una inalcanzable utopía para los desposeídos.
De acuerdo con lo fundamentado en la
Cámara alta, el origen de la propuesta del Ejecutivo descansa sobre dos
ejes políticos que nada tienen qué ver con la opinión de los
directamente interesados: el foro de consulta sobre justicia cotidiana
encargado por la Presidencia de la República al Centro de Investigación y
Docencia Económicas; y el llamado que la Organización Internacional del
Trabajo, hizo durante su conferencia internacional, de junio pasado, en
Ginebra, Suiza, a nuestro país para promulgar, en este sentido,
reformas en materia laboral.
Los legisladores propalaron como una
“victoria” para los trabajadores lo alcanzado con el consenso de todos
los partidos; unos por zalamería al Ejecutivo, otros por defender sus
intereses, como ocurrió con líderes de organizaciones corporativas del
PRI, y los más por ignorancia y desinterés en torno al tema,
circunscribieron la justicia laboral al terreno de las controversias
jurídicas, cuando el término, ubicado en el ámbito de la justicia
cotidiana, debería ser más extenso, incluyendo el derecho de los
trabajadores y sus familias, por ejemplo, a una atención médica oportuna
y de calidad, muy diferente al pésimo servicio y la carencia de
medicamentos con que el IMSS pone en peligro su salud y su vida.
En el catálogo de demagogias y buenos
propósitos alcanzados en el Congreso no faltaron quienes pontificaron el
fin de los contratos de simulación y el respeto a los legítimos
contratos colectivos, pero nadie mencionó, ni por asomo, que con la
legalización de las outsourcings, establecida en la reforma
laboral, en nuestro país se ha dado un retroceso precisamente a la
contratación colectiva y al acceso a la seguridad social de millones de
mexicanos en edad productiva, sobre todo jóvenes.
Otro de los puntos a definir en este
nuevo modelo de justicia laboral será saber de dónde saldrán los
recursos para instrumentarlo.
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