2018: candidatos del pueblo al rescate del país
Con
los recortes a la salud, la educación y una interminable lista de
programas sociales, la marginación para millones de mexicanos y la
anulación de un futuro próspero para las nuevas generaciones será una
infamia consumada por la tecnocracia neoliberal que, desde el poder,
abandonó desde hace mucho tiempo su papel de Estado benefactor, producto
de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917, donde se vieron
plasmadas conquistas de sectores como el obrero y campesino.
El escenario de crisis social que
enfrenta el país debe llevarnos a un profundo análisis de la rapiña que
en las últimas décadas ejercieron los gobiernos neoliberales al
articulado de nuestro Carta Magna hasta reducirlo a un mero “reglamento”
de abierta protección y operación de las empresas multinacionales,
donde la salvaguarda de las riquezas naturales del país y su subsuelo,
así como su soberanía nacional y la protección de los derechos
elementales de sus habitantes han quedado reducidos a un esquema de
franca vulnerabilidad.
En el marco de los 100 años de nuestra
Constitución Política –a celebrarse el 5 de febrero de 2017–, los
mexicanos que formamos parte de la clase trabajadora, campesina,
indígena y de todos los sectores de la sociedad civil debemos impulsar
la instauración de una nueva ley fundamental, alejados de los partidos y
su corrompida y degradada clase política, que en su tesis en favor de
la globalización han adoptado una posición servil y colaboracionista que
ha aplicado en su modelo neoliberal todos y cada uno de los dictados de
organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial (BM) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
Tan abierta complacencia al capital internacional dio la puntilla,
por la vía de las reformas estructurales, a empresas públicas que en el
siglo pasado fueron puntales del fortalecimiento y desarrollo de
nuestra economía como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de
Electricidad y la desaparecida Luz y Fuerza del Centro. Y ahora no
conforme con el desmantelamiento del sector energético, la irresponsable
clase política desmantela de paso el sistema de pensiones y uno de los
baluartes de la seguridad social al imponer la privatización de las
instituciones que prestan los servicios médicos a trabajadores y
burócratas. Este atentado a la seguridad social está condenando a la
pobreza a millones de personas de la tercera edad, cuya subsistencia,
salud y su vida misma penderá de un hilo.
Ha llegado el momento en que la sociedad
civil y el pueblo trabajador en general tomen conciencia de que tan
monumentales destrozos y saqueos a las riquezas del país así como la
pérdida de derechos que nos afectan de igual forma a trabajadores que a
campesinos, a indígenas, empleados públicos, comerciantes y pequeños y
medianos industriales, han sido justificados por la clase política y sus
partidos por los cambios aplicados de manera arbitraria a nuestra
Constitución. Desde el Congreso, tanto diputados como senadores han
votado y aprobado leyes que han sido contrarias a los intereses de las
mayorías.
Amparados en su papel de “representantes
populares” han aniquilado los principios sociales de nuestra Carta
Marga de 1917 y es hora de que empiecen a rendir cuentas a quienes han
defraudado su voto y su confianza. Es hora de recordarle a esta caterva
de agachones y entreguistas que no se mandan solos,
que la soberanía radica en el pueblo y es el pueblo el que tiene la
última palabra para decidir la forma de gobierno que más le conviene. Y
la que actualmente priva y que le ha sido impuesta por un puñado de
políticos deshonestos no representa sus intereses ni garantiza su
bienestar social.
¿Qué hacer entonces para enfrentar a esta enquistada clase política? ¿Cuáles son las opciones?
Ante el patético futuro que pretende
heredar a las nuevas generaciones la tecnocracia en el poder es
pertinente volver la mirada a lo planteado hace unas semanas en el
corazón de la selva chiapaneca por los integrantes del Congreso Nacional
Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),
donde invitan a la sociedad civil en general a repensar el proyecto de
país desde las experiencias de despojo y represión que han enfrentado
los pueblos indígenas en el campo y la ciudad.
Luego de que en 1994 irrumpiera a la
escena nacional el EZLN, como la legítima voz de aquellos que no
deseaban morir en el olvido, por primera vez coloca al centro de la
actual coyuntura una propuesta de índole político que busca manifestarse
en las elecciones presidenciales de 2018, a través de la candidatura
independiente de una mujer indígena que lleve tras de sí las luchas de
resistencia que vienen sosteniendo en todo el territorio nacional los
pueblos originarios, pero que también represente la voz misma de una
sociedad que al igual que los indígenas ha sido avasallada y acallada
por un sistema autoritario que, mediante los partidos políticos, le ha
cerrado los espacios de expresión y participación para defender sus
derechos, al grado de criminalizar la protesta social de innumerables
organizaciones sociales.
La candidatura independiente que
plantean las bases del movimiento indígena no pretende enrolarse en el
papel tradicional de un partido político sino generar un movimiento
popular de alcances nacionales que encauce y materialice las demandas de
las comunidades, los pueblos y los barrios de las zonas urbanas
marginadas, hoy en día invisibles en la integración de las políticas
públicas de desarrollo.
El proyecto merece ser tomado en cuenta
porque plantea una estrategia de un movimiento político popular que
surja desde abajo “y a la izquierda”, con absoluta independencia de los
corrompidos partidos políticos que desde hace mucho extraviaron su
ideología y principios, y con ellos su compromiso de representar a la
sociedad. Al colocar a los indígenas y sus irresueltos problemas al
centro de los grandes debates nacionales no sólo se harán visibles las
agresiones en su contra sino las que padecen desde hace muchos años
millones de mexicanos.
Al igual que los pueblos originarios y
las comunidades campesinas, en las grandes ciudades los núcleos
marginados son segregados y reprimidos por la autoridad. Y no hay mucha
diferencia en los despojos que enfrentan en sus tierras los grupos
indígenas y el terrorismo fiscal de que son objeto millones de
contribuyentes cautivos, comerciantes y pequeños y medianos empresarios.
El despojo del agua es otro de los problemas comunes a millones de
mexicanos; a unos se les pretende arrebatar el vital líquido de sus
comunidades para entregarlo a proyectos de empresas privadas y a otros,
se les pretende cobrar su suministro a precios inalcanzables al
concesionar su servicio a empresas particulares. Por tal razón, los
objetivos de lucha tienen un mismo origen: el despojo de derechos
elementales, consagrados en la Constitución, como el acceso al agua.
Además cabe mencionar que la
inestabilidad laboral y la situación de angustia por alimentar a sus
familias no es privativa de los habitantes de las zonas rurales; también
en las grandes urbes la falta de empleo y la aplicación, ahora legal,
del outsourcing fomenta la precariedad en el empleo y mayor pobreza. En cada semáforo y crucero los fantasmas
del hambre aparecen todos los días como muestra del fracaso de un
modelo económico que ha polarizado a México en un país donde una minoría
es extremadamente rica y una inmensa mayoría apenas subsiste en la
miseria.
Ante esta brutal desigualdad es que
tenemos que luchar por devolver su sentido de justicia social a nuestra
Constitución, trabajando desde las bases del pueblo y de la sociedad
civil candidaturas independientes como la planteada por el CNI y el
EZLN, ajenas a todo partido político que garanticen un proyecto que
rescate a la nación, rumbo a las elecciones de 2018.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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