83% de muertos en sismo, por corrupción
• 0
Los dos factores que condenan a México a padecer letales desastres por fenómenos naturales son la corrupción y la pobreza: éstos causan el “83 por ciento de muertes en edificios colapsados en sismos”. La tercera gran falla de este país es el uso político del dinero público para rescatar y reconstruir
Corrupción y pobreza vuelven a herir a México: ambos factores son identificados por el propio gobierno federal como origen de la vulnerabilidad del país ante los fenómenos naturales, como el sismo del pasado 19 de septiembre que cobró la vida de al menos 302 personas, y el del día 7 del mismo mes, con saldo de 96 víctimas fatales.
83% de muertos en #sismo, por #corrupción Clic para tuitear
Considerados en la Agenda Nacional de Riesgos
como la novena gran amenaza a la seguridad nacional, los desastres
naturales encuentran un tercer factor que profundiza el perjuicio social
y económico: el uso político de los fondos públicos para rescatar a las
víctimas, atender la emergencia y posteriormente reconstruir las zonas
afectadas.
Estos tres elementos marcan la incapacidad gubernamental para prevenir, enfrentar y contener las catástrofes, revelan tanto la Agenda Nacional de Riesgos como diversos análisis del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Uno de esos estudios –Impacto socioeconómico de los desastres. De la vulnerabilidad a la resiliencia–
destaca que “el 83 por ciento de todas las muertes ocurridas en
edificios colapsados en terremotos han ocurrido en países con altos
niveles de corrupción y pobreza”, según lo observado por el científico
Roger Bilham, investigador de la Universidad de Colorado, Estados
Unidos.
Otro estudio –Los fenómenos
naturales y su efecto en los grupos más vulnerables de México– señala
que las estadísticas del “Cenapred permiten estimar que el 65 por ciento
de las víctimas generadas por los desastres ocurre entre los pobres”.
En tanto, la Agenda Nacional de Riesgos –un diagnóstico profundo de las amenazas a la seguridad nacional, elaborado por los órganos de inteligencia del país y al que Contralínea
tuvo acceso– refiere entre las máximas vulnerabilidades el “uso
político de autoridades estatales y municipales en la distribución de
recursos del Fondo de Desastres Naturales”.
Las vidas perdidas
Así,
ocho de cada 10 muertes ocurridas durante los sismos del 7 y 19 de
septiembre pasados tuvieron su origen en actos de corrupción de
inmobiliarias y autoridades de los tres niveles de gobierno o en las
condiciones de pobreza y marginación que padecen más de 53 millones de
mexicanos, según las estadísticas oficiales.
“El
nivel de impacto de un fenómeno natural no está determinado por el
nivel de intensidad, sino por el grado de vulnerabilidad del sistema
expuesto y de su población”, admite el análisis Impacto socioeconómico de los desastres, elaborado por el maestro Norlang García Arróliga, adscrito a la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales del Cenapred.
Ambos
terremotos –el primero oscilatorio de 8.2 grados Richter y el segundo
trepidatorio de 7.1 grados– han marcado un retroceso de 16 años en
materia de prevención y atención a desastres causados por fenómenos
naturales, se desprende de los estudios del Centro Nacional de
Prevención de Desastres.
En conjunto,
éstos han cobrado la vida de, al menos, 398 personas en ocho entidades
del país (Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Puebla, Guerrero,
Estado de México y Tabasco). Esta cifra mortal, aún preliminar, ya
superó el promedio anual nacional, estimado por el Centro en 175 muertes
por año.
Un solo sismo, el del 19 de
septiembre, causó más víctimas que esa media nacional sostenida durante
el periodo de 2000 a 2016. En ese lapso, refiere el documento Impacto socioeconómico de los desastres, 2
mil 982 personas perdieron la vida durante catástrofes de este tipo,
principalmente por daños causados por tormentas y huracanes.
Además,
en esos 16 años las pérdidas económicas se estimaron en 33 mil 948
millones de dólares (unos 577 mil millones de pesos a un tipo de cambio
de 17 pesos por dólar).
“El desastre
es considerado como la interrupción brusca de la vida cotidiana,
generadora de pérdidas de vidas humanas, materiales y ambientales
generalizadas que supera la competencia de la comunidad afectada para
sobreponerse exclusivamente a través de sus propios medios”, refiere el
análisis Los desastres en la historia. ¡Recordar es aprender!, elaborado por Carlos Miguel Valdés González, director general del Cenapred.
La corrupción
Treinta
y dos años después del terremoto de 1985, el sismo de este 19 de
septiembre también fue devastador, aunque en menor magnitud. En el caso
de la capital, el colapso de al menos 44 edificios y las 3 mil 848
estructuras que resultaron severamente dañadas dejan al descubierto el
incumplimiento de las normas mínimas de edificación, establecidas en el
Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México.
En
este caso, la supervisión de las condiciones de seguridad en materia de
protección civil también fallaron. Quizá, el caso más dramático –por
involucrar a un sector altamente vulnerable– es el del colegio Enrique
Rébsamen, ubicado en la delegación Tlalpan, al Sur de la ciudad, donde
al menos 19 menores de edad y cinco adultos perdieron la vida.
En
las ocho entidades afectadas, la corrupción de autoridades locales,
estatales y federales intervino en este desastre. En el primer sismo,
por ejemplo, en algunas zonas de Chiapas y Oaxaca la alarma sísmica
–mecanismo que previene a la población segundos antes del fenómeno
natural para que evacue y se resguarde en áreas seguras– no sonó por
falta de pago de la energía eléctrica.
Además, de acuerdo con la Agenda Nacional de Riesgos,
una de las mayores vulnerabilidades de México es la “deficiente
regulación del uso de suelo y del desarrollo urbano, que genera
multiplicación de asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo”.
En
la capital, por ejemplo, las construcciones inmobiliarias han
proliferado en forma desordenada y violatoria a leyes y reglamentos,
además de la oposición de vecinos. Según lo denunciado por afectados,
esta situación se observa sobre todo en las delegaciones Cuauhtémoc,
Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán.
En
esos lugares constantemente se ha denunciado el uso de permisos
irregularidades, que conceden tanto las delegaciones como la
administración capitalina. Aunado a lo anterior, algunas vialidades
capitalinas también resultaron afectadas, pese a que están obligadas a
cumplir normas para resistir fenómenos de este tipo.
En su análisis Los desastres en la historia. ¡Recordar es aprender!,
el director general del Cenapred señala que México es un país de
sismos: de 1910 a la fecha se han registrado terremotos importantes. En
cada sexenio, apunta, ha habido cuando menos un temblor considerable.
Por
ello, advierte que “para evitar la construcción del riesgo sísmico es
importante planear el crecimiento de las ciudades y hacerlo en forma
ordenada y adecuada”.
La pobreza
El
segundo factor que ha condenado a México a padecer desastres
devastadores por fenómenos naturales, la pobreza, tiene implicaciones
que difícilmente pueden superarse.
Y
es que no sólo se trata del hecho de que el 65 por ciento de las
víctimas generadas por estas catástrofes sean los pobres, sino que
además “existe evidencia de que los desastres naturales han contribuido a
elevar los niveles de pobreza y desigualdad en México”, refiere el
Cenapred.
Lo anterior, indica la
dependencia de la Secretaría de Gobernación, se debe a que estos
fenómenos “tienden a impactar más que proporcionalmente a los miembros
más pobres de la sociedad, y a que ellos son los menos capaces de
responder adecuadamente a choques repentinos que destruyen sus
pertenencias y reducen drásticamente sus ingresos”.
Para
el Centro Nacional de Prevención de Desastres, es fundamental que la
protección a los pobres frente a tales fenómenos constituya un elemento
importante en las estrategias gubernamentales para el combate a la
pobreza.
Además, se deberían generar
políticas públicas para mitigar los efectos de los desastres en el nivel
de vida de los estratos y regiones más pobres del país, considera la
institución.
Las demás vulnerabilidades
El
tercer factor que opera contra los mexicanos en caso de un fenómeno
natural es el “uso político de autoridades estatales y municipales en la
distribución de recursos del Fondo de Desastres Naturales”, refiere la Agenda Nacional de Riesgos.
Y
es que pareciera que, en automático, los damnificados se convierten en
el botín electoral de los políticos: el lucro de la desgracia se
advierte desde el primer instante. Baste recordar al presidente de la
República, Enrique Peña, a su esposa Angélica Rivera, tomándose la foto
mientras empaquetaban víveres o distribuían la asistencia social en
Chiapas y Oaxaca.
Otras vulnerabilidades que advierte la Agenda
son: “acciones limitadas de los gobiernos federal, estatales y
municipales para afrontar las contingencias”; “insuficientes
instrumentos de transferencia de riesgos para atender desastres
naturales de muy alta magnitud”; “incremento en el número y magnitud de
los fenómenos naturales como consecuencia del cambio climático”;
“déficit de la oferta de gas natural seco por un exceso de demanda
diaria que rebasa las inyecciones al Sistema Nacional de Gasoductos”.
Asimismo,
apunta los “limitados recursos humanos, técnicos y económicos para
atender emergencias”. Algo que quedó demostrado en las horas posteriores
al sismo del pasado 19 de septiembre, cuando fue la sociedad la que se
volcó a asistir a las víctimas.
La
tarde y noche de ese día, miles de personas salieron a las calles en
busca de medicinas, alimentos, agua, herramientas. En Ciudad
Universitaria, las manos de los voluntarios, predominantemente jóvenes,
no descansaron: por horas, se entrelazaron para apilar la ayuda.
Después, mucho después, llegaría la asistencia del gobierno.
Nancy Flores
Fuente
Comentarios