Presupuestan 500 millones de pesos para implementar la reforma laboral
El 75% de la bolsa será para el Poder Judicial,
que deberá crear los primeros tribunales laborales. El resto es para la
STPS y la instalación del nuevo Centro Federal de Conciliación Registro
Laboral.
El gobierno federal presupuestó casi 500 millones de pesos para poner en marcha el próximo año la primera fase de la reforma laboral. De esa partida, 375 millones serán para la creación de 20 tribunales de justicia del trabajo.
Para la instalación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), el cual por ley tiene que crearse a finales de este año, se planea gastar 105 millones de pesos. La instauración de esos tribunales y del CFCRL supondrá la desaparición gradual de las actuales juntas de conciliación y arbitraje.
En la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, el Ejecutivo Federal subraya que la reforma del trabajo es “un elemento clave en la política económica del país”. Es así, ya que fue una condición de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos para negociar el acuerdo comercial entre los tres países, el T-MEC.
En el primer semestre del 2019 el Congreso de la Unión reformó la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral y democracia sindical y, con ello, fijó funciones y plazos de inicio para los nuevos órganos. Así en dos años habrá dos instancias independientes para resolver los conflictos del trabajo.
Los casos pasarán a los centros de conciliación. Si en esa primera instancia el trabajador y la parte patronal no se ponen de acuerdo, el caso lo tomará un juez especializado. Para ello habrá que crear nuevos tribunales.
“Se privilegia la conciliación prejudicial como mecanismo fundamental para resolver los conflictos laborales. En esta tesitura, todo conflicto laboral deberá someterse a los centros de conciliación federal y estatales de forma previa a la presentación de acciones ante los tribunales laborales, procurando que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo razonable, en plazos breves, sin recurrir a las instancias judiciales.
“Los conciliadores serán funcionarios de carrera, profesionales y capacitados en mediación y solución de controversias, y serán aliados de los Tribunales al atajar y resolver un importante número de casos antes que se judicialicen”, detalla el Primer Mandatario.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) contará, a su vez, con 105.7 millones de pesos “a fin de que impulse la creación del CFCRL”. Ese órgano, con autonomía de gestión y presupuestaria, será el encargado, además de impulsar la conciliación en los conflictos laborales, de registrar todos los contratos colectivos de trabajo y los sindicatos.
También verificará que las elecciones de las dirigencias sindicales se realicen conforme a las nuevas reglas democráticas. Que el voto sea libre, secreto y directo. Asimismo, será el único organismo que pueda emitir la constancia de representatividad a los sindicatos. Ese documento es requisito para celebrar un contrato colectivo para modificarlo.
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Escrito por:
Blanca Juárez
El gobierno federal presupuestó casi 500 millones de pesos para poner en marcha el próximo año la primera fase de la reforma laboral. De esa partida, 375 millones serán para la creación de 20 tribunales de justicia del trabajo.Para la instalación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), el cual por ley tiene que crearse a finales de este año, se planea gastar 105 millones de pesos. La instauración de esos tribunales y del CFCRL supondrá la desaparición gradual de las actuales juntas de conciliación y arbitraje.
En la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, el Ejecutivo Federal subraya que la reforma del trabajo es “un elemento clave en la política económica del país”. Es así, ya que fue una condición de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos para negociar el acuerdo comercial entre los tres países, el T-MEC.
Cambios implementados
Desde 2017, con la reforma a la Constitución, diputados y senadores acordaron un nuevo modelo de justicia laboral. Convinieron eliminar las juntas de conciliación y arbitraje, que dependían del Poder Ejecutivo, y sustituirlas por tribunales laborales, que ahora pertenecerán al Poder Judicial.En el primer semestre del 2019 el Congreso de la Unión reformó la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral y democracia sindical y, con ello, fijó funciones y plazos de inicio para los nuevos órganos. Así en dos años habrá dos instancias independientes para resolver los conflictos del trabajo.
Los casos pasarán a los centros de conciliación. Si en esa primera instancia el trabajador y la parte patronal no se ponen de acuerdo, el caso lo tomará un juez especializado. Para ello habrá que crear nuevos tribunales.
“Se privilegia la conciliación prejudicial como mecanismo fundamental para resolver los conflictos laborales. En esta tesitura, todo conflicto laboral deberá someterse a los centros de conciliación federal y estatales de forma previa a la presentación de acciones ante los tribunales laborales, procurando que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo razonable, en plazos breves, sin recurrir a las instancias judiciales.
“Los conciliadores serán funcionarios de carrera, profesionales y capacitados en mediación y solución de controversias, y serán aliados de los Tribunales al atajar y resolver un importante número de casos antes que se judicialicen”, detalla el Primer Mandatario.
Distribución inicial
El próximo año “el Poder Judicial de la Federación (PJF) tendrá como prioridad implementar la primera fase” de esta reforma, señala el documento de exposición de motivos. El primer paso será la instalación de 20 tribunales laborales, el PJF tendrá para ello 375.3 millones de pesos.La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) contará, a su vez, con 105.7 millones de pesos “a fin de que impulse la creación del CFCRL”. Ese órgano, con autonomía de gestión y presupuestaria, será el encargado, además de impulsar la conciliación en los conflictos laborales, de registrar todos los contratos colectivos de trabajo y los sindicatos.
También verificará que las elecciones de las dirigencias sindicales se realicen conforme a las nuevas reglas democráticas. Que el voto sea libre, secreto y directo. Asimismo, será el único organismo que pueda emitir la constancia de representatividad a los sindicatos. Ese documento es requisito para celebrar un contrato colectivo para modificarlo.
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