El Tmec y el campo mexicano
• 0
**Princeton University
Fuente
El
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (Tmec) fue firmado en
noviembre de 2018 por el entonces presidente de México, Enrique Peña
Nieto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer
ministro de Canadá, Justin Trudeau. Después de 1 año de negociaciones y
modificaciones, y ya durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador,
el Tmec fue ratificado por la Cámara de Senadores en México a finales de
2019, y luego por el Poder Legislativo de Estados Unidos en enero de
este año, por lo que ahora sólo falta la aprobación por parte de Canadá
para que, después de 90 días de su ratificación absoluta, el tratado
entre en vigor reemplazando al actual Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN).
Con la entrada en vigor del TLCAN hace
más de 25 años no sólo se redujeron los apoyos directos a la producción
agrícola, como los precios de garantía, sino que tampoco se
desarrollaron políticas públicas de acceso a financiamiento e
infraestructura que permitieran a productoras y productores campesinos
ingresar a mercados de exportación.
La parte del Tmec enfocada en la
agricultura es, en muchos aspectos, una continuación del TLCAN debido a
que, entre otras cosas, refuerza la imposición de políticas de libre
mercado en regiones que aún conservan su colectividad, y en las que hace
falta apoyo financiero y tecnológico que favorezcan la producción de
alimentos de consumo local y nacional, para poder competir con grandes
productores y preservar las formas de producción tradicionales. Así, las
políticas del libre mercado buscan los mayores índices de producción al
menor costo, lo que deriva en un mayor consumo.
Por otro lado, el modelo agroindustrial
que se impuso desde el TLCAN y se hereda ahora en el Tmec, se enfoca en
la producción masiva sin atender la inocuidad, la calidad y el valor
nutricional de los alimentos, ni tampoco los daños que ocasiona en el
medio ambiente, en la salud de productores y consumidores, y en
elementos bioculturales de las comunidades campesinas, como los procesos
tradicionales de modificación de semillas y las mismas semillas
nativas.
Con respecto a la propiedad privada, un
punto problemático del Tmec es el requerimiento al Estado mexicano de
confirmar el Acta de 1991 del Convenio de la Unión Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), que establece la
capacidad de patentar nuevas variaciones de semillas, particularmente
por parte de empresas. México había confirmado el Convenio UPOV de 1978
con la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV), pero todavía no ha
firmado la actualización de 1991.
Quienes proponen la confirmación del
acta UPOV 91 sostienen que es necesaria para crear un incentivo de
inversión en la creación de nuevas variedades de semillas más
resistentes a las sequías o con mayor rendimiento, pero no consideran
los daños que ocasionará en las comunidades campesinas, en las
variedades de semillas de maíz, incluso las violaciones a derechos
humanos, ya que no permitieron la participación por la parte de las
comunidades afectadas por los cambios en la ley.
El diputado federal Eraclio Rodríguez
Gómez presentó en febrero de 2019 una iniciativa de reforma a la LFVV
que, en sintonía con el acta UPOV 91, no sólo facilita la privatización
de semillas nativas, sino que también criminaliza a “quien aproveche o
explote una variedad vegetal protegida, su material de propagación o el
producto de la cosecha, para su producción, reproducción, preparación,
oferta, distribución, venta, producción comercial de otras variedades
vegetales o variedades esencialmente derivadas, o cualquier otra forma
de aprovechamiento”, con sanciones de dos a seis años de prisión, entre
otras medidas similares.
El sistema informal de intercambio de
semillas por parte de comunidades campesinas ha permitido la
diversificación del maíz con más de sesenta razas, las cuales pueden
crecer en climas y suelos distintos. A simple vista no es posible
identificar una semilla protegida, por lo que las amenazas de prisión y
multas considerables reducirían la eficacia del sistema de intercambio
que ha existido desde siglos atrás.
El artículo tercero de la iniciativa de
reforma a la LFVV dice que un propósito de la ley es “proteger el uso de
variedades vegetales utilizadas por las comunidades rurales cuyo origen
es el resultado de sus prácticas, usos y costumbres y que tendrán el
derecho de explotarlas tradicionalmente, derecho que deberá expresarse
claramente en el Reglamento de esta Ley”. Esta condición no es
suficiente, ya que los intercambios son informales y también pueden
incluir las semillas comerciales.
Las semillas de los intercambios no
vienen con documentación sobre sus orígenes, y por eso la frase “cuyo
origen es el resultado de sus prácticas” es demasiado vaga. De este
modo, existe el riesgo de que las semillas cuyo origen es el resultado
de las prácticas tradicionales, también incluyan material genético de
las semillas patentadas, poniendo en peligro a campesinas, campesinos, y
a las mismas comunidades. Sin acceso a las semillas de intercambio,
miles de campesinas y campesinos tendrían que decidir entre salir de sus
comunidades para proveer de lo necesario a sus familias, o arriesgarse a
ser dependientes de las semillas de las empresas.
La privatización de las semillas es un
peligro gigantesco en una sociedad en la que muchos campesinos y
campesinas dependen del intercambio anual de semillas para siembra, lo
cual es aún más peligroso en el caso de México, al ser el centro de
origen de semillas como el maíz. El acervo genético de maíz mantiene su
diversidad debido a que campesinos y campesinas intercambian las
semillas.
Por consiguiente, el derecho a la
alimentación, el derecho colectivo a la biodiversidad y el derecho a la
salud, se verán restringidos con la aprobación del T-MEC, y de ser
aprobada la reforma a la LFVV, de igual manera los costos de producción
incrementarían, y la agricultura para el autoconsumo sería afectada con
el riesgo de prosecución por el uso de semillas patentadas, incluso si
son resultado del intercambio entre comunidades campesinas.
Una vez más, el Estado mexicano ha
firmado, sin una consulta libre, previa e informada, un tratado
comercial que afecta seriamente a comunidades campesinas e indígenas en
situación de vulnerabilidad. Los efectos del Tmec amenazan nuevamente
con otro abandono del campo que resultará en rompimiento del tejido
social, así como con la interrupción de la economía del campo,
especialmente en un momento en que el bienestar de éste es todavía más
importante para combatir la pobreza y erradicar la violencia estructural
que gran número de comunidades enfrentan, debido, entre otras razones,
al fortalecimiento del crimen organizado.
*Colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHVitoria)**Princeton University
Fuente
Comentarios