Ni con el “pétalo” de un dictamen, senadores tocarán al outsourcing
Todo
apunta a que nuevamente serán los empresarios quienes dicten la línea a
seguir en materia de derechos laborales en el Senado de la República,
para impedir que el abuso de la subcontratación ilegal les imponga
justas sanciones por utilizar al outsourcing como medio de
evasión fiscal y de incumplimiento a sus obligaciones en materia
laboral, entre ellas, la seguridad social, el reparto de utilidades y la
afiliación de sus empleados al IMSS.
Desde el pasado 3 de diciembre en que
fue aprobado en comisiones el dictamen de las comisiones unidas de
Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos de la Cámara Alta,
la clase empresarial que se ha beneficiado con la subcontratación al
incumplir con sus obligaciones laborales y fiscales manifestó su
desacuerdo con lo establecido por los senadores de equiparar el abuso de
la tercerización ilegal como un delito del crimen organizado.
Por supuesto que los empresarios tienen
razones más que justificadas para oponerse a una reglamentación que
defienda los derechos de casi 5 millones de trabajadores -en su mayoría
jóvenes-, que laboran bajo este esquema. De acuerdo con datos oficiales,
los empresarios se llevan a sus bolsillos unos 25 mil millones de pesos
al año por evasión al fisco.
Si se suman los 12 años de los sexenios
de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tenemos que los hombres del
dinero ganaron de manera indebida 300 mil millones de pesos, mientras
que una generación entera de mexicanos perdió su derecho a la antigüedad
laboral, a la seguridad en el empleo y el acceso a la seguridad social
para contar con un servicio médico oportuno, el acceso a una vivienda y
una pensión justa.
Parece que muchos legisladores de Morena
olvidaron que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari los
sindicatos independientes, e incluso hasta el corporativismo oficial
expresado en centrales como la CTM y la CROC, se opusieron a la
intención de Cámaras Empresariales para modificar la Ley Federal del
Trabajo que, en aras de la inversión y la productividad, exigían
legalizar la flexibilidad laboral; argumentos muy similares a los
manejados ahora por los voceros de la iniciativa privada y sus
incondicionales en el Senado.
Valga recordar ahora que los hombres del
dinero parece que lograron una vez más convencer a altos funcionarios
para marcar línea a los senadores de su partido, en contrasentido a los
derechos de millones de trabajadores, el compromiso que hiciera en su
mensaje de toma de posesión del 1 de diciembre de 1988, cuando Salinas
de Gortari ratificó su compromiso de campaña en el sentido de que la
legislación laboral se reformaría. La propuesta hecha entonces al
presidente por organismos cúpula como la Coparmex y la Concanaco,
establecía, entre otros puntos: “permitir que los empleadores
administraran con flexibilidad a su personal y sus condiciones de
trabajo”.
La intención de pulverizar los derechos
laborales de la clase trabajadora del país terminó por desecharse en la
LIV Legislatura, pues además pretendía iniciar un debilitamiento de los
sindicatos, lo que representó una serie amenazas, incluso para el
corporativismo charro, ligado al PRI
En teoría, el nuevo gobierno maneja la
tesis de ir desmantelando el neoliberalismo que tanto daño hizo a las
clases trabajadora y campesina y a sectores marginados como el de los
indígenas, pero es indudable que en varios funcionarios de alto nivel
prevalecen los genes del modelo económico que a lo largo de seis
sexenios devastó la economía nacional y el nivel de vida de millones de
mexicanos.
Es tal la aberración legislativa con la que se pretende dar marcha atrás al dictamen para regular el outsourcing,
que incluso sindicatos de filiación priísta como la CTM, la CROM y la
CROC, además de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), signaron hace
unas semanas con otras organizaciones más, un documento de apoyo a la
propuesta de diciembre pasado, impulsada por el senador Napoleón Gómez
Urrutia.
Los firmantes se pronunciaron a favor de
impulsar una correcta legislación laboral que “salvaguarde los derechos
de las y los trabajadores de México”, dotando a las autoridades de
herramientas suficientes para erradicar lo que ellos llaman el outsourcing ilegal.
“El que la ley prevea las
características que debe reunir una subcontratación correcta, y por ende
legal, es un avance legislativo enorme, ya que de esa forma se eliminan
las ambigüedades que el outsourcing ilegal aprovecha para
continuar operando. Se fortalece la subcontratación que México debe
apoyar y, de ese modo, se impide que las y los trabajadores sean
víctimas de una competencia desleal, con condiciones laborales
perjudiciales que se han gestado a partir de la propagación del outsourcing ilegal”, establecieron en su posicionamiento.
Añadieron en su comunicado que “con esta
redacción se salvaguardan los derechos de los trabajadores (antigüedad,
prestaciones sociales, reparto de utilidades, seguridad en el empleo y
libre sindicación) y se desincentivan prácticas viciadas que se traducen
en la utilización de empresas fachada, defraudación fiscal y hasta
lavado de dinero”.
Denunciaron: “Las modificaciones que se
pretenden introducir al dictamen de la comisión que preside el senador
Gómez Urrutia permiten que siga el fenómeno de outsourcing
ilegal. De hecho, tales modificaciones coinciden o corresponden con las
que GRUPO GIN, el mayor subcontratista de México, circuló y ha
cabildeado, a pesar de que es el símbolo del outsourcing
ilegal, de acuerdo con la propia Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y diversos medios de
comunicación del país”.
Y alertaron: “De introducirse esos
cambios al proyecto aprobado por las Comisiones Unidas del Senado, no
sólo se permitiría que siga funcionando el outsourcing ilegal,
que tanto daño ha causado al país, sino más grave aún, lo legalizaría,
en detrimento de los derechos más elementales de los trabajadores y del
erario público”.
Y en su conclusión, no dejaron duda
alguna sobre quiénes modificaron lo aprobado en diciembre pasado para no
tocar ni con el “pétalo” de un dictamen a la subcontratación: “Si
comparamos el proyecto de reformas que GRUPO GIN ideó y ha cabildeado,
con el que ahora se presenta como resultado de acuerdos en las reuniones
de las mesas de alto nivel, es fácil concluir que presentan una
alarmante coincidencia”.
El propio senador Gómez Urrutia habló de
la necesidad de dejar en claro en el órgano legislativo, “quienes
estamos en favor de la defensa de los derechos de los trabajadores y
quiénes representan otro tipo de intereses”.
Loable tal posición, pero es altamente
probable que los genes neoliberales terminarán por imponerse para
cambiar el sentido del voto y la responsabilidad histórica de muchos
senadores, transformándolos en portavoces y defensores de la clase
empresarial. Una vez más, la clase trabajadora será acuchillada por la
espalda a manos de los supuestos representantes del pueblo.
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