Dan banderazo a la implementación de la nueva justicia laboral en 13 estados
Después de concluir la fase de planeación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que iniciará la ejecución de la segunda etapa de implementación del nuevo modelo de justicia laboral en 13 estados del país. El 1 de octubre estas entidades se sumarán a las ocho que el año pasado iniciaron la operación de los mecanismos de resolución de conflictos emanados de la reforma laboral del 2019.
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz son las entidades que verán nacer a las nuevas autoridades encargadas de mediar y resolver los problemas entre trabajadores y empleadores.
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El nuevo modelo de justicia laboral opera desde noviembre pasado en ocho entidades: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo (este último en únicamente en materia federal). En estos territorios, a partir de noviembre de 2020, los conflictos laborales se resuelven en menos tiempo, pasando en primera instancia por la vía de conciliación y, en caso de no llegar a un acuerdo, iniciando un juicio en los tribunales laborales.
Durante la tercera reunión de coordinación interinstitucional entre autoridades federales y locales de los estados que integran la segunda etapa de implementación de la reforma laboral, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), destacó que esta nueva fase resulta clave para concretar la creación de la infraestructura física, así como construir y fortalecer las diferentes capacidades humanas que se requieren para este objetivo.
“Hay un compromiso de todas las instituciones y todas las entidades federativas. Participamos no sólo en una transformación del mundo del trabajo, sino en dar cumplimiento a los compromisos internacionales del país”, expresó la secretaria del Trabajo.
Para este año, la Cámara de Diputados autorizó un presupuesto de 2,482 millones de pesos para la operación de las autoridades que se crearon este año y la implementación de la segunda etapa de la reforma laboral.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta con una bolsa de 649 millones para que las 13 entidades que conforman la segunda etapa del proyecto accedan a un subsidio para la transición del esquema de justicia.
Luisa María Alcalde recordó que ha visitado algunas de las entidades federativas que transitarán al nuevo modelo laboral a partir del 1 de octubre, y reconoció que se ha mantenido una muy buena sinergia con todas las autoridades estatales y los sectores obrero-patronal, lo que ha permitido estrechar vínculos de coordinación institucional entre el gobierno federal y los locales para concretar acuerdos en materia de armonización legislativa.
Por último, la funcionaria federal subrayó que a partir del próximo 1 de mayo la función de legitimación de contratos colectivos de trabajo se transfiere al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), por lo que ahora dicha institución dictaminará en torno a estos procesos.
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