Tres medidas que deben ir tomando las empresas ante la reforma de outsourcing
EL ECONOMISTA
En la Cámara de Diputados avanza la reforma para regular la subcontratación, el dictamen favorable está listo para ser votado. Será mejor, advierten especialistas, que las empresas se preparen con medidas financieras, jurídicas y operativas.
“La subcontratación laboral en México se convirtió en una herramienta que generó empleos”, reconocen las comisiones unidas del Trabajo y de Hacienda en el proyecto de dictamen de la reforma. Prueba de ello, señalan es que en 2018 en México más de 3.5 millones de personas trabajaban bajo ese esquema.
Sin embargo, agregan, “se requiere generar certidumbre en los derechos laborales de las y los trabajadores”. Es necesario garantizar “el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la erradicación de las malas prácticas” en esta figura de relación laboral.
Por ello. ambas instancias legislativas consideran que la subcontratación de personas debe estar prohibida y permitirse sólo la de servicios u obras especializadas, tal como lo propuso el gobierno federal. El documento incluye los cambios a la propuesta original del presidente Andrés Manuel López Obrador, acordados con representantes empresariales y obreros.
Integrantes de Morena impulsan que esta reforma esté lista en la Cámara de Diputados la próxima semana. De esa manera, en la segunda quincena de abril el Senado podría concluir el trámite legislativo antes de que termine el periodo ordinario de sesiones.
Para los abogados Jorge Sales Boyoli y Oscar de la Vega, en tanto, las empresas deben avanzar en hacer cambios para integrar a su nómina al personal que no reconocían como propio, y que actualmente está bajo figuras de insourcing, así como revisar las primas de riesgo para el pago de la seguridad social.
La parte financiera
Muchas empresas que antes no repartían utilidades al personal que tenían subcontratado ahora lo tendrán que hacer, apunta Jorge Sales, fundador y director general del despacho Sales Boyoli.
Derivado de las negociaciones con el gobierno federal, las organizaciones de empresas lograron limitar el pago de utilidades a tres meses de salario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años. “Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador”, indicaría el artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo (LFT) de ser aprobada la reforma.
Este cambio “es positivo porque, sin ese tope, iba a ser un incremento de 10% en los costos laborales para las empresas. Prácticamente, un impuesto adicional”, dice el abogado Oscar de la Vega. Aunque reconoce que el Ejecutivo federal sí escuchó al sector privado, reclama que con la reforma “se vuelve más costoso hacer negocios en el país”.
Algunas empresas tendrán que reconfigurar sus prestaciones para compensar el dinero que antes no erogaban en utilidades, dice Sánchez Boyoli. Para las más grandes será sólo un gasto más, adicional, pero las más pequeñas deberán eliminar bonos o algún otro pago extra, algunos incluso tendrán que despedir personal.
No obstante, “es desproporcionado afirmar que la con la reforma en materia de subcontratación el desempleo va a aumentar, no va por ahí. Lo que va a ocurrir es que muchos empleados transitarán de la formalidad a la informalidad”.
Oscar de la Vega también señala que deberán analizar los riesgos de trabajo. Esto, porque tendrán la obligación de afiliar a esa nueva plantilla al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, dependiendo de las contingencias a las que esté expuesta, será la prima de riesgo que deberán pagar a dicho organismo.
Medidas jurídicas y operativas
Las empresas deberán buscar asesoría para acompañar sus planes financieros con estrategias jurídicas. Será fundamental “para el diseño de la transferencia de personal de una compañía a otra”, comenta Jorge Sales.
Quizá algunas organizaciones podrán reconocerles la antigüedad que habían acumulado, algunas verán más conveniente liquidar a ese personal subcontratado y empezar desde cero, agrega.
Finalmente, apunta, las medidas operativas. “Para esto no hay una sola receta, cada empresa, conforme a su actividad y su tamaño deberá considerarlas”. Por ejemplo, añade Sales Boyoli, “las cadenas de suministro y cadenas de producción van a tener que tomar acciones para fraccionar sus procesos productivos, o modificarlos o reducirlos”.
Las agencias de colocación quedan fuera de la reforma. Su actividad, que es suministrar personal quedará prohibida, subrayan ambos abogados. “Son las que tienen el mayor reto, tendrán que reinventarse”, dice Jorge Sales. Quizá podría migrar a volverse especializadas en un servicio u obra para que estuviera justificada su existencia en el próximo marco legal, abunda.
Estos cambios que se están llevando a cabo en México pueden seguir pareciendo radicales para algunos, indica. Sin embargo, es en realidad una tendencia en “gobiernos sociales”. En España ha comenzado la discusión sobre la subcontratación que en este país estamos resolviendo, agrega.
“A nivel mundial las estructuras laborales se están fracturando. Hay gran tendencia de repensar el mundo del trabajo, ahí está el teletrabajo, la renta universal, la regulación de plataformas digitales, por mencionar sólo algunos fenómenos”, detalla.
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