Crimen político
Octavio Rodríguez Araujo
Será melón, será sandía… Lo cierto es que el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas tenía las mayores probabilidades de ganar y lo mataron. Y como nadie sabe, entre la gente común, qué hace en realidad el crimen organizado, pues es fácil echarle la culpa de todo aquello que no se puede probar, aunque pudiera ser cierto. Igual ocurriría con organizaciones secretas, que si existen en México serían precisamente secretas y, por lo tanto, nada sabríamos de ellas y, por lo mismo, les podríamos echar la culpa de cualquier cosa.
Pero al margen de lo que podemos saber o no, por tratarse de un político el crimen es político, aunque formalmente sea del fuero común. Alguien no quiso que Torre gobernara Tamaulipas. Los crímenes políticos tienen esa extraña característica: nadie sabe, nadie supo y nadie sabrá. ¿Quién mató a Kennedy? ¿Quién a Colosio? ¿Quién a Digna Ochoa? ¿Quién a Rodolfo Torre Cantú? ¿Por qué, en este caso y antes de cualquier investigación, se concluyó desde el gobierno federal que el crimen organizado fue el autor de la ejecución? ¿No fue un dictamen muy apresurado? El asesinato de Francisco Serrano en Huitzilac (octubre de 1927) tiene semejanzas, por su modus operandi, con el de Torre Cantú: los bajaron de sus vehículos y los ejecutaron. En 1927 no se hablaba en México de crimen organizado, pero aunque hubiera existido nadie tiene duda de que las manos de Calles y Obregón tuvieron algo que ver con el asesinato de aquel candidato que quizá podía haber ganado la elección presidencial.
Sorprende la lógica tanto de Gómez Mont como de Calderón Hinojosa. Después de culpar al crimen organizado, derivaron una conclusión y un llamamiento. La conclusión es que fue un atentado contra las instituciones democráticas (lo que está por probarse primero), y el llamamiento es por la unidad nacional: todos, gobiernos, partidos y sociedad (los mexicanos, pues), debemos unirnos contra el crimen organizado, es decir legitimar la absurda e improvisada guerra que contra éste inició el gobierno de Calderón.
Sin investigación de por medio, ya surgió el veredicto, como ocurrió en 2007 con el caso de la anciana de Zongolica, Ernestina Ascensión Rosario (o como se apellidara, pues ni en esto se pusieron de acuerdo): “murió por gastritis crónica”. Esto quiere decir que cualquier investigación que se haga llegará al mismo resultado: al veredicto oficial.
La gran pregunta es: ¿qué pasaría si la procuraduría estatal, después de investigar, llegara a una conclusión diferente? Esta pregunta sólo tendría sentido si viviéramos en otro país, pues hasta en casos que en apariencia no tuvieron implicaciones políticas, como el de la niña Paulette, las autoridades se cubrieron entre sí para dictaminar que murió por un accidente, a pesar de todas las evidencias que millones de mexicanos pudimos sopesar y juzgar. ¿El procurador tamaulipeco será sustituido si se le ocurre hacer una investigación independiente, objetiva y no determinada por el veredicto, en este caso, del gobierno federal? Tal vez no se le ocurra, pues tanto los priístas como el mismo gobernador saliente saben que de todos modos ganarían, y más ahora, con el candidato que escojan. El artículo 158 del Código Electoral para el estado de Tamaulipas (publicado por la 40 Legislatura del estado) señala con claridad que: “En caso de cancelación del registro o sustitución de uno o más candidatos, las boletas que ya estuvieran impresas serán corregidas en la parte relativa o sustituidas por otras, conforme lo acuerde el Consejo Estatal Electoral. Si no se pudiera efectuar su corrección o sustitución, o las boletas ya hubiesen sido repartidas a las casillas, los votos contarán para los partidos políticos y los candidatos que estuviesen legalmente registrados ante el Consejo Estatal Electoral o Consejos Distritales y Municipales Electorales correspondientes, al momento de la elección.” (Las cursivas son mías.)
Lo verdaderamente preocupante, además del dolor de familiares y amigos del candidato asesinado, es que ya entramos, como país, en una dinámica demencial en la que todo puede ocurrir y al mismo tiempo no pasa nada. Han muerto alrededor de 24 mil personas en la lucha del gobierno de Calderón contra el crimen organizado, se han violado artículos constitucionales (como el 16) todos los días y, absurdamente, se usa como argumento para justificar retenes militares la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que en sus 27 páginas nada dice de que los soldados puedan establecer destacamentos para revisar las pertenencias de una persona, por ejemplo su vehículo, ni a la persona misma.
El derecho ha perdido su significado. Las leyes están escritas en papel mojado. La seguridad pública es cosa del pasado, el crimen organizado hace lo que le da la gana o dicen que lo hace a falta de otros culpables con nombre y apellido y bien parados con el poder institucional. Los veredictos sobre la culpabilidad de supuestos delincuentes ya no pasan siquiera por la expresión “presunto” y los criminales (presuntos o no) son muertos donde los encuentran los militares o los policías, sin leerles sus derechos, sin intentar apresarlos para ponerlos a disposición de la autoridad competente, sin someterlos a juicio. Regresamos al porfiriato: “mátalos en caliente y después viriguas”. ¡Vaya!, ni siquiera se les da el privilegio de la duda o de intentar demostrar que son inocentes (los muertos no pueden demostrar nada). Los amparos tampoco sirven. Acabo de leer una nota del subdirector de La Jornada Morelos donde se dice que el lunes pasado fue detenido Marco Antonio García Barrera, subsecretario del interior del SME en Cuernavaca, por elementos de la Policía Federal. Y tal detención se hizo a pesar de que el electricista mostró dos amparos interpuestos ante juzgados federales por posibles privaciones de su libertad.
No hay derecho, ni derechos. Hay, y lo acabamos de comprobar oyendo a Gómez Mont y a Calderón, juicios sumarios en los que se ha prescindido de las formalidades de una investigación y de los trámites de un juicio ordinario sobre un crimen político que también lo es del fuero común. Y todavía así nos convocan a unirnos en la guerra, que sin el concurso del Congreso de la Unión comenzó el Presidente de la República, como queriendo corresponsabilizar a todos los mexicanos que, por cierto, nunca fuimos consultados.
PD. En la madrugada del 29 de junio el electricista Marco Antonio García Barrera salió libre bajo fianza de 10 mil pesos que aportaron los jubilados del SME.
Fuente
Será melón, será sandía… Lo cierto es que el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas tenía las mayores probabilidades de ganar y lo mataron. Y como nadie sabe, entre la gente común, qué hace en realidad el crimen organizado, pues es fácil echarle la culpa de todo aquello que no se puede probar, aunque pudiera ser cierto. Igual ocurriría con organizaciones secretas, que si existen en México serían precisamente secretas y, por lo tanto, nada sabríamos de ellas y, por lo mismo, les podríamos echar la culpa de cualquier cosa.
Pero al margen de lo que podemos saber o no, por tratarse de un político el crimen es político, aunque formalmente sea del fuero común. Alguien no quiso que Torre gobernara Tamaulipas. Los crímenes políticos tienen esa extraña característica: nadie sabe, nadie supo y nadie sabrá. ¿Quién mató a Kennedy? ¿Quién a Colosio? ¿Quién a Digna Ochoa? ¿Quién a Rodolfo Torre Cantú? ¿Por qué, en este caso y antes de cualquier investigación, se concluyó desde el gobierno federal que el crimen organizado fue el autor de la ejecución? ¿No fue un dictamen muy apresurado? El asesinato de Francisco Serrano en Huitzilac (octubre de 1927) tiene semejanzas, por su modus operandi, con el de Torre Cantú: los bajaron de sus vehículos y los ejecutaron. En 1927 no se hablaba en México de crimen organizado, pero aunque hubiera existido nadie tiene duda de que las manos de Calles y Obregón tuvieron algo que ver con el asesinato de aquel candidato que quizá podía haber ganado la elección presidencial.
Sorprende la lógica tanto de Gómez Mont como de Calderón Hinojosa. Después de culpar al crimen organizado, derivaron una conclusión y un llamamiento. La conclusión es que fue un atentado contra las instituciones democráticas (lo que está por probarse primero), y el llamamiento es por la unidad nacional: todos, gobiernos, partidos y sociedad (los mexicanos, pues), debemos unirnos contra el crimen organizado, es decir legitimar la absurda e improvisada guerra que contra éste inició el gobierno de Calderón.
Sin investigación de por medio, ya surgió el veredicto, como ocurrió en 2007 con el caso de la anciana de Zongolica, Ernestina Ascensión Rosario (o como se apellidara, pues ni en esto se pusieron de acuerdo): “murió por gastritis crónica”. Esto quiere decir que cualquier investigación que se haga llegará al mismo resultado: al veredicto oficial.
La gran pregunta es: ¿qué pasaría si la procuraduría estatal, después de investigar, llegara a una conclusión diferente? Esta pregunta sólo tendría sentido si viviéramos en otro país, pues hasta en casos que en apariencia no tuvieron implicaciones políticas, como el de la niña Paulette, las autoridades se cubrieron entre sí para dictaminar que murió por un accidente, a pesar de todas las evidencias que millones de mexicanos pudimos sopesar y juzgar. ¿El procurador tamaulipeco será sustituido si se le ocurre hacer una investigación independiente, objetiva y no determinada por el veredicto, en este caso, del gobierno federal? Tal vez no se le ocurra, pues tanto los priístas como el mismo gobernador saliente saben que de todos modos ganarían, y más ahora, con el candidato que escojan. El artículo 158 del Código Electoral para el estado de Tamaulipas (publicado por la 40 Legislatura del estado) señala con claridad que: “En caso de cancelación del registro o sustitución de uno o más candidatos, las boletas que ya estuvieran impresas serán corregidas en la parte relativa o sustituidas por otras, conforme lo acuerde el Consejo Estatal Electoral. Si no se pudiera efectuar su corrección o sustitución, o las boletas ya hubiesen sido repartidas a las casillas, los votos contarán para los partidos políticos y los candidatos que estuviesen legalmente registrados ante el Consejo Estatal Electoral o Consejos Distritales y Municipales Electorales correspondientes, al momento de la elección.” (Las cursivas son mías.)
Lo verdaderamente preocupante, además del dolor de familiares y amigos del candidato asesinado, es que ya entramos, como país, en una dinámica demencial en la que todo puede ocurrir y al mismo tiempo no pasa nada. Han muerto alrededor de 24 mil personas en la lucha del gobierno de Calderón contra el crimen organizado, se han violado artículos constitucionales (como el 16) todos los días y, absurdamente, se usa como argumento para justificar retenes militares la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que en sus 27 páginas nada dice de que los soldados puedan establecer destacamentos para revisar las pertenencias de una persona, por ejemplo su vehículo, ni a la persona misma.
El derecho ha perdido su significado. Las leyes están escritas en papel mojado. La seguridad pública es cosa del pasado, el crimen organizado hace lo que le da la gana o dicen que lo hace a falta de otros culpables con nombre y apellido y bien parados con el poder institucional. Los veredictos sobre la culpabilidad de supuestos delincuentes ya no pasan siquiera por la expresión “presunto” y los criminales (presuntos o no) son muertos donde los encuentran los militares o los policías, sin leerles sus derechos, sin intentar apresarlos para ponerlos a disposición de la autoridad competente, sin someterlos a juicio. Regresamos al porfiriato: “mátalos en caliente y después viriguas”. ¡Vaya!, ni siquiera se les da el privilegio de la duda o de intentar demostrar que son inocentes (los muertos no pueden demostrar nada). Los amparos tampoco sirven. Acabo de leer una nota del subdirector de La Jornada Morelos donde se dice que el lunes pasado fue detenido Marco Antonio García Barrera, subsecretario del interior del SME en Cuernavaca, por elementos de la Policía Federal. Y tal detención se hizo a pesar de que el electricista mostró dos amparos interpuestos ante juzgados federales por posibles privaciones de su libertad.
No hay derecho, ni derechos. Hay, y lo acabamos de comprobar oyendo a Gómez Mont y a Calderón, juicios sumarios en los que se ha prescindido de las formalidades de una investigación y de los trámites de un juicio ordinario sobre un crimen político que también lo es del fuero común. Y todavía así nos convocan a unirnos en la guerra, que sin el concurso del Congreso de la Unión comenzó el Presidente de la República, como queriendo corresponsabilizar a todos los mexicanos que, por cierto, nunca fuimos consultados.
PD. En la madrugada del 29 de junio el electricista Marco Antonio García Barrera salió libre bajo fianza de 10 mil pesos que aportaron los jubilados del SME.
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