México: La guerra que no es tal
viernes 14 de enero de 2011
Eduardo Ibarra Aguirre
Más de 32 mil asesinados después, el comandante supremo de las fuerzas armadas que tanto gustaba de portar el uniforme de campaña hasta que los cartonistas popularizaron la hilarante imagen, jura y perjura que nunca utilizó el concepto guerra para denominar a la cruzada que emprendió contra el narcotráfico en el arranque de su gobierno.
Respondió textualmente el general de cinco estrellas, vestido de civil por supuesto, al director del Consejo Cívico e Institucional de Nuevo León: “Yo no lo he usado y sí puedo invitar a que revise todas mis expresiones públicas y privadas. Yo he usado el termino de lucha contra el crimen organizado y la lucha por la seguridad pública”.
Varios diarios capitalinos, entre ellos La Jornada, se dieron por invitados y le recordaron al titular del Ejecutivo con transcripción en mano, que el 5 de diciembre de 2006, antes de arrancar con el pionero operativo militar en Michoacán, aseguró a empresarios españoles que su gobierno trabajará “para ganar la guerra a la delincuencia”. El 20 de diciembre de 2007 subrayó ante integrantes de la Secretaría de Marina “el importante papel de nuestros marinos en la guerra que mi gobierno encabeza contra la inseguridad”. Para mayor abundamiento, en la misma página electrónica de la Presidencia de la República se localiza que el 12 de diciembre de 2008 dijo: “En esta guerra contra la delincuencia organizada, contra los enemigos de México, no habrá tregua ni cuartel”.
Naturalmente que el abogado, economista y administrador público está en su pleno derecho a desmentirse frente a la cruda realidad –y también ante la etílica que, dicen, nunca padece porque no la deja llegar--, pero no es permisible respecto a la estrategia presidencial preferida, la que más vidas humanas, zozobra y recursos materiales costó al país en los últimos 49 meses.
Aun cuando las estadísticas facilitadas por Alejandro Poiré Romero se correspondieran con la realidad, 15 mil 273 homicidios en 2010 significan prácticamente la mitad de los habidos en cuatro años. De igual manera, si 89 de cada 100 homicidios dolosos provienen de ejecuciones entre los consorcios criminales, no dejan de ser personas, mexicanos y jóvenes lanzados a la criminalidad por un modelo económico agotado en la aldea, mas defendido a ultranza por Calderón y la mayoría de los 40 dueños del país.
Que de aquellas ejecuciones la mitad se produjeron en Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas, 73 de cada 100 acaecieran en 73 municipios y la focalización tienda a pronunciarse, son valoraciones de un gobierno que por desgracia no logra que calen en la percepción ciudadana –mucho menos en los inversionistas y los potenciales visitantes extranjeros-- por la reiterada propensión al discurso triunfalista, las cuentas alegres y la propaganda que no convence ni a sus diseñadores.
Por ejemplo, Javier Lozano Alarcón descubrió, ahora que suspira por ser candidato de Acción Nacional a la Presidencia, que “hubo connivencia, sino es que convivencia o complicidad, o todas las anteriores”, entre las autoridades de entonces. Sólo que el secretario del Trabajo guardó cómplice silencio en los gobiernos de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox, de los que formó parte destacada.
Con tal despliegue de servilismo y frivolidad, desgraciadamente se acentuará el divorcio entre los gobernantes, la realidad y la percepción ciudadana, misma que registró cómo 60 pistoleros arrasaron 40 viviendas, 27 vehículos y una escuela en la comunidad indígena de Tierras Coloradas, Durango, mientras el fiscal general se enteró por la televisión local.
¡Ah que Jelipe! Dirían los campesinos de mi tierra, la cuna del narcotráfico desde hace 70 años y posteriormente de Los zetas.
Fuente
Eduardo Ibarra Aguirre
Más de 32 mil asesinados después, el comandante supremo de las fuerzas armadas que tanto gustaba de portar el uniforme de campaña hasta que los cartonistas popularizaron la hilarante imagen, jura y perjura que nunca utilizó el concepto guerra para denominar a la cruzada que emprendió contra el narcotráfico en el arranque de su gobierno.
Respondió textualmente el general de cinco estrellas, vestido de civil por supuesto, al director del Consejo Cívico e Institucional de Nuevo León: “Yo no lo he usado y sí puedo invitar a que revise todas mis expresiones públicas y privadas. Yo he usado el termino de lucha contra el crimen organizado y la lucha por la seguridad pública”.
Varios diarios capitalinos, entre ellos La Jornada, se dieron por invitados y le recordaron al titular del Ejecutivo con transcripción en mano, que el 5 de diciembre de 2006, antes de arrancar con el pionero operativo militar en Michoacán, aseguró a empresarios españoles que su gobierno trabajará “para ganar la guerra a la delincuencia”. El 20 de diciembre de 2007 subrayó ante integrantes de la Secretaría de Marina “el importante papel de nuestros marinos en la guerra que mi gobierno encabeza contra la inseguridad”. Para mayor abundamiento, en la misma página electrónica de la Presidencia de la República se localiza que el 12 de diciembre de 2008 dijo: “En esta guerra contra la delincuencia organizada, contra los enemigos de México, no habrá tregua ni cuartel”.
Naturalmente que el abogado, economista y administrador público está en su pleno derecho a desmentirse frente a la cruda realidad –y también ante la etílica que, dicen, nunca padece porque no la deja llegar--, pero no es permisible respecto a la estrategia presidencial preferida, la que más vidas humanas, zozobra y recursos materiales costó al país en los últimos 49 meses.
Aun cuando las estadísticas facilitadas por Alejandro Poiré Romero se correspondieran con la realidad, 15 mil 273 homicidios en 2010 significan prácticamente la mitad de los habidos en cuatro años. De igual manera, si 89 de cada 100 homicidios dolosos provienen de ejecuciones entre los consorcios criminales, no dejan de ser personas, mexicanos y jóvenes lanzados a la criminalidad por un modelo económico agotado en la aldea, mas defendido a ultranza por Calderón y la mayoría de los 40 dueños del país.
Que de aquellas ejecuciones la mitad se produjeron en Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas, 73 de cada 100 acaecieran en 73 municipios y la focalización tienda a pronunciarse, son valoraciones de un gobierno que por desgracia no logra que calen en la percepción ciudadana –mucho menos en los inversionistas y los potenciales visitantes extranjeros-- por la reiterada propensión al discurso triunfalista, las cuentas alegres y la propaganda que no convence ni a sus diseñadores.
Por ejemplo, Javier Lozano Alarcón descubrió, ahora que suspira por ser candidato de Acción Nacional a la Presidencia, que “hubo connivencia, sino es que convivencia o complicidad, o todas las anteriores”, entre las autoridades de entonces. Sólo que el secretario del Trabajo guardó cómplice silencio en los gobiernos de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox, de los que formó parte destacada.
Con tal despliegue de servilismo y frivolidad, desgraciadamente se acentuará el divorcio entre los gobernantes, la realidad y la percepción ciudadana, misma que registró cómo 60 pistoleros arrasaron 40 viviendas, 27 vehículos y una escuela en la comunidad indígena de Tierras Coloradas, Durango, mientras el fiscal general se enteró por la televisión local.
¡Ah que Jelipe! Dirían los campesinos de mi tierra, la cuna del narcotráfico desde hace 70 años y posteriormente de Los zetas.
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