Detuvieron por orden federal a Bettina Cruz, opositora a los parques eólicos de Oaxaca
Octavio Vélez y Gustavo Castillo
Corresponsal y reportero
Periódico La Jornada
Viernes 24 de febrero de 2012, p. 17
Bettina Cruz durante una conferencia de prensa de noviembre pasado en la que denunció amenazas por su oposición a los parques eólicos instalados por trasnacionales en OaxacaFoto Yazmín Ortega Cortés
Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), y opositora a la instalación de parques eólicos en esa región, obtuvo su libertad bajo fianza, luego de que elementos de la Policía Federal Ministerial la detuvieron con base en una orden de aprehensión girada por un juez federal.
La detención de la activista fue dada a conocer por la Procuraduría General de la República (PGR) un día después de que se realizó; dijo que la captura se debe a "su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos contra el consumo y la riqueza nacional y privación ilegal de la libertad".
Según las autoridades federales, Bettina Cruz fue denunciada el 13 de abril de 2011, luego de que “un grupo de personas, presuntamente encabezadas por la inculpada, tomaron las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad ubicadas en el kilómetro 821 de la Carretera Panamericana, colonia Felipe Pescador, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y presuntamente por órdenes de la indiciada se impidió el acceso y salida del personal de dicha institución; asimismo, habría incitado a los manifestantes y al público en general a no pagar el servicio de energía eléctrica”.
Acallar la protesta social: SNTE
Ayer, el secretario de asuntos jurídicos de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de ha Educación (SNTE), Gustavo Tomás Hernández Cruz, dijo que la activista rindió su declaración preparatoria la mañana del jueves ante el juez de la causa, y posteriormente pagó una fianza para obtener su libertad y enfrentar en esa condición el proceso penal.
Hernández Cruz dijo que la sección 22 del SNTE seguirá pendiente del caso y se reservará el derecho de actuar, de ser necesario, porque la detención "es un acto para acallar la protesta social".
Amnistía Internacional (AI) advirtió que la detención de la activista oaxaqueña Lucila Bettina Cruz Velázquez, ocurrida miércoles en Juchitán, Oaxaca, puede haber sido realizada con cargos falsos y para obstaculizar su trabajo como defensora de los derechos humanos.
"La información disponible sugiere que está siendo blanco de acusaciones injustas en represalia por su trabajo por los derechos de comunidades indígenas [...] y nos preocupa que pueda enfrentar un proceso judicial injusto", señaló la organización en un comunicado.
Al mismo tiempo, en Oaxaca, redes y organizaciones civiles estatales y nacionales, así como la sección 22 del SNTE repudiaron la detención de Cruz Velázquez, opositora a la instalación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec.
En un pronunciamiento, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio llamó a las comunidades y a los movimientos nacionales e internacionales a movilizarse para exigir que cese el proceso en su contra.
Su aprehensión, dijo este organismo, hace avidente la criminalización de la labor de los defensores de derechos humanos y la ausencia de seguridades para las mujeres defensoras para ejercer su labor en un ambiente libre de violencia.
En el mismo sentido, AI pidió a las autoridades mexicanas no exponer a la activista a procesos judiciales que no estén basados en evidencias reales.
A su vez, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios publicó una carta donde recordó los actos de intimidación a que fueron sometidos Cruz y sus compañeros hace un año, entre otros motivos por su oposición a las altas tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad y la imposición de proyectos eólicos de compañías trasnacionales.
Por su parte, la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México, que también había exigido la liberación inmediata de Cruz Velázquez, llamó a frenar los "actos de criminalización y la transgresión de las libertades que padecemos los miembros del pueblo mexicano por expresar y manifestar nuestras ideas libremente y sin violar la ley".
Otros organismos que se sumaron a la exigencia por la liberación de la defensora de derechos humanos son: Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo, Servicios para la Educación Alternativa y el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
(Con información de Rosa Rojas y Fernando Camacho, reporteros, y Octavio Vélez, corresponsal)
Fuente
Corresponsal y reportero
Periódico La Jornada
Viernes 24 de febrero de 2012, p. 17
Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), y opositora a la instalación de parques eólicos en esa región, obtuvo su libertad bajo fianza, luego de que elementos de la Policía Federal Ministerial la detuvieron con base en una orden de aprehensión girada por un juez federal.
La detención de la activista fue dada a conocer por la Procuraduría General de la República (PGR) un día después de que se realizó; dijo que la captura se debe a "su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos contra el consumo y la riqueza nacional y privación ilegal de la libertad".
Según las autoridades federales, Bettina Cruz fue denunciada el 13 de abril de 2011, luego de que “un grupo de personas, presuntamente encabezadas por la inculpada, tomaron las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad ubicadas en el kilómetro 821 de la Carretera Panamericana, colonia Felipe Pescador, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y presuntamente por órdenes de la indiciada se impidió el acceso y salida del personal de dicha institución; asimismo, habría incitado a los manifestantes y al público en general a no pagar el servicio de energía eléctrica”.
Acallar la protesta social: SNTE
Ayer, el secretario de asuntos jurídicos de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de ha Educación (SNTE), Gustavo Tomás Hernández Cruz, dijo que la activista rindió su declaración preparatoria la mañana del jueves ante el juez de la causa, y posteriormente pagó una fianza para obtener su libertad y enfrentar en esa condición el proceso penal.
Hernández Cruz dijo que la sección 22 del SNTE seguirá pendiente del caso y se reservará el derecho de actuar, de ser necesario, porque la detención "es un acto para acallar la protesta social".
Amnistía Internacional (AI) advirtió que la detención de la activista oaxaqueña Lucila Bettina Cruz Velázquez, ocurrida miércoles en Juchitán, Oaxaca, puede haber sido realizada con cargos falsos y para obstaculizar su trabajo como defensora de los derechos humanos.
"La información disponible sugiere que está siendo blanco de acusaciones injustas en represalia por su trabajo por los derechos de comunidades indígenas [...] y nos preocupa que pueda enfrentar un proceso judicial injusto", señaló la organización en un comunicado.
Al mismo tiempo, en Oaxaca, redes y organizaciones civiles estatales y nacionales, así como la sección 22 del SNTE repudiaron la detención de Cruz Velázquez, opositora a la instalación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec.
En un pronunciamiento, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio llamó a las comunidades y a los movimientos nacionales e internacionales a movilizarse para exigir que cese el proceso en su contra.
Su aprehensión, dijo este organismo, hace avidente la criminalización de la labor de los defensores de derechos humanos y la ausencia de seguridades para las mujeres defensoras para ejercer su labor en un ambiente libre de violencia.
En el mismo sentido, AI pidió a las autoridades mexicanas no exponer a la activista a procesos judiciales que no estén basados en evidencias reales.
A su vez, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios publicó una carta donde recordó los actos de intimidación a que fueron sometidos Cruz y sus compañeros hace un año, entre otros motivos por su oposición a las altas tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad y la imposición de proyectos eólicos de compañías trasnacionales.
Por su parte, la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México, que también había exigido la liberación inmediata de Cruz Velázquez, llamó a frenar los "actos de criminalización y la transgresión de las libertades que padecemos los miembros del pueblo mexicano por expresar y manifestar nuestras ideas libremente y sin violar la ley".
Otros organismos que se sumaron a la exigencia por la liberación de la defensora de derechos humanos son: Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo, Servicios para la Educación Alternativa y el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
(Con información de Rosa Rojas y Fernando Camacho, reporteros, y Octavio Vélez, corresponsal)
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