El Estado renunció a velar por la educación superior: expertos

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Integrantes del movimiento de aspirantes excluidos repartieron volantes en los accesos a la Feria de la Educación Superior más OpcionesFoto Marco Peláez
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Lunes 6 de agosto de 2012, p. 40
En las tres décadas recientes, el Estado mexicano ha claudicado en su responsabilidad de impulsar y apoyar la educación superior pública, situación que ha provocado que cada año sean miles los estudiantes rechazados de instituciones públicas, así como la proliferación de escuelas privadas que hoy concentran a la tercera parte de la matrícula total en ese nivel, coinciden en señalar expertos.
Hoy día, en México son más de 10 millones los mexicanos en edad de contar con formación universitaria (19 a 23 años), de éstos, 3 millones 274 mil 639 están inscritos en licenciatura y 276 mil 281 en posgrado, alcanzando una cobertura de 32.8 por ciento para ese nivel, de acuerdo con datos oficiales.
Del total de jóvenes que cursan la educación superior, un millón 180 mil 694 lo hacen en colegios particulares.
Si bien durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se alcanzó la meta establecida al principio de su gobierno de llegar a 30 por ciento de atención, académicos consultados subrayan que con tal de conseguirlo se dejó en un segundo plano la calidad de la formación.
Los índices internacionales reflejan la realidad mexicana en esta materia: Educación superior en Iberoamérica. Informe 2011, editado por la asociación Universia y el Centro Interuniversitario de Desarrollo, asienta que (a 2010) Cuba tiene una cobertura total; Venezuela 79 por ciento; Argentina, 68; Uruguay, 64; Chile, 52; Panamá, 45; Ecuador, 42; Bolivia, 38; en tanto que Brasil y Perú alcanzan 34 por ciento.
Especialistas explican que la baja tasa de cobertura en ese nivel se debe en parte a que en más de 30 años no se han creado grandes instituciones públicas de alcance nacional, la última fue la Universidad Pedagógica Nacional, en 1978. Esto se traduce en que miles de jóvenes sean excluidos de la educación superior pública.
Cada año, las tres principales casas de estudio: las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) dejan fuera de sus aulas a miles de aspirantes, aun cuando han hecho esfuerzos particulares por incrementar sus matrículas. Este año se presentaron casi 300 mil solicitudes de ingreso, de las cuales 250 mil no fueron aceptadas.
México presenta bajos porcentajes en términos de egreso. Cada año un promedio de 420 mil mexicanos terminan su formación universitaria, mientras en Brasil la cifra es de 917 mil, según el Compendio mundial 2010 de la Unesco. Sólo 18.1 por ciento de los mexicanos en edad de concluir estos estudios (23 años) lo hace, en Brasil el porcentaje es de 27.7; en España, 33.1, y en Portugal, de 45.3.
Hace más de tres décadas que el Estado mexicano renunció a su responsabilidad social con la educación superior y puso a la juventud bajo el poder de la mano invisible del mercado. Con la finalidad de atraer a miles de estudiantes a establecimientos privados con fines de lucro, los grupos en el poder han operado estrategias tendientes a desacreditar a las casas de estudio públicas, o a limitar el acceso a ellas, asegura Herlinda Suárez Zozaya, académica del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
En los dos últimos sexenios del PRI y en los dos del PAN la formación privada universitaria ha experimentado un notable incremento. Datos de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Eucación Pública (SEP) muestran que de las 3 mil 159 instituciones universitarias existentes hasta el ciclo escolar 2011-2012, 2 mil 36 son particulares. En estos colegios se concentra un tercio de la matrícula total del nivel superior (33.25 por ciento), incluyendo posgrado.
En el Distrito Federal existen 272 instituciones de formación terciaria, 49 públicas y 223 particulares, por lo que más de la mitad de los jóvenes de la ciudad que cursan ese nivel lo hace en escuelas privadas.
La distribución del resto de estudiantes de este nivel a escala nacional es: 502 mil 550 en universidades públicas federales, equivalente a 14.5 por ciento; un millón 21 mil 282, 28.76 por ciento, en universidades públicas estatales y estatales con apoyo solidario; 439 mil 414, 12.37 por ciento, en institutos tecnológicos, y 406 mil 980 matriculados en universidades tecnológicas, politécnicas, interculturales y centros de investigación.
“La educación superior privada está segmentada: hay escuelas de gran exigencia y otras, las llamadas de ‘atención a la demanda’, que se desempeñan en condiciones enormemente deficitarias. La paradoja es que son éstas las que contienen el enorme flujo de no aceptados en las públicas”, afirma Hugo Casanova Cardiel, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
Manuel Gil Antón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, sostiene que en los sexenios recientes se ha privilegiado la formación superior particular sobre la pública, porque el Estado ha dejado de otorgar recursos adecuados a estas instituciones públicas, que tienen que ser solventados por los ingresos de las familias al enviar a sus hijos a colegios de paga.
Esta política, subraya, perjudica a las personas de los estratos económicos más bajos, que son rechazados de las instituciones públicas de calidad y no pueden cubrir colegiaturas en escuelas privadas de elite, por lo que deben conformarse con colegios de bajo nivel.
El informe 2011 de Educación Superior en Iberoamérica, indica que de los más de 3 millones de jóvenes que estudian la formación terciaria en México, 5 por ciento, poco más de 170 mil, pertenece a un grupo social ubicado en el quintil uno (20 por ciento de la población con menos recursos), abajo de Argentina, que en ese rubro alcanza 19 por ciento, Venezuela 15.6, Colombia y República Dominicana 8.5, Guatemala 7.4 y Costa Rica 7.4 por ciento. En contraste, los hijos de familias del quinto quintil son casi millón y medio (42.6 por ciento de la matrícula).
Datos de la SEP refieren que 59 mil 764 jóvenes provenientes de familias que se ubican en el primer decil de ingreso estudian en universidades públicas, y 16 mil 872 en privadas. En contraparte, en hogares catalogados en el decil nueve, 453 mil 311 chicos asisten a instituciones públicas y 287 mil 885 a particulares; mientras en el décimo decil, el más alto, la cifra es de 314 mil 452 y 320 mil 618, respectivamente.
De acuerdo con la SEP, en lo que va de este sexenio se han creado 750 mil nuevos espacios en educación superior. Al respecto, Gil Antón enfatiza que esta cifra tiene dos explicaciones: más de 50 mil lugares corresponden a esfuerzos recientes de la UNAM, el IPN y la UAM para ampliar su matrícula. La otra es que la actual administración federal impulsó institutos tecnológicos y politécnicos que “no cumplen con la expectativa de los jóvenes y se limitan a dar una formación para el mercado laboral. Además, muchos de estos colegios tuvieron alumnos antes de tener instalaciones o maestros, lo que no abona a la calidad. Se hizo crecer la matrícula a como diera lugar. La lógica de la educación superior (en estos años) siguió la misma línea que la básica: dar la mayor cantidad distribuyendo diferenciadamente la calidad, afirma.
Para Casanova Cardiel el mero cumplimiento de números no es suficiente para atender las complejas demandas de una sociedad deficitaria y asimétrica como la mexicana. Por el contrario, se necesita un plan nacional sobre educación superior que la reforme, mismo que no se observa en el proyecto del virtual triunfador de los comicios, Enrique Peña Nieto, cuyas propuestas son más de lo mismo y se limita a proponer que se alcanzará 45 por ciento en la cobertura. El único proyecto que planteaba una reforma era el de izquierda.

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