Presionarán diputados de izquierda pago a electricistas

Exigirán que se acate amparo que obliga al Estado a reponerles empleo y salarios caídos
El Frente Legislativo Progresista y el Sindicado Mexicano de Electricistas (SME) acordaron impulsar conjuntamente acciones jurídicas y políticas para que el amparo otorgado por el Poder Judicial al gremio se cumpla y a los trabajadores se les paguen los salarios caídos de tres años a la fecha, además de que la Comisión Federal de Electricidad, que es el patrón sustituto, los recontrate.

Durante una reunión de trabajo a la cual se convocó a los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (PMC), se señaló que ante las intenciones del gobierno federal de retrasar el cumplimiento del amparo, apoyan moral, política e incondicionalmente al movimiento de SME.
La legisladora del PRD, María del Socorro Ceseñas Chapa, subrayó que siempre que el Poder Judicial emite un fallo a favor de los trabajadores, se trata de obstaculizar su cumplimiento en deterioro del gremio, por lo que comprometió al Frente Legislativo de Izquierda a impulsar la etiquetación de recursos para pagar a los electricistas lo que en derecho les corresponde y a impulsar las acciones de fiscalización a todos los funcionarios involucrados en la extinción de la empresa de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Recordó que el gobierno federal decretó esta extinción el 11 de octubre de 2009 y dejó sin empleo a más de 44 mil trabajadores con el pretexto de que la empresa era inviable económicamente, lo que consideró como "fuerza mayor".

El amparo concedido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al SME rechazó que fuese necesario despedir a los trabajadores y ordenó que se les paguen los salarios de entonces a la fecha y se les restituya en su trabajo, que en este caso sería a través del SME ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por su parte, Martín Esparza, secretario general de dicho sindicato, convocó al resto de grupos parlamentarios a que, desde el Legislativo, se presupueste el pago de salarios caídos a los 16 mil 599 electricistas que se ampararon y se impulse su recontratación, puesto que tanto la extinta empresa y la CFE son del Estado y se les destinan recursos públicos.

Además, llamó a que, con base en la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se finquen responsabilidades a todos quienes, con argumentos falsos, determinaron la desaparición de LyFC.

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