Transparencia de Calderón, mascarada sexenal
CONTRALÍNEA
Martín Esparza Flores
La aprobación en la Cámara de Senadores de las reformas a la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental produjo una escena que ni mandada a hacer
para plasmarse en un cuadro surrealista. A favor de transparentar los
gastos en los tres órdenes de gobierno se manifestaron personajes como
el exsecretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, ahora
miembro del Senado y principal encubridor de la corrupción oficial del
sexenio, de la cual fue partícipe su propia esposa.
En su inviable calidad de “iniciativa preferente”, la propuesta de Felipe Calderón resultó una cómica expiación de culpas
de última hora, algo así como el regreso del transgresor a la escena
del crimen, suplicando, entre lloriqueos, el perdón de su víctima. Los
latrocinios y delitos cometidos en menoscabo de los recursos públicos ya
no podrán ser resarcidos con la mascarada legislativa de Calderón a la
que, erróneamente, como sucedió en la Cámara de Diputados con la reforma
laboral, se sumaron los senadores priístas y sus comparsas del Partido
Verde Ecologista de México.
Al cuarto para las doce, el hombre que prometió como candidato presidencial un gobierno de manos limpias,
y que se la pasó violentando el estado de derecho, clama a la República
castigos ejemplares a los corruptos que atentan contra las arcas
públicas, y trata de ocultar sus manos sucias y manchadas de
complicidad al permitir que en sus narices se realizaran innumerables
negocios ilícitos por parte de sus allegados y familiares.
De acuerdo con los cambios aprobados en el Senado, los tres órdenes
de gobierno tendrán la obligación de subir a internet, de manera
trimestral, sus estados financieros. Ello con el fin de que todos los
ciudadanos accedan a esa información, con lo que las entidades,
dependencias y demás órganos de gobierno ya no podrán invocar el secreto
bancario para ocultar el manejo de sus recursos.
Habría valido la pena que Calderón planteara esa transparencia en
la rendición de cuentas al Poder Legislativo al inicio de su gobierno,
pues con ello los recursos públicos no tendrían las multimillonarias
sangrías que ahora presentan. A lo largo de su mandato, sus intenciones
por disminuir la corrupción fracasaron. Por ejemplo, ¿de qué sirvieron
los cambios a la Ley de Adquisiciones? ¿En qué contribuyó el portal
Compranet para abatir los negocios turbios? Sin dejar de mencionar el
papel de comparsa que ha realizado la Secretaría de la Función Pública.
Demasiado tarde Felipe Calderón saca las aspirinas con las
que pretende aliviar el avanzado cáncer de la corrupción y la
ineficiencia en su gobierno, en el cual la impunidad se regodea por
todas las dependencias y entidades de la administración federal. En
materia de deuda pública, por ejemplo, todo el país se hubiera enterado
–o mejor dicho, aterrado– de la forma vertiginosa en que fue creciendo
la deuda pública del hombre que también prometió a los mexicanos la fórmula mágica de un “crecimiento sin deuda”. Esto, si teóricamente los cambios a su iniciativa preferente operaran desde hace seis años.
En este renglón, trimestralmente, habría tenido mucho que explicar
el mandatario, resultándole imposible detallar a la población por qué en
sólo seis años acrecentó la deuda de 2 billones a 5 billones 473 mil
658 millones de pesos, cuyo costo representa, hoy en día, el 36.5 por
ciento del producto interno bruto (PIB) y el pago por intereses de 1
billón 258 mil millones de pesos. Inmensos recursos que no han servido
en lo absoluto para estimular la economía, generar empleos bien
remunerados y elevar el bienestar de los mexicanos.
Un oportuno detector de corrupciones habría sacado a la luz algunas
de las evidentes causales del creciente y absurdo endeudamiento
público, como lo es el financiamiento, vía Pidiregas (proyectos de
inversión diferidos en el registro de gasto), de muchos de los proyectos
de generación de energía a favor de monopolios extranjeros en entidades
como la Comisión Federal de Electricidad. La “empresa de clase mundial”
tan sólo en 2011 arrojó pérdidas por más de 17 mil millones de pesos.
El país se habría enterado a detalle del tráfico de influencias que
no sólo contribuyó a elevar el monto de los quebrantos a la hacienda
pública sino además ocasionó lamentables tragedias, como la muerte de 40
niños en la Guardería ABC, en Sonora. Si la pregonada transparencia de última hora
funcionara desde hace años, la opinión pública se hubiera enterado del
porqué de la ilícita entrega de concesiones del Instituto Mexicano del
Seguro Social a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima
de la primera dama, Margarita Zavala, para operar guarderías en
Hermosillo: el tráfico de influencias que prohijó el fatal incidente
aquel 5 de junio de 2009.
En otro caso, los gasolineros se hubieran ahorrado muchos millones
por las extorsiones de que fueron objeto por parte de los verificadores
de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), controlados por
Gladis López Blanco, subprocuradora de Verificaciones y esposa del
entonces secretario de la Función Pública y hoy flamante senador por el
Partido Acción Nacional, Salvador Vega Casillas; el mismo que,
entusiasta, votó a favor de la iniciativa de su paisano Felipe Calderón.
Como común denominador, en ambos casos, fueron terceros los que pagaron
las consecuencias de la desatada y permitida corrupción. A la prima de
Margarita Zavala el poder judicial la exoneró de los cargos en su contra
a finales de 2011; y a la esposa del senador michoacano, el titular de
la Profeco, Bernardo Altamirano, la limpió de toda culpa al promover el encarcelamiento de seis verificadores cuyo único delito fue seguir al pie de la letra las órdenes de su jefa inmediata.
Tal vez también el país se hubiera evitado la vergüenza de soportar
a diario, en pleno Paseo de la Reforma, la presencia de la Estela de
Luz (Estafa de Luz), monumento que por sus gigantescas
dimensiones le hace honor al tamaño de la corrupción sexenal. Esta obra,
que debió ser motivo de orgullo de las fiestas del bicentenario de la
Independencia y el centenario de la Revolución, se convirtió en emblema
de la rapiña calderonista al elevar su costo inicial de 497 millones de
pesos a casi 1 mil 100 millones. Por eso, tenemos la certeza de que la
sesión del Senado en la que se aprobó la iniciativa de reformas a la Ley
Federal de Contabilidad Gubernamental sería el marco perfecto para una
de las obras del pintor surrealista Salvador Dalí, o del dramaturgo
rumano Eugéne Ionesco, maestro del teatro del absurdo: Salvador Vega
Casillas –cómplice del saqueo al país– convertido en paladín legislativo
de la transparencia, vitoreando desde su escaño a Felipe Calderón, el
improvisado adalid de la moral pública. Ver y leer, para creer.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
Fuente: Contralínea 312 / Octubre de 2012
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