Análisis empresarial se deshace en elogios sobre la reforma energética
MÉXICO,
D.F. (apro).- El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP) aseguró que la aprobación de la reforma energética atraerá
inversiones con un valor de entre 50 mil y 70 mil millones de dólares
anuales.
De acuerdo con el director de este organismo, Luis Foncerrada Pascal, la propuesta del Ejecutivo federal anunciada el pasado 12 de agosto en la residencia oficial de Los Pinos fue “interesante e inteligente”.
“Fue inteligente presentar esta iniciativa con reforma constitucional en función de las reglas planteadas por el expresidente Lázaro Cárdenas, quien nacionalizó el petróleo, por lo que estimo que la probabilidad de que se apruebe en estos términos es mayor del 50%”, dijo Foncerrada en rueda de prensa.
Agregó que la reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución permite la posibilidad de celebrar contratos de utilidad compartida entre el gobierno y empresas privadas, lo cual arrojará inversiones hasta por 70 mil millones de dólares.
De hecho, el subdirector de Investigación Económica del CEESP, Francisco Lelo de Larrea, adelantó que si como parte de la discusión de la reforma se aprueba el otorgamiento de concesiones a particulares (lo que no está incluido en la reforma de Peña Nieto, pero sí en la del PAN), estos montos podrían llegar a 100 mil millones de dólares al año.
Según los especialistas, “el regresar al texto original e inventar la parte de contratos de utilidad, creo que es una las vertientes más ingeniosas del gobierno federal para que podamos tener una reforma energética que permita atraer la inversión que requiere México”.
En términos generales, dijo, es una buena reforma si se logran los cambios constitucionales propuestos y se da certidumbre jurídica a los inversionistas, aunque estimó que no es tan profunda como lo planteó el Partido Acción Nacional (PAN) , que quería otorgar concesiones y abrir la competencia, para que Petróleos Mexicanos (Pemex) fuera un operador más.
Por su parte, el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, aseguró que el reto de la iniciativa de reforma energética, que ahora ya se encuentra en el Senado para su discusión, es dar certidumbre jurídica a los inversionistas.
Pardinas tomó con reserva esta reforma y señaló: “Si no logramos suficiente certidumbre jurídica, aún dentro del contexto de una reforma constitucional, no podremos maximizar el potencial de crecimiento económico que tiene el sector hidrocarburos en México”.
Aún más, el analista aseguró, en entrevista con Notimex, que pese a que la reforma es un paso “positivo” y significa “un muy buen avance”, su éxito se evaluará en función de la capacidad para detonar inversión, atracción de talento, capital humano y tecnología.
“Modificar la Constitución es políticamente muy difícil, pero jurídicamente más sencillo en el sentido de que lo que estás cambiando es un par de líneas, el mayor reto jurídico es darle certidumbre a los inversionistas a través de la ley secundaria”.
Fuente
De acuerdo con el director de este organismo, Luis Foncerrada Pascal, la propuesta del Ejecutivo federal anunciada el pasado 12 de agosto en la residencia oficial de Los Pinos fue “interesante e inteligente”.
“Fue inteligente presentar esta iniciativa con reforma constitucional en función de las reglas planteadas por el expresidente Lázaro Cárdenas, quien nacionalizó el petróleo, por lo que estimo que la probabilidad de que se apruebe en estos términos es mayor del 50%”, dijo Foncerrada en rueda de prensa.
Agregó que la reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución permite la posibilidad de celebrar contratos de utilidad compartida entre el gobierno y empresas privadas, lo cual arrojará inversiones hasta por 70 mil millones de dólares.
De hecho, el subdirector de Investigación Económica del CEESP, Francisco Lelo de Larrea, adelantó que si como parte de la discusión de la reforma se aprueba el otorgamiento de concesiones a particulares (lo que no está incluido en la reforma de Peña Nieto, pero sí en la del PAN), estos montos podrían llegar a 100 mil millones de dólares al año.
Según los especialistas, “el regresar al texto original e inventar la parte de contratos de utilidad, creo que es una las vertientes más ingeniosas del gobierno federal para que podamos tener una reforma energética que permita atraer la inversión que requiere México”.
En términos generales, dijo, es una buena reforma si se logran los cambios constitucionales propuestos y se da certidumbre jurídica a los inversionistas, aunque estimó que no es tan profunda como lo planteó el Partido Acción Nacional (PAN) , que quería otorgar concesiones y abrir la competencia, para que Petróleos Mexicanos (Pemex) fuera un operador más.
Por su parte, el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, aseguró que el reto de la iniciativa de reforma energética, que ahora ya se encuentra en el Senado para su discusión, es dar certidumbre jurídica a los inversionistas.
Pardinas tomó con reserva esta reforma y señaló: “Si no logramos suficiente certidumbre jurídica, aún dentro del contexto de una reforma constitucional, no podremos maximizar el potencial de crecimiento económico que tiene el sector hidrocarburos en México”.
Aún más, el analista aseguró, en entrevista con Notimex, que pese a que la reforma es un paso “positivo” y significa “un muy buen avance”, su éxito se evaluará en función de la capacidad para detonar inversión, atracción de talento, capital humano y tecnología.
“Modificar la Constitución es políticamente muy difícil, pero jurídicamente más sencillo en el sentido de que lo que estás cambiando es un par de líneas, el mayor reto jurídico es darle certidumbre a los inversionistas a través de la ley secundaria”.
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