Incumplido, compromiso oficial de llevar plan alternativo de la CNTE al Congreso
Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
Viernes 23 de agosto de 2013, p. 6
Viernes 23 de agosto de 2013, p. 6
Durante meses, el gobierno federal, a través de la
Secretaría de Gobernación (SG), asumió el compromiso de llevar la
propuesta alternativa de reforma educativa de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE) al Congreso de la Unión, para que
se considerara en el proceso de elaboración de las leyes reglamentarias
en la materia.
El citado acuerdo también se asumió en la cúpula del Pacto por
México, tras la reunión que en mayo pasado sostuvieron los maestros con
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; los presidentes
nacionales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), César
Camacho Quiroz; Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero Muñoz, y de la
Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, pero con la
advertencia del gobierno federal de que la reforma constitucional ‘‘no
tiene marcha atrás’’.
Camacho Quiroz, como presidente en ese entonces del consejo rector
del mecanismo de concertación, aseveró que las leyes secundarias de la
reforma educativa estaban en proceso de construcción, es decir, ‘‘ni
concluidas ni planchadas’’, mientras el secretario de Gobernación
precisó que se construirían con todas las voces.
Las negociaciones entre Gobernación y la disidencia magisterial
comenzaron en marzo, tras el rechazo de la CNTE a la reforma educativa
aprobada en diciembre, y su exigencia por que se derogaran las
modificaciones a los artículos 3 y 73 constitucionales, que buscan
instaurar una autonomía de gestión en los planteles educativos.
Como resultado de esos encuentros, el subsecretario de Gobierno de la
dependencia federal, Luis Enrique Miranda Nava, firmó en mayo pasado un
acuerdo con la comisión negociadora representativa de 16 secciones del
magisterio disidente, con el compromiso de llevar de inmediato a las
instancias legales correspondientes –incluido el Congreso de la Unión–
la propuesta alternativa de reforma educativa que elaboró la CNTE.
Y ahí quedó establecido que ‘‘ningún documento tendrá validez jurídica hasta en tanto no se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación con respecto a la reforma educativa’’.
También, como resultado de las reuniones con la Secretaría de
Gobernación, la coordinadora llevó a cabo nueve foros estatales y uno
nacional, del 31 de mayo al 12 julio, donde debatieron maestros,
académicos, empresarios, organizaciones sociales y legisladores, y cuyos
resultados la dependencia federal de igual manera se comprometió a
canalizar a la Cámara de Diputados.
De los foros magisteriales surgieron 17 demandas, subrayando una
reforma educativa incluyente y con amplio apoyo, pero que también
promueva la construcción de auténticas comunidades educativas facultadas
para desarrollar iniciativas pedagógicas y resolver sus propios
problemas de acuerdo con su contexto regional, social, económico y
cultural.
Se destacó que los docentes no se oponen a su evaluación, pero exigen
que ésta sea cualitativamente distinta, situada en los problemas
reales, y horizontal, que sea de abajo hacia arriba, y no estandarizada.
Exigieron eliminar la prueba Enlace, así como todo tipo de exámenes
estandarizados, entre ellos la llamada evaluación universal y de carrera
magisterial.
La decisión ya estaba tomada
Pero la decisión ya estaba tomada por el gobierno federal
para presentar, como ocurrió, sus tres proyectos de leyes secundarias,
que incluyen la creación de una norma para el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, del Servicio Profesional Docente y la
iniciativa de reforma a la Ley General de Educación, suscritas por el
presidente Enrique Peña Nieto.
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