Las mentiras de Peña Nieto
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| Peña durante su mensaje en cadena nacional sobre la reforma energética. Foto: Especial |
MEXICO,
D.F. (apro).- Enrique Peña Nieto engaña y sus mentiras buscan ser
ocultadas con una efectiva estrategia de comunicación que le permite
seguir mintiendo a través del control absoluto de la información en
televisión, a través de campañas que nos hacen recordar la antigua
práctica de los sofistas de hacer de una patraña una verdad.
En
menos de un año las promesas que hizo Peña Nieto, primero como candidato
del PRI y luego como presidente, a través del Pacto por México, se han
ido desmoronando hasta tomar su verdadera fisonomía.
Las recientes
noticias no dejan dudas de que el presidente priista ha mentido. Cuando
arrancó su gobierno en diciembre pasado aseguró que la economía del
país iba viento avante y así se mantendría para combatir la pobreza.
Ocho
meses después la realidad se ha impuesto. La economía nacional cayó
0.74%, según alertó el INEGI, y la Secretaría de Hacienda por segunda
ocasión en el año redujo la expectativa de crecimiento que,
inicialmente, aseguró sería de 3.1 a 1.8%.
El impacto de este
decrecimiento se verá principalmente en los programas sociales. Cuando
firmó el Pacto por México como plataforma de su gobierno, Peña aseguró
que se combatiría la pobreza que aqueja a más de 50 millones de
mexicanos. Hoy la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles,
simplemente dijo que la Cruzada contra la Pobreza ya no abarcaría a
todos los pobres sino sólo a 7.4 millones en extrema pobreza y, de 400
municipios que aseguró se atenderían, hoy dicen que solo se abarcará a
80.
En materia de transparencia, Peña Nieto también ofreció que su
gobierno combatiría la opacidad y daría nitidez a todas sus acciones.
Hoy el PRI en la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley de
Transparencia tendiendo un manto de protección a la PGR, Banco de
México, CNDH, Ejército y partidos políticos frente a las solicitudes de
información realizadas al IFAI. Para tener acceso a la información de
estas entidades públicas habrá que iniciar un juicio y, en caso de tener
un fallo favorable, las instancias podrían apelar, convirtiéndose este
derecho en un costoso enjambre burocrático.
La aprobación de estas
reformas a la Ley de Transparencia sólo provocan sospechas de que el
gobierno de Peña Nieto quiere prepararse para ocultar información de
acciones que tomará en materia de justicia –la salida de Rafael Caro
Quintero y el regreso de propiedades a Raúl Salinas de Gortari–, lo
mismo que del Ejército y los partidos políticos que, por ley, están
obligados a dar información por ser entidades de interés público.
Es
claro que la intención del gobierno federal es controlar al IFAI, lo
cual significa un retroceso en la lucha ciudadana de décadas por tener
información de la actuación de las entidades gubernamentales.
Ahora
que el gobierno federal dice que las reformas de telecomunicaciones
serán para beneficio del público, en realidad sólo las grandes empresas
de los medios, como Televisa y Televisión Azteca, recibirán las
ganancias del nuevo canal por abrir.
Lo mismo habrá de ocurrir con
las reformas del sector energético que disfrazan la privatización de
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
en los contratos de utilidad compartida, tanto para la explotación de
los hidrocarburos como de la generación de electricidad. ¿Cómo es que
piensan que abriendo este sector estratégico se puedan generar empleos y
mejores salarios para los mexicanos si los beneficios directos serán
para los nuevos socios internacionales?
Pero de todas las
mentiras, quizá la más dolorosa sea aquella en la que aseguró que el
país estaría en paz y se acabaría la violencia generada por el crimen
organizado. En lo que va del gobierno de Peña Nieto se han registrado 7
mil 119 muertes por la narcoviolencia en México, reveló recientemente el
gabinete de seguridad, lo que representa mil 10 asesinados cada mes o
34 diarios en promedio.
El desinterés por atender a las víctimas
de la violencia se hizo más que claro cuando el titular de la PGR, Jesús
Murillo Karam, anunció que se asignarían sólo 400 ministerios públicos
para atender los 26 mil casos de desapariciones, y a la Procuraduría
Social de Atención a Víctimas del Delito (Provictima) un presupuesto
mínimo de 420 millones de pesos para atender a miles de familias de
muertos en la guerra contra el crimen organizado.
Esta lista de
promesas no atendidas por parte de Peña Nieto describe el tipo de
gobierno que tendrá en los cinco años restantes. Un gobierno de mentiras
que habrán de ser disfrazadas por los principales medios y sus voceros
en turno.
Twitter: @GilOlmos
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