¿El fin de las instituciones públicas?

Periódico La Jornada 

Opinión 

 

John M. Ackerman

 

En lugar de construir y legitimar las instituciones públicas, nuestra clase política está empeñada en debilitarlas y destruirlas. La iniciativa energética de Enrique Peña Nieto no solamente busca privatizar la industria petrolera, sino también desaparecer Pemex. Si la sociedad no logra detener esta nueva agresión, mañana podrían seguir UNAM, IPN, UAM, IMSS, Issste, Infonavit, entre otras.

 

Así como hoy estamos obligados a comprar el agua potable de empresas privadas ante el fracaso del Estado para garantizar nuestro derecho al vital líquido, mañana los servicios médicos serían accesibles sólo para quien los pueda comprar. Así como hoy se han multiplicado las autodefensas en Guerrero y Michoacán ante la complicidad de las autoridades con el crimen organizado, mañana los jóvenes tendrán que autoeducarse o, en su caso, recurrir a costosos endeudamientos para pagar la admisión a las universidades públicas.

Carlos Salinas eliminó la posibilidad de una política industrial soberana y de un sano desarrollo para el campo con sus privatizaciones corruptas, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y sus propias reformas al artículo 27 constitucional. Ernesto Zedillo privatizó las pensiones del IMSS y con el Fobaproa obligó al pueblo a pagar el oneroso rescate bancario de las familias más adineradas del país. Vicente Fox traicionó los indígenas de México con su desconocimiento de los acuerdos de San Andrés y favoreció a las empresas monopólicas con el otorgamiento de generosos beneficios fiscales. Felipe Calderón facilitó la quiebra de la aerolínea Mexicana, desapareció a Luz y Fuerza del Centro y privatizó las pensiones del Issste.

Hoy Peña Nieto da continuidad a esta tendencia destructora al proponer borrar de un plumazo el petróleo, la electricidad, la petroquímica y todos los demás hidrocarburos del listado de áreas estratégicas de la nación enumeradas en el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional. Asimismo, sus reformas al artículo 27 permitirían a las empresas trasnacionales controlar la extracción, refinación y transporte del petróleo y el gas natural en todo el país.

Tal como ha explicado a Bloomberg el ex brazo derecho de María del Carmen Alanís en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y hoy flamante subsecretario de Hidrocarburos, Enrique Ochoa Reza, el control de estas empresas será tan completo que incluso les permitirá reportar las reservas como suyas en Wall Street (véase: http://ow.ly/o20iY). La reforma también permitiría a las grandes empresas lucrar y especular con la generación de electricidad en México. Es evidente la intención de desplazar a Pemex y la CFE para sustituirlas por Chevron, Shell, Halliburton y empresas de generación de electricidad corruptas y defraudadoras, como Enron.

Resulta una vil mentira y un insulto a la inteligencia del pueblo mexicano la idea de que la iniciativa presidencial no sería privatizadora ni sacrificaría la soberanía nacional. Con la reforma, empresas privadas que trabajan en función de sus accionistas en Wall Street y obedecen órdenes de gobiernos extranjeros tomarían el control sobre algunas de las áreas más sensibles de la economía nacional. Se impondrían sus leyes y sus prioridades por encima de las normas nacionales y el bienestar de los mexicanos.

Recordemos que el motivo principal que impulsó la expropiación petrolera en 1938 fue que las petroleras internacionales desconocieron las leyes del país. Específicamente, se negaron a reconocer el derecho constitucional de los trabajadores a un salario digno y una jornada laboral de 40 horas semanales. También chantajeaban con dejar de extraer y producir petróleo si el gobierno los obligaba a cumplir con la ley. Cuando las empresas persistieron en su intransigencia aún después de que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en su contra, el presidente Lázaro Cárdenas fue obligado a actuar.

Quedarse inmóvil hubiera significado aceptar la existencia de dos órdenes jurídicos en el país, uno para las empresas extranjeras y otro para el pueblo mexicano. La decisión de Cárdenas de asumir el control estatal sobre las empresas petroleras fue en aras de garantizar la plena vigencia del Estado de derecho para todos por igual en el territorio nacional.

Hoy Peña Nieto propone devolver el petróleo, junto con el premio adicional del gas natural y la electricidad, a las mismas empresas que fueron expropiadas hace 75 años. Así, da continuidad a las últimas tres décadas de presidentes mexicanos quienes han traicionado el legado de Cárdenas al fomentar un estado de excepción para los empresarios más poderosos y darle la espalda al pueblo trabajador.

Los trabajadores de la industria petrolera son el sector más vulnerable ante una eventual privatización y tendrían que ser los primeros en levantar la voz. Un reciente reportaje del Washington Post (véase: http://ow.ly/o20RW ) revela cómo las empresas trasnacionales incurren sistemáticamente en prácticas laborales abusivas e ilegales, como en 1938. La reforma energética es entonces similar a la reforma educativa. Una vez más se busca que los trabajadores de base paguen los costos de la corrupción de los funcionarios gubernamentales y los líderes sindicales.

Peña Nieto y sus socios se frotan las manos en espera de grandes recompensas por su servicio a Washington y al gran capital. Pero quien realmente merece ser premiado es el pueblo de México: mujeres, hombres y jóvenes libres quienes han logrado sobrevivir con el sudor de su frente décadas de robo por de parte de sus gobernantes. El primer paso para recuperar un poco de lo que les corresponde será tomar las calles para poner un alto definitivo al saqueo que implica la reforma energética del PRI.

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Twitter: @JohnMAckerman

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