Parques eólicos arrasan el Istmo de Tehuantepec
Toque Crítico
Despojo a indígenas y campesinos
Martín Esparza
Presentados como el modelo de
generación de energía eléctrica limpia y protectora de la ecología, los
parques eólicos, alentados por la CFE en el pasado sexenio, bajo el
modelo de productores independientes, son en realidad la causa de graves
conflictos sociales en regiones como el Istmo de Tehuantepec, donde
los despojos en contra de comunidades indígenas operados con la
anuencia y complicidad de los gobiernos federal, estatal y municipal,
han puesto en peligro su supervivencia al destruir no sólo su ancestral
patrimonio biocultural sino sus propios medios de subsistencia como el
cultivo de la tierra, obligándolos a un forzado desplazamiento.
La imposición de estos megaproyectos que
sólo han beneficiado a empresas trasnacionales como la ibérica Ibedrola
—a la que asesora Georgina Kessel, ex secretaria de Energía—, se ha
traducido en uno de los peores engaños en contra de los indígenas del
Istmo a quienes, mediante engaños y presiones de las autoridades, les
obligaron a rentar sus tierras hasta por 30 años sin que hasta el
momento reciban los beneficios de las ganancias que producen ya los
aerogeneradores que se instalaron en sus antes productivas tierras de
cultivo.
La petición de justicia se ha tornado en
un auténtico movimiento social de resistencia para evitar más abusos y
despojos, como quedó de manifiesto durante la realización del Seminario
Internacional Megaproyectos de Energía y Territorios Indígenas. El Istmo
en la Encrucijada, que se realizó a finales del pasado mes de julio en
Juchitán, Oaxaca, en donde participaron, además de indígenas y
campesinos de la región, ponentes de México y países como Brasil y
Argentina.
El encuentro permitió decantar puntos en
común sobre la forma en que la voracidad de las trasnacionales, en
contubernio con los gobiernos neoliberales, está utilizando el tema del
calentamiento global como discurso y justificante para impulsar estos
proyectos eólicos, no importando la destrucción del patrimonio
biocultural de muchas comunidades, pueblos y regiones, no sólo en
nuestro país sino en todo el continente.
Ante la injusticia y total falta de
apoyo de las autoridades, las comunidades afectadas en el Istmo se han
organizado por sí mismas pues la situación que enfrentan es sumamente
grave ya que la superficie potencialmente afectada por la ambición de
las trasnacionales y la complicidad, en la anterior administración, de
la CFE y la propia Semanart —cuyas aprobaciones de impacto ambiental
resultan cuestionables—, alcanza los 6 mil 600 km2, que representa casi el 40 por ciento del territorio del Istmo.
El despojo a indígenas y campesinos ha
ocasionado no únicamente graves daños al ecosistema de la región, sino a
las actividades relacionadas con la forma de vida tradicional y de
obtención de recursos como lo son la pesca y el cultivo de la tierra,
medios ancestrales de subsistencia que constituyen una clara violación a
su derecho al trabajo.
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