La electricidad, otro plato fuerte de la reforma energética
Peña y Lozoya. En pos de la reforma energética.
Foto: Octavio Gómez
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La iniciativa de reforma energética que el próximo miércoles 14 enviará el Ejecutivo Federal a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión incluirá propuestas de modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales; fuentes seguras afirman que la iniciativa fue confeccionada sobre todo por Luis Téllez y José Córdoba Montoya.
Algunos de los personajes que están detrás de la propuesta del Ejecutivo están ligados a empresas generadoras de energía, entre ellas Sempra, a la cual Estados Unidos intenta consolidar –junto con otras– desde la Patagonia hasta México para asegurar así su suministro energético, como lo manifestó el pasado 11 de abril Carlos Pascual, coordinador estadunidense de Asuntos Internacionales de Energía ante la Cámara de Representantes de su país.
Y los exfuncionarios federales que dieron pie a la apertura del sector energético –desde 1990 con la discusión del Tratado de Libre Comercio (TLC), 1992 con la reforma a la Ley de Energía el Servicio Público y 2008 con la reforma energética– hoy están arropados por empresas extranjeras del ramo y otros, como Téllez y Córdoba, en posiciones clave para el gobierno, como la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
“Pasaron de ser cómplices en el gobierno para la apertura energética a socios de las grandes empresas”, acusa Manuel Bartlett, senador por el Partido del Trabajo y quien desde 2000 emprendió la defensa del sector eléctrico.
Hoy, añade, pretenden terminar de traicionar a la patria abriendo en su totalidad todo el sector a la iniciativa privada, en especial a las grandes transnacionales.
Esta reforma podría contener modificaciones fundamentales a las bases de la soberanía del país, dice Francisco Carrillo Soberón, exdiputado federal por el PRD y coordinador del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Podrían cambiar el párrafo cuarto del artículo 25, apunta, donde se establece que el sector público tiene a su cargo “de manera exclusiva” las áreas estratégicas que se señalan en el párrafo cuarto del artículo 28.
En éste, agrega, se establece que las funciones del Estado en áreas estratégicas como correos, petróleo y demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radiactivos y generación de energía nuclear y electricidad no constituyen monopolios.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1919, ya en circulación)
Fuente
Comentarios