España: Jueces y sanitarios frenan el desmantelamiento de la Sanidad pública
viernes, 8 de noviembre de 2013
ARGENPRESS
Maria Cappa (LA MAREA)
En septiembre del año pasado entró en vigor el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que introdujo reformas de calado en el sistema sanitario español. El Gobierno consideró entonces necesaria su implantación para garantizar su sostenibilidad, gratuidad y universalidad. Sin embargo, la asociaciones en defensa de la Sanidad pública llevan 12 meses denunciando que este nuevo modelo ha acabado con la universalidad y que está orientado a “desmantelar” el sistema que hasta ahora existía en España.
Según los datos publicados recientemente, en el ámbito nacional, la lista de espera media pasó de 70 a 100 días. En Madrid, tal y como señaló el pasado 23 de octubre en la comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid la directora general de Atención al Paciente, Elena Juárez, los pacientes a la espera de ser operados rondaban los 66.000 (en junio la cifra era de 64.113 personas). Por otro lado, según las cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de julio, el Sistema Nacional de Salud perdió casi 12.500 trabajadores entre 2012 y 2013, de los que 1.845 tenían su empleo en la Comunidad de Madrid. Para 2014, según ha calculado recientemente el portavoz del PSM de Marid, José Manuel Freire, se esperan alrededor de 1.450 despidos más.
Estas cifras se corresponden con la percepción de varios profesionales sanitarios consultados por este periódico, quienes coinciden en señalar que la reducción del personal y la falta de uso de las máquinas con las que se realizan las pruebas han tenido como consecuencia una mayor inactividad de los centros públicos y un aumento considerable de las listas de espera. Sergio Fernández, médico del centro de salud mental de Vallecas y vicepresidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), cuenta que al menos cuatro psiquiatras, dos de ellos infantiles, han dejado de trabajar en su centro.
“A esto hay que sumarle que las bajas han dejado de cubrirse, lo que ha supuesto que el centro esté casi paralizado por las tardes”. La reducción de personal implica que la cartera de 600 pacientes que lleva cada médico se haya tenido que repartir entre los que aún conservan su empleo, lo que tiene graves consecuencias para los pacientes. “Cambiarle el médico a las personas que padecen enfermedades mentales supone empezar de cero con su terapia porque tienen que confiar de nuevo en sus doctores”, relata Fernández. Además, las listas de espera han aumentado de dos a cuatro meses, ”lo que para el tipo de pacientes de los que nos ocupamos nosotros es una barbaridad”.
Este aumento de las listas de espera, según Mónica García, anestesista del Hospital 12 de Octubre y miembro de la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (AFEM), supone un “caldo de cultivo para las aseguradoras privadas”. En su hospital, la infrautilización de la maquinaria para realizar pruebas y la reducción del personal también han provocado que el 12 de Octubre parezca “un hospital fantasma por las tardes”. Además, García lamenta que las únicas medidas que se han llevado a cabo para reducir costes se hayan centrado en la paralización de la actividad de los centros públicos y considera que estas medidas están “claramente orientadas a desmantelar la Sanidad pública y aumentar las derivaciones a los centros privados”.
En la planta de ginecología y obstetricia del Hospital Clínico de Madrid, donde trabaja Mónica Lanza, han notado cómo desde hace un año se realizan las dos terceras partes de las ecografías. ”Si todo va bien, las mujeres embarazadas tienen que hacerse una ecografía por trimestre. Este es el tipo de paciente que a los centros privados les sale rentable”, explica.
Lanza cuenta que, según se comenta en diversos centros públicos, la Fundación Jiménez Díaz podría haberse quedado con hasta 20.000 cartillas de mujeres embarazadas que eran pacientes de varios hospitales públicos. Un dato que puede encajar con la noticia que elmundo.es publicó el pasado martes, según la cual la Conserjería de Sanidad había multiplicado por tres el presupuesto destinado a esta empresa privada en concepto de “financiación máxima establecida con cargo al Sermas en concepto de asistencia sanitaria sustitutoria”.
Derivaciones rentables
Mónica Lanza, que además es miembro de la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Sanidad Pública de Madrid (Patusalud), señala al call center que se encarga dar cita a los pacientes como fuente principal del aumento de las derivaciones de pruebas diagnósticas e intervenciones sencillas, “y por tanto rentables”, hacia los centros privados. Para explicar esto, Mónica García, de la AFEM, pone el ejemplo de las endoscopias digestivas. “La Conserjería de Sanidad subasta la concertación de pruebas por lotes. Por ejemplo: 1.000 cataratas o 10.000 endoscopias. El que ofrezca un precio más competitivo, se los queda”.
Los contratos se limitan a la realización de dichas pruebas. Esto significa que, si cuando se obtienen los resultados se detecta un pólipo, el centro privado no lo trata, sino que devuelve al paciente al hospital público de referencia para que sean ellos quienes lo hagan. “Mediante este procedimiento, no solamente tenemos que repetir las pruebas en los centros públicos, que ya de por sí encarece el proceso, sino que se retrasa el tratamiento del usuario y no recibe la atención que se merece y por la que está pagando”.
García también destaca que son los tratamientos “rentables” los que se conciertan con los centros privados. “Se derivan pruebas diagnósticas e intervenciones relativamente sencillas como hernias, varices, cataratas y cosas así. Sin embargo, es la Sanidad pública quien se encarga de operar tumores craneales, de tratar las complicaciones de los postoperatorios (incluso las que se derivan de interveciones realizadas en los centros privados) o de las rehabilitaciones, que suelen ser procesos largos y que a la privada le acarrea demasiado gasto”.
Desmantelamiento acelerado
Los tres profesionales sanitarios consultados coinciden en señalar que todo este cúmulo de medidas está orientado a “desmantelar” la Sanidad pública, un proceso que se ha visto acelerado a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012. Y, también en los tres casos, consideran que las explicaciones que dan tanto el Ministerio como la Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid son engañosas.
Mónica García considera que “no hay nada más fácil para entender esta situación que poner el entorno doméstico como ejemplo. Las distintas administraciones públicas dicen que sale más rentable derivar pruebas e intervenciones sencillas que realizarlas en los centros públicos. Es como si te dicen que sale más barato comerte un bocadillo en un restaurante que en tu casa”.
Y es que, según García, a los centros privados hay que pagarles por el uso de las máquinas y por los médicos que se encargan de realizar las pruebas mientras que, en los centros públicos, las máquinas ya están amortizadas, por lo que solo hay que pagar el sueldo de los profesionales que se encarguen de hacerlo. De hecho, Mónica García cuenta que un radiólogo del 12 de Octubre presentó a la gerencia del hospital un plan por el que se podría ahorrar la mitad si las pruebas se hicieran allí y fue rechazado por inviable. “Es inconcebible que el Deprecam esté detenido cuando en todos los centros públicos hay mamógrafos inutilizados con los que se podrían haber realizado las mamografías preventivas a las más de 30.000 mujeres a las que les correspondía este año“, explica.
Manifestación conjunta de las mareas blanca y verde
Durante estos últimos días se ha estado hablando mucho de la posibilidad de unir a las mareas blanca y verde para salir a la calle y defender juntas la Educación y la Sanidad pública. Mónica Lanza explica que la propuesta nació de las personas que coincidían en las manifestaciones en defensa de ambos servicios y que creyeron que daría a sus reivindicaciones mayor visibilidad aún.
Sin embargo, aunque es una cuestión que se ha planteado, de momento no hay nada concretado. Sergio Fernández cuenta que es la Mesa de Sanidad quien está coordinando este asunto y que aún se está estudiando. Aunque la unión de ambas mareas todavía no sea una realidad, las diferentes asociaciones en defensa de la Sanidad pública consideran que llevarlo a cabo sería un acierto.
Tanto la FADSP como la AFEM y Patusalud creen que sería una forma de plasmar que lo se busca con estas protestas no es defender intereses particulares o laborales de quienes están afectados, “como algunas voces interesadas se han empeñado en difundir”, apunta Fernández. Esta unión simbolizaría, más bien, que el descontento de ambos sectores tiene que ver con la defensa de lo que Sergio Fernández denomina “dos de los pilares básicos del Estado de bienestar”.
Mónica Lanza coincide en este planteamiento y considera que, además de una mayor visibilidad, supondría aunar la lucha para exigir una mejora en la calidad de los servicios públicos ”que todos pagamos con nuestros impuestos”. Para Mónica García, de la AFEM, va un paso más allá ya que, según explica, “pretendemos reivindicar que queremos un tipo de sociedad radicalmente distinta a la que están tratando de imponernos desde hace algún tiempo”.
Este año de lucha, a pesar de que desde las diferentes asociaciones consideran que no ha sido fácil, ha traído consigo algunos aspectos positivos, según los portavoces. Por un lado, se ha conseguido paralizar la privatización de seis hospitales de la Comunidad de Madrid y 27 centros de salud asociados a ellos, así como evitar que el Hospital de la Princesa y el Carlos III se hayan transformado en unidades geriátricas (reivindicación que supuso el principio de las movilizaciones en el área sanitaria).
Pero también se ha logrado que, tanto los profesionales sanitarios como los usuarios del sistema de salud público, hayan dejado de pensar que la sanidad privada es sinónimo de calidad altruista. Mónica Lanza señala que “ya son más del 50% las personas que rechazan hacerse las pruebas por la privada cuando tratan derivarlos desde el call center”. Por su parte, Mónica García considera que “los usuarios y los profesionales sanitarios ya están concienciados. Hoy quedan muy pocos que crean que la seguridad privada es más eficiente y más barata. Solo con esto ya tenemos mucho ganado”.
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Maria Cappa (LA MAREA)
En septiembre del año pasado entró en vigor el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que introdujo reformas de calado en el sistema sanitario español. El Gobierno consideró entonces necesaria su implantación para garantizar su sostenibilidad, gratuidad y universalidad. Sin embargo, la asociaciones en defensa de la Sanidad pública llevan 12 meses denunciando que este nuevo modelo ha acabado con la universalidad y que está orientado a “desmantelar” el sistema que hasta ahora existía en España.
Según los datos publicados recientemente, en el ámbito nacional, la lista de espera media pasó de 70 a 100 días. En Madrid, tal y como señaló el pasado 23 de octubre en la comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid la directora general de Atención al Paciente, Elena Juárez, los pacientes a la espera de ser operados rondaban los 66.000 (en junio la cifra era de 64.113 personas). Por otro lado, según las cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de julio, el Sistema Nacional de Salud perdió casi 12.500 trabajadores entre 2012 y 2013, de los que 1.845 tenían su empleo en la Comunidad de Madrid. Para 2014, según ha calculado recientemente el portavoz del PSM de Marid, José Manuel Freire, se esperan alrededor de 1.450 despidos más.
Estas cifras se corresponden con la percepción de varios profesionales sanitarios consultados por este periódico, quienes coinciden en señalar que la reducción del personal y la falta de uso de las máquinas con las que se realizan las pruebas han tenido como consecuencia una mayor inactividad de los centros públicos y un aumento considerable de las listas de espera. Sergio Fernández, médico del centro de salud mental de Vallecas y vicepresidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), cuenta que al menos cuatro psiquiatras, dos de ellos infantiles, han dejado de trabajar en su centro.
“A esto hay que sumarle que las bajas han dejado de cubrirse, lo que ha supuesto que el centro esté casi paralizado por las tardes”. La reducción de personal implica que la cartera de 600 pacientes que lleva cada médico se haya tenido que repartir entre los que aún conservan su empleo, lo que tiene graves consecuencias para los pacientes. “Cambiarle el médico a las personas que padecen enfermedades mentales supone empezar de cero con su terapia porque tienen que confiar de nuevo en sus doctores”, relata Fernández. Además, las listas de espera han aumentado de dos a cuatro meses, ”lo que para el tipo de pacientes de los que nos ocupamos nosotros es una barbaridad”.
Este aumento de las listas de espera, según Mónica García, anestesista del Hospital 12 de Octubre y miembro de la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (AFEM), supone un “caldo de cultivo para las aseguradoras privadas”. En su hospital, la infrautilización de la maquinaria para realizar pruebas y la reducción del personal también han provocado que el 12 de Octubre parezca “un hospital fantasma por las tardes”. Además, García lamenta que las únicas medidas que se han llevado a cabo para reducir costes se hayan centrado en la paralización de la actividad de los centros públicos y considera que estas medidas están “claramente orientadas a desmantelar la Sanidad pública y aumentar las derivaciones a los centros privados”.
En la planta de ginecología y obstetricia del Hospital Clínico de Madrid, donde trabaja Mónica Lanza, han notado cómo desde hace un año se realizan las dos terceras partes de las ecografías. ”Si todo va bien, las mujeres embarazadas tienen que hacerse una ecografía por trimestre. Este es el tipo de paciente que a los centros privados les sale rentable”, explica.
Lanza cuenta que, según se comenta en diversos centros públicos, la Fundación Jiménez Díaz podría haberse quedado con hasta 20.000 cartillas de mujeres embarazadas que eran pacientes de varios hospitales públicos. Un dato que puede encajar con la noticia que elmundo.es publicó el pasado martes, según la cual la Conserjería de Sanidad había multiplicado por tres el presupuesto destinado a esta empresa privada en concepto de “financiación máxima establecida con cargo al Sermas en concepto de asistencia sanitaria sustitutoria”.
Derivaciones rentables
Mónica Lanza, que además es miembro de la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Sanidad Pública de Madrid (Patusalud), señala al call center que se encarga dar cita a los pacientes como fuente principal del aumento de las derivaciones de pruebas diagnósticas e intervenciones sencillas, “y por tanto rentables”, hacia los centros privados. Para explicar esto, Mónica García, de la AFEM, pone el ejemplo de las endoscopias digestivas. “La Conserjería de Sanidad subasta la concertación de pruebas por lotes. Por ejemplo: 1.000 cataratas o 10.000 endoscopias. El que ofrezca un precio más competitivo, se los queda”.
Los contratos se limitan a la realización de dichas pruebas. Esto significa que, si cuando se obtienen los resultados se detecta un pólipo, el centro privado no lo trata, sino que devuelve al paciente al hospital público de referencia para que sean ellos quienes lo hagan. “Mediante este procedimiento, no solamente tenemos que repetir las pruebas en los centros públicos, que ya de por sí encarece el proceso, sino que se retrasa el tratamiento del usuario y no recibe la atención que se merece y por la que está pagando”.
García también destaca que son los tratamientos “rentables” los que se conciertan con los centros privados. “Se derivan pruebas diagnósticas e intervenciones relativamente sencillas como hernias, varices, cataratas y cosas así. Sin embargo, es la Sanidad pública quien se encarga de operar tumores craneales, de tratar las complicaciones de los postoperatorios (incluso las que se derivan de interveciones realizadas en los centros privados) o de las rehabilitaciones, que suelen ser procesos largos y que a la privada le acarrea demasiado gasto”.
Desmantelamiento acelerado
Los tres profesionales sanitarios consultados coinciden en señalar que todo este cúmulo de medidas está orientado a “desmantelar” la Sanidad pública, un proceso que se ha visto acelerado a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012. Y, también en los tres casos, consideran que las explicaciones que dan tanto el Ministerio como la Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid son engañosas.
Mónica García considera que “no hay nada más fácil para entender esta situación que poner el entorno doméstico como ejemplo. Las distintas administraciones públicas dicen que sale más rentable derivar pruebas e intervenciones sencillas que realizarlas en los centros públicos. Es como si te dicen que sale más barato comerte un bocadillo en un restaurante que en tu casa”.
Y es que, según García, a los centros privados hay que pagarles por el uso de las máquinas y por los médicos que se encargan de realizar las pruebas mientras que, en los centros públicos, las máquinas ya están amortizadas, por lo que solo hay que pagar el sueldo de los profesionales que se encarguen de hacerlo. De hecho, Mónica García cuenta que un radiólogo del 12 de Octubre presentó a la gerencia del hospital un plan por el que se podría ahorrar la mitad si las pruebas se hicieran allí y fue rechazado por inviable. “Es inconcebible que el Deprecam esté detenido cuando en todos los centros públicos hay mamógrafos inutilizados con los que se podrían haber realizado las mamografías preventivas a las más de 30.000 mujeres a las que les correspondía este año“, explica.
Manifestación conjunta de las mareas blanca y verde
Durante estos últimos días se ha estado hablando mucho de la posibilidad de unir a las mareas blanca y verde para salir a la calle y defender juntas la Educación y la Sanidad pública. Mónica Lanza explica que la propuesta nació de las personas que coincidían en las manifestaciones en defensa de ambos servicios y que creyeron que daría a sus reivindicaciones mayor visibilidad aún.
Sin embargo, aunque es una cuestión que se ha planteado, de momento no hay nada concretado. Sergio Fernández cuenta que es la Mesa de Sanidad quien está coordinando este asunto y que aún se está estudiando. Aunque la unión de ambas mareas todavía no sea una realidad, las diferentes asociaciones en defensa de la Sanidad pública consideran que llevarlo a cabo sería un acierto.
Tanto la FADSP como la AFEM y Patusalud creen que sería una forma de plasmar que lo se busca con estas protestas no es defender intereses particulares o laborales de quienes están afectados, “como algunas voces interesadas se han empeñado en difundir”, apunta Fernández. Esta unión simbolizaría, más bien, que el descontento de ambos sectores tiene que ver con la defensa de lo que Sergio Fernández denomina “dos de los pilares básicos del Estado de bienestar”.
Mónica Lanza coincide en este planteamiento y considera que, además de una mayor visibilidad, supondría aunar la lucha para exigir una mejora en la calidad de los servicios públicos ”que todos pagamos con nuestros impuestos”. Para Mónica García, de la AFEM, va un paso más allá ya que, según explica, “pretendemos reivindicar que queremos un tipo de sociedad radicalmente distinta a la que están tratando de imponernos desde hace algún tiempo”.
Este año de lucha, a pesar de que desde las diferentes asociaciones consideran que no ha sido fácil, ha traído consigo algunos aspectos positivos, según los portavoces. Por un lado, se ha conseguido paralizar la privatización de seis hospitales de la Comunidad de Madrid y 27 centros de salud asociados a ellos, así como evitar que el Hospital de la Princesa y el Carlos III se hayan transformado en unidades geriátricas (reivindicación que supuso el principio de las movilizaciones en el área sanitaria).
Pero también se ha logrado que, tanto los profesionales sanitarios como los usuarios del sistema de salud público, hayan dejado de pensar que la sanidad privada es sinónimo de calidad altruista. Mónica Lanza señala que “ya son más del 50% las personas que rechazan hacerse las pruebas por la privada cuando tratan derivarlos desde el call center”. Por su parte, Mónica García considera que “los usuarios y los profesionales sanitarios ya están concienciados. Hoy quedan muy pocos que crean que la seguridad privada es más eficiente y más barata. Solo con esto ya tenemos mucho ganado”.
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