Trabajadores del ferrocarril español retoman protestas contra privatización

Los trabajadores del transporte ferroviario español retomaron este lunes sus movilizaciones contra la privatización del sector impulsada por el Gobierno.

Las protestas son secundadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Sindicato Ferroviario-Intersindical (SF-I), en rechazo a la segregación de las empresas públicas Renfe y ADIF en varias sociedades.
Una decisión que los operarios de este vital servicio enmarcan en el inicio de un futuro traspaso a manos privadas de ambas compañías, además de suponer el despido de muchos de ellos.
Los sindicatos, que ya protagonizaron tres días de paros por tiempo parcial y una jornada de huelga de 24 horas el jueves último, reanudaron sus movilizaciones con un calendario que incluye nuevas medidas de fuerza todos los lunes y viernes de este mes.
Además, realizarán dos jornadas de huelga de 24 horas en diciembre próximo, tras la llevada a cabo el pasado 31 de octubre y que tuvo un seguimiento del 70 por ciento, a pesar de unos servicios mínimos abusivos impuestos por el Ministerio de Fomento, denunciaron los gremios.
Estas medidas de fuerza fueron convocadas para protestar por la división de Renfe en cuatro sociedades y de ADIF en otras dos.
De hecho, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ya planteó un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará al dos por ciento de su plantilla.
Por su parte, la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe) también anunció su intención de decretar un ERE para 2014 que perjudicará a 300 trabajadores.
El ERE es un procedimiento contemplado en la actual legislación española, mediante el cual una empresa, supuestamente en una mala situación económica, busca obtener autorización para suspender o despedir trabajadores.
Para la entidad estatal, se trata de una medida destinada a “dinamizar el proceso de liberalización y la apertura a la competencia del sector ferroviario”.
Sin embargo, para las centrales obreras supone un aumento de la descoordinación entre el gestor y los operadores ferroviarios, que solo influirá negativamente en la calidad y en la seguridad del servicio, denunciaron en uno de los folletos informativos de su protesta.
El Ministerio de Fomento estableció unos servicios mínimos que oscilan entre el 50 y el 75 por ciento para los días de paro convocados por la CGT y el SF-I, organizaciones minoritarias dentro del sector.
Con el objetivo de incrementar el número de operadores, el gobierno conservador de Mariano Rajoy aprobó la privatización del transporte ferroviario nacional de viajeros a partir del 31 de julio de este año.
A juicio de los sindicatos, los planes del Ejecutivo español ponen en peligro miles de puestos de trabajo y empeorarán esta prestación.
PL 

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