Crean frente en defensa de la protesta pública
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Jueves 10 de abril de 2014, p. 18
Jueves 10 de abril de 2014, p. 18
Las reformas aprobadas recientemente por los
congresos de San Luis Potosí, Quintana Roo, Jalisco y el Distrito
Federal, cuyo propósito es limitar el derecho a la protesta y la
libertad de expresión, van en contra del desarrollo de una sociedad
democrática, denunciaron organizaciones sociales.
Al presentar el documento Control del espacio público: informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno,
los colectivos –entre ellos, el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez y el Centro de Análisis e Investigación Fundar–
advirtieron que en las iniciativas se criminaliza la protesta con el
argumento de regularlas manifestaciones públicas.
Destacaron que la mayoría de los medios de comunicación crean un entorno negativo contra las protestas, al desinformar sobre el conflicto y omitir de forma deliberada las causas de él, y externaron su preocupación por el
cerco a las libertades democráticas en las calles y ahora también en Internet.
Los colectivos anunciaron la creación del Frente por la
Libertad de Expresión y Protesta Social, que monitoreará los proyectos
legislativos que restrinjan el derecho de las personas a manifestar
públicamente sus inconformidades.
Por limitar el derecho a la manifestación, los colectivos denunciaron el establecimiento de permisos para hacer reuniones públicas, la posibilidad de disolver marchas si bloquean edificios de gobierno o una vía de tránsito, y la criminalización del aspecto y la forma de vestir de personas.
Asimismo, los proyectos legislativos estudiados aumentan de forma desproporcional las penas a delitos que pueden cometerse durante manifestaciones, y establecen la posibilidad de limitar o suspender las comunicaciones electrónicas en sitios donde las autoridades consideren que está en riesgo
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Por limitar el derecho a la manifestación, los colectivos denunciaron el establecimiento de permisos para hacer reuniones públicas, la posibilidad de disolver marchas si bloquean edificios de gobierno o una vía de tránsito, y la criminalización del aspecto y la forma de vestir de personas.
Asimismo, los proyectos legislativos estudiados aumentan de forma desproporcional las penas a delitos que pueden cometerse durante manifestaciones, y establecen la posibilidad de limitar o suspender las comunicaciones electrónicas en sitios donde las autoridades consideren que está en riesgo
el orden o la seguridad nacional.
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