Investigan a Gastón Azcárraga por posible fraude en el tema de marcas registradas
Trabajadores de Mexicana de Aviación se manifestaron para solicitar a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga los amparos en
contra de la declaratoria de quiebra. Los afectados dijeron que lucharán
hasta su último alientopor sus derechosFoto Yazmín Ortega Cortés
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 10 de abril de 2014, p. 10
Jueves 10 de abril de 2014, p. 10
La juez federal Edith Alarcón, quien el pasado
viernes decretó la quiebra de Mexicana de Aviación, dio vista al
Ministerio Público Federal adscrito al juzgado a su cargo para que
revise si la cesión de las marcas registradas por la aerolínea ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Impi) formó parte de un
fraude en perjuicio de los acreedores de la aerolínea.
En 2009, cuando Gastón Azcárraga era dueño de Mexicana, los
accionistas de la aerolínea cedieron legalmente ante el Impi los
derechos de los usos de las marcas de Mexicana en favor de la
controladora de Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), de la que también es
propietario Azcárraga.A decir de fuentes del Poder Judicial la juez aceptó dar entrada a la revisión del tema de las marcas de Mexicana luego de una petición expresa que le hicieron abogados del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomex), de que se realice una revisión minuciosa a diversos actos jurídicos realizados por el NGA, el cual administraba la aerolínea antes de que entrara en concurso mercantil.
La juzgadora dio vista a la autoridad ministerial para que analice si hay elementos presuntamente constitutivos de algún delito, y en caso de ser así, se inicie la averiguación previa correspondiente.
Además, la juez y sus colaboradores cercanos del juzgado decimoprimero de distrito en materia civil harán una revisión para determinar si el Impi debe devolver las marcas a Mexicana para que se reintegren a su patrimonio y puedan ser comercializadas en caso de que alguno de los acreedores de la aerolínea estén interesados en utilizarlas para alguna nueva empresa.
De acuerdo con las fuentes consultadas, desde enero de 2009 el
consejo de administración de Mexicana de Aviación decidió ceder
legalmente a NGA sus derechos sobre más de 220 marcas registradas y 25
avisos comerciales que hasta entonces formaban parte del patrimonio de
la aerolínea.
Supuestamente NGA pagaría por esa operación mercantil 25 millones de pesos para obtener el control de las marcas, añadieron las fuentes judiciales que tienen acceso al expediente.
Durante 2009 tanto Mexicana como la controladora NGA eran propiedad del empresario Gastón Azcárraga (actualmente prófugo de la justicia), quien vendió la aerolínea a la entidad Tenedora K en mil pesos.
En la solicitud que hizo Bancomex a la juez Alarcón para que se investigara el tema de las marcas registradas ante el Impi se manifestó que
En caso de encontrar alguna presunción de delito el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado que encabeza Alarcón deberá turnar el expediente a un sector de la Procuraría General de la República especializado en delitos contra la propiedad industrial y/o los derechos de autor.
Fuente
Supuestamente NGA pagaría por esa operación mercantil 25 millones de pesos para obtener el control de las marcas, añadieron las fuentes judiciales que tienen acceso al expediente.
Durante 2009 tanto Mexicana como la controladora NGA eran propiedad del empresario Gastón Azcárraga (actualmente prófugo de la justicia), quien vendió la aerolínea a la entidad Tenedora K en mil pesos.
En la solicitud que hizo Bancomex a la juez Alarcón para que se investigara el tema de las marcas registradas ante el Impi se manifestó que
el fraude en perjuicio de acreedores se evidencia con el hecho de que las marcas nunca fueron pagadas por NGA, puesto que lo único que dio a cambio fue una supuesta remisión de deudas en compensación, lo cual es ilegal tratándose de una empresa en concurso mercantil.
En caso de encontrar alguna presunción de delito el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado que encabeza Alarcón deberá turnar el expediente a un sector de la Procuraría General de la República especializado en delitos contra la propiedad industrial y/o los derechos de autor.
Fuente
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