Petróleo: Una “reforma” depredadora
José Antonio González Anaya, director de Pemex. Foto: Germán Canseco
Petróleo: Una “reforma” depredadora
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con
la reforma energética aprobada nos fue prometido un cambio sustancial
en el sector: un mayor, mejor, más económico y más seguro acceso de los
mexicanos a los beneficios que esa industria genera; que bajarían los
precios de la oferta energética para todo tipo de consumidor; que habría
mayores volúmenes disponibles tanto de hidrocarburos como de capacidad
de generación eléctrica, y que dicha oferta sería más confiable, segura y
de mayor calidad.
La promesa es que eso se alcanzaría liberando al sector, por
fin, de todos los males derivados del populismo –plasmado en el dominio
nacional íntegro de la riqueza petrolera y eléctrica y hecho efectivo
principalmente por medio de dos brazos del Estado, Petróleos Mexicanos
(Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)– y de la
supuestamente onerosa y parasitaria carga de los trabajadores no
solamente en la operación, sino en la conducción de la industria
energética.
A poco más de tres años de aprobada la reforma
constitucional, es palpable que, en lo referente a la producción
petrolera, se buscaba más que nada sobreexplotar los yacimientos en la
mayor medida posible y exportarlos en masa también con la mayor rapidez
posible. Toda vez que con la reforma se trataba de ejercer un cambio,
resulta obligado señalar que nada de esto es nuevo. El rasgo definitorio
de la supuestamente novedosa política petrolera resulta ser el mismo
que se puso en marcha desde el sexenio de José López Portillo.
A diferencia de las medidas de racionalización de las
reservas petroleras aplicadas desde entonces por las grandes potencias
capitalistas, principalmente Estados Unidos, el gobierno de López
Portillo optó por la exportación alegre de crudo, política que fue
criticada constante y agriamente por el ingeniero Heberto Castillo,
quien solía afirmar que detrás de cada barril de petróleo crudo
exportado a Estados Unidos se iban nueve mexicanos detrás a ese país en
busca de empleo.
Así, en vez de cambiar de rumbo o al menos reformar el
paradigma seguido desde los años setenta del siglo pasado, éste se
reforzó y se dio la bendición jurídica a la extracción desmedida de
petróleo para convertirla en capital líquido, en divisas, principalmente
dólares estadunidenses, para financiarizarlo, como se expresa en la
jerga económica neoliberal que aún domina.
Lo sucedido en los más de tres años transcurridos a partir
de la aprobación de la mal llamada “reforma” no ha sido sino un
afianzamiento práctico, financiero, político y jurídico de extracción
irracional y exportación a mansalva de los preciados hidrocarburos que
se tornó tradicional desde que Cantarell, descubierto en 1974, entró en
operaciones en 1979.
Otro aspecto de las promesas de la “reforma energética” que
no se corresponde con la realidad es el magro aumento de las reservas
observado hasta ahora. Aun cuando se aseguró que éstas se ampliarían
enormemente, ello no ha ocurrido; más todavía, cada vez se vuelve más
difícil reponer con nuevos descubrimientos el petróleo extraído, es
decir, elevar la llamada “tasa de reposición de reservas”. En este
sentido, nuevamente la realidad nos lleva a observar una situación que
no ha corregido, enderezado ni reformado el modelo petroenergético
instituido desde hace 35 años, sino que lo ha reforzado.
En lo que toca al gobierno de Enrique Peña Nieto, no son
aceptables los argumentos de que el desplome del precio internacional
del petróleo y la incertidumbre geopolítica en el mercado internacional
del crudo dieron al traste con gran parte de las expectativas
prometidas: haber hecho “las cuentas de la lechera” sobre variables que
México no controla es una justificación inaceptable. Lo único cierto es
que el modelo petrolero extractivista, irracional y cortoplacista se
toparía tarde o temprano con variaciones y retos inevitables en una
industria mundial como es la petrolera.
Haber confiado en que el modelo privatizador o liberalizador
a mansalva llevaría al mejor cuidado de nuestros recursos y a que los
inversionistas privados generaran nuevo valor agregado de manera
gradual, además de reemplazar así la participación en la renta petrolera
perdida por el Estado, no puede entenderse sino como una ilusión.
La creciente deuda de Pemex y del sector público no son
casualidades ni fatalidades, sino resultantes de la aplicación
persistente de un liberalismo dogmático al que se sumaron la
ineficiencia y buenas dosis de corrupción que dicho modelo ampara en el
desempeño distorsionado de la acción pública, la permisividad de la
acción privada, o ambas combinadas.
Y, para colmo de todo, es obligado señalar que Pemex sigue
siendo rentable antes de impuestos, pese a que los precios del barril de
la mezcla se ha llegado a cotizar en casi 20 dólares por unidad.
Ni qué decir de la entrega del proceso “río abajo” o
downstream de la industria a los agentes privados, que abarca todas las
actividades posibles en todas las áreas: exploración, extracción,
distribución, almacenamiento, refinación, procesamiento petroquímico y
comercialización. Por ejemplo, en 2015 México alcanzó el nivel más alto
de importación de gasolinas de toda su historia, cercano a 130 millones
de barriles –que integraron 60% de su consumo–, contra casi sólo 40% de
gasolina producida en el país; conjunto de gasolinas que ahora será
comercializado en nuestro mercado interno por particulares, quienes se
beneficiarán con un mínimo riesgo y esfuerzo. Es el caso de Oxxo y Gulf,
entre otras compañías.
A más de tres años de haber sido aprobada y puesta en marcha
la tan aplaudida “reforma energética”, encontramos que la aplicación de
las mismas viejas políticas –las cuales han erosionado al sector
energético nacional en beneficio de intereses privados nacionales y
extranjeros– están dejando promesas incumplidas, fracasos, nuevos y
mayores riesgos y decenas de miles de desempleados. Vino viejo en odres
nuevos… l
* Profesores de la Facultad de Economía de la UNAM e integrantes del Foro Petróleo y Nación.
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