Rompen diálogo en Xochicuautla; Higa rechaza parar desalojos y demoliciones
Restos de una casa expropiada y derrumbada por Grupo Higa en Xochicuautla, Estado de México. Foto: Eduardo Miranda
PROCESO
Después de varias horas de reunión con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, y cuando ya existía un acuerdo para que Higa respetara la suspensión definitiva de la obra ordenada por los amparos 1117/2015 y 1123/2015 y para iniciar negociaciones formales en la sede de la CNDH, la empresa se retractó.
José Luis Fernández, vocero de la comunidad, indicó que el corporativo, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, reculó en su oferta de detener las máquinas y anunció que mañana regresan al bosque de agua; además, asumió la “postura intransigente” para que la mesa de diálogo se instale en la Secretaría General de Gobierno del Estado de México.
No obstante, advirtió que cualquier reunión en Toluca o en otro punto de la entidad no garantiza la seguridad para pobladores y dirigentes del movimiento otomí.
“No hay condiciones de seguridad para nosotros, nos han hostigado mucho, hemos sido perseguidos, y más por gobierno del estado”, acusó.
Por estas razones, indicó que la comunidad decidió tomar otro tipo de acciones políticas y legales.
Este día los inconformes entablaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y aparte esperan que en breve la CNDH tenga lista la recomendación correspondiente y que la oficina del Alto Comisionado de la ONU tome acciones y decisiones tras constatar hoy la violación a los derechos humanos de los habitantes.
En tanto, para este miércoles 13 se espera el arribo de una caravana que integra una campaña por la Defensa de la Madre Tierra, con 178 comunidades y organizaciones de todo el país, quienes han ofertado realizar una valla humana en torno al trazo, y en conjunto se decidirán las acciones de resistencia pacífica subsecuente.
Mientras, esta mañana cerca de mil granaderos fueron dispuestos a lo largo del trazo carretero que construye la empresa de uno de los principales contratistas del sexenio.
Los policías pretendían demoler la casa de Celestino Fernández, indígena otomí de 78 años, quien vive solo, y la ermita sagrada, una capilla de la comunidad, pero se detuvieron sólo ante la posibilidad de un enfrentamiento.
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