La liquidación de Ochoa Reza: millonaria… e “indebida”
El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. Foto: Benjamin Flores
A pesar de que
Enrique Ochoa Reza renunció voluntariamente a la dirección de la
Comisión Federal de Electricidad, cobró una liquidación de un millón 206
mil pesos, cinco veces mayor a la que le correspondía. El actual
dirigente nacional del PRI, que se proclama “zar anticorrupción”,
recurrió a un retorcido proceso administrativo –“legal”, asegura él;
“indebido”, sostiene un especialista en derecho laboral— para obtener su
millonaria liquidación. Los engranajes de dicho proceso son expuestos
por una investigación de la alianza Méxicoleaks –de la que este
semanario forma parte—, realizada con base en documentos filtrados a su
plataforma digital.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La renuncia de Enrique Ochoa
Reza a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue
costosa para el erario: el actual dirigente del PRI recibió una
liquidación de un millón 206 mil 271 pesos por haber trabajado en esa
empresa del Estado apenas 2 años con 155 días; es decir, de un jalón
recibió el equivalente a nueve meses de su salario.
Sólo que no le tocaba ese monto, afirma el abogado Manuel
Fuentes Muñiz, especialista en derecho laboral. La razón: se separó
voluntariamente de su cargo.
La fracción primera del artículo 33 del Manual de Trabajo de
Servidores Públicos de Mando de la CFE establece que, “en casos de
separación voluntaria por cualquier causa”, esta empresa otorgará una
“compensación” al funcionario sólo después de que éste haya cumplido
tres años de servicio… y a Ochoa le faltaban siete meses.
La “separación voluntaria” de Ochoa Reza al frente de la CFE
quedó documentada en la carta que le envió al presidente Enrique Peña
Nieto el pasado 8 de julio:
“El día de hoy le solicito con todo respeto me permita
concluir este ciclo (como director de la CFE), por lo cual le presento a
usted mi renuncia a dicho cargo”, escribió.
“El motivo de mi renuncia obedece a la aspiración de
participar en el proceso interno para la elección de presidente del
Comité Ejecutivo Nacional de mi Partido, el Revolucionario
Institucional”, agregó.
Sin embargo, ese mismo día, Ochoa –quien como dirigente del
PRI encabeza una “cruzada contra la corrupción” y acusa al líder de
Morena, Andrés Manuel López Obrador, de mentir en su declaración “3de3”—
acordó con la CFE un “dictamen de terminación laboral” para obtener una
liquidación cinco veces mayor a la que le correspondía. Fundamentó su
petición en la fracción segunda del artículo 33 del mencionado Manual de
Trabajo de Servidores Públicos de Mando, que establece el pago de
liquidación en caso de separación no voluntaria del cargo.
“El pago a Ochoa Reza fue indebido. De acuerdo con el Manual
le tocaba ser liquidado con base en el supuesto de la renuncia
voluntaria, no de la liquidación”, afirma Manuel Fuentes Muñiz,
catedrático de la UAM y especialista en derecho laboral.
Señala que el Órgano Interno de Control de la CFE debe tomar
cartas en el asunto y, en su caso, “fincar responsabilidades” a los
funcionarios que cometieron esta “falta administrativa”. Incluso,
considera que la Secretaría de la Función Pública “tendría que
intervenir y plantearse el ejercicio de acciones penales, dado que
existe la presunción del uso indebido de recursos públicos”.
Ochoa Reza por su parte sostiene que su proceso de
liquidación fue legal e idéntico al que se aplicó con sus predecesores
en los últimos 15 años. Afirma que él fue sólo un “sujeto pasivo” de un
trámite interno de la CFE ya establecido. Reconoce que su separación fue
“voluntaria”, pero afirma que la normatividad “no distingue” cuando
ésta debe o no ser voluntaria. Asegura que con base en dicha
normatividad se calculó “cómo terminaría mi relación laboral con la
empresa”.
La alianza Méxicoleaks –de la que Proceso
forma parte—realizó una investigación periodística sobre el proceso
administrativo que permitió al actual presidente nacional del PRI cobrar
una liquidación millonaria. Para ello se basó en documentos filtrados a
través de su plataforma digital.
“La más alta liquidación”
El pasado 8 de julio, en su último día al frente de la CFE,
Ochoa Reza acudió a la Gerencia de Relaciones Laborales de la empresa.
Solicitó el “más amplio y eficaz finiquito”: un millón 725 mil 209
pesos, al que tendría que restar impuestos, hasta quedar en un millón
206 mil 271 pesos.
Este monto equivale a 253.35 días del salario diario
integrado que Ochoa Reza cobró durante su periodo en el cargo, del 2 de
febrero de 2014 al 9 de julio de 2016. Dicho de otro modo: la CFE pagó a
su exdirector general mil 363 pesos por día, equivalente a dos días
extras de sueldo por cada semana que estuvo en su nómina.
Jaime Tadeo Castelán Olguín, subgerente de Relaciones
Laborales, y Karime Slim Ruiz, jefe del Departamento de Dictámenes,
dieron su visto bueno a la liquidación millonaria, la cual quedó
plasmada en el “dictamen de terminación de la relación laboral” número
T.L. 49/2016. Ochoa Reza firmó para expresar su “conformidad”.
En ese dictamen, que fue filtrado a la plataforma
Méxicoleaks, la CFE explica que la liquidación “se otorga a solicitud
del C. Enrique Ochoa Reza”, y justifica “el otorgamiento de una
gratificación especial por los servicios prestados, equivalentes a la
más alta liquidación que establece el Manual de Trabajo de Servidores
Públicos de Mando vigente (…) de tal manera que al Servidor Público de
Mando se le otorga el más amplio y eficaz finiquito”.
La CFE estimó el salario diario de Ochoa Reza en 6 mil 809
pesos, lo que incluye, además del salario base, la ayuda para renta de
casa, el fondo de ahorro, la prima vacacional, el aguinaldo, el fondo de
previsión, el transporte, la despensa, la “compensación garantizada” y
el bono.
Para justificar el pago de 253 salarios diarios, el dictamen
se apoyó en la fracción segunda del artículo 33 del Manual de Trabajo
para Servidores Públicos de Mando de la CFE.
Esta fracción establece que, al liquidar los servidores
públicos de mando, la paraestatal les debe 120 días de salario, más 35
días por año de servicios prestados, más otros 20 días por cada año
laborado, bajo el concepto de prima legal de antigüedad. La suma, en el
caso de Ochoa Reza, se elevó a 253.35 días.
Sin embargo, el abogado Fuentes Muñiz asevera: dado que
Ochoa Reza renunció a su cargo de manera voluntaria, la CFE debió
aplicar la fracción primera del artículo 33, la cual se establece para
los casos específicos de “separación voluntaria”.
Fracción I. Separación voluntaria.
Fracción II. La que se aplicó a Ochoa Reza.
Esta fracción prevé una liquidación de 20 días de salario
por año de servicios para los trabajadores que renunciaron por voluntad
propia. Contempla también un monto extra según la antigüedad del
servidor público de mando, pero solo para quienes cumplieron por lo
menos tres años de labores en la CFE, lo que no fue el caso del actual
presidente del PRI.
En este escenario, la CFE hubiera pagado a Ochoa Reza un
finiquito equivalente a 48.49 salarios diarios; es decir, 330 mil 168
pesos brutos y 231 mil 118 pesos netos si se restan los impuestos.
Tras analizar los documentos a petición de la alianza
Méxicoleaks, el abogado Fuentes Muñiz explica que el referido Manual
plantea dos supuestos excluyentes: “separación voluntaria” o
“liquidación”. El primero otorga una compensación mucho menor que el
segundo.
“Si solamente estuviera el segundo supuesto, no el primero,
habría posibilidades de que los funcionarios lo pudieran interpretar,
dada la vaguedad en la que está redactado. Pero existiendo el primer
supuesto de la renuncia voluntaria tal como está expresado, obviamente,
no procedería porque es evidente que hubo una renuncia voluntaria y
además de manera expresa”, sostiene en entrevista Fuentes Muñiz.
No sólo eso. Afirma que “los funcionarios que designaron el
pago de liquidación están cometiendo una falta grave que puede ser
incluso sujeta a un proceso legal porque ellos solamente pueden hacer lo
que está permitido en las normas”.
“Sujeto pasivo”
En entrevista, Ochoa Reza niega que su liquidación fue
irregular o que obtuvo un trato preferencial. Asegura que el cálculo del
monto de su finiquito estuvo a cargo de la CFE y que él fue un “sujeto
pasivo” en todo el proceso. Además, estima que “de ninguna manera” esta
liquidación le resta calidad moral o credibilidad a su postura de
combate a la corrupción.
“Es una normatividad que se aplicó a los dirigentes,
subdirectores, a los funcionarios de mando desde tiempos que me preceden
y que sigue vigente para los funcionarios que continúen teniendo esa
honrosa responsabilidad”, dice. Añade: “En ese sentido, yo no tuve
ningún trato preferencial”.
A la pregunta sobre si considera que una liquidación tan
elevada es correcta, asevera: “Así es como lo establece la normatividad
interna de la CFE y de la que yo soy un sujeto pasivo. Básicamente el
cálculo se hizo por parte de la institución y ella determinó que ese era
el monto que me correspondía”.
El cheque de liquidación de Ochoa Reza.
–¿La carta que usted envió al presidente es de renuncia?, se le pregunta.
–Sí, como no. Es una carta donde presento la renuncia, la
hice pública en los medios de comunicación y en las redes sociales y en
ese momento inicié el camino de acuerdo a los procedimientos del PRI
para ser su presidente nacional.
–¿Eso significa una separación voluntaria?
Ochoa Reza frunce el ceño. Después de un momento de
reflexión, responde: “Sí, pero…”. Con la mano, alienta a precisar la
pregunta. Se le recuerda que, de acuerdo con el Manual, la CFE le tenía
que otorgar un finiquito por separación voluntaria.
“Es que la normatividad, según he escuchado y analizado el
caso, la normatividad no distingue…, la normatividad se refiere a la
separación y en cuanto a esa normatividad, que tiene 15 años de vigencia
y se ha aplicado a todos los directores, se calcula cómo terminará mi
relación laboral con la empresa”, afirma.
Y añade: “a través de las preguntas que tú me has hecho me
he enterado que hay dudas sobre lo mismo, pero creo que quedan
puntualmente aclaradas y que el procedimiento que se llevó a cabo fue
legal y además preciso y oportuno”.
La carta de renuncia dirigida a Peña.
Previo a la entrevista, Ochoa Reza dejó hablar a Héctor de
la Cruz Ostos y Roberto Martínez Espinosa, respectivos director de
Administración y encargado de la Oficina del Abogado General de la CFE,
para que explicaran la parte legal de su liquidación. Durante la reunión
estuvo presente el senador priista Arturo Zamora, quién de vez en
cuando compartía sus opiniones.
Tanto De La Cruz como Martínez han colaborado con Ochoa Reza
desde que dirigía la subsecretaría de Hidrocarburos –entre diciembre de
2012 y febrero de 2014–. El actual dirigente del PRI los reclutó en la
CFE siete días después de asumir la dirección de la empresa productiva
del Estado. Durante más de media hora, insistieron en que no hubo
ilegalidad alguna en el otorgamiento de la liquidación a Ochoa Reza.
Sus argumentos: todos los directores de la CFE recibieron el
mismo trato en los últimos 15 años; la normatividad está muy firme
“porque no ha sido cuestionada por ningún otro instrumento legal”; y
Ochoa Reza tuvo derecho a recibir los beneficios de la fracción segunda
pese que su caso aplicaba para la fracción primera, pues estas dos no se
anulan.
Todavía el pasado 18 de agosto, la situación laboral de
Ochoa Reza en el Sistema de Información de Estadística de Personal
(SIEP) lo catalogaba en la categoría de “Separación voluntaria”. Cinco
días más tarde, el 23, esta mención había desaparecido, sustituida por
la mención “reajuste”, según documentos filtrados a través de
Méxicoleaks.
De “separación voluntaria” a “reajuste”. Los cambios de Ochoa en la base de datos de la CFE.
Según los abogados de la CFE, este cambio no resultó de una
maniobra engañosa, sino de una banal limitación del software.
Explicaron: “no existe un campo que diga liquidación, entonces
(reajuste) es el campo que se aplica internamente (…) Y si consultas con
los demás directores es igual. Son categorías informáticas, no
legales”.
Simple trámite
Con su liquidación ya pactada con la CFE, a Ochoa Reza sólo
le faltaba cobrar su cheque. El pasado 24 de agosto, acudió a la Junta
Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje junto con Castelán Olguín,
el subgerente de Relaciones Laborales de la empresa.
Presentaron un convenio fuera de juicio –una figura que
permite resolver casos laborales sin pasar por tribunales– elaborado el
mismo día. Este convenio señaló que Ochoa Reza deseaba terminar su
relación laboral con la CFE tal y como lo estipulaba el dictamen T.L.
49/2016.
La junta fue breve: el fedatario público aprobó el convenio,
constató la entrega del cheque número 0000272 por un millón 206 mil 271
pesos con 81 centavos –fechado el 18 de agosto– a Ochoa Reza y ordenó
el archivo del asunto como “total y definitivamente concluido”.
En el transcurso de esta investigación, se consultó el acta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la sede de la institución, el cual contiene copias del cheque, del convenio fuera de juicio y del dictamen.
“En realidad la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no
es la que autoriza el contenido del convenio, solamente revisa la forma
en que se otorga la indemnización, pero no le corresponde validar el
documento en cuanto a la norma. Si la empresa decide dar ese pago es
responsabilidad de ella”, añade el abogado.
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