Ministros y alta burocracia inmunes a la austeridad
Septiembre 25, 2016 at 1:30 am
El
nuevo recorte presupuestal por 239 mil 700 millones de pesos que
mantendrá intocables los privilegios de los altos funcionarios en los
tres poderes públicos, pone de nuevo al descubierto la cada vez más
acentuada e inequitativa distribución de la riqueza en el país. Mientras
un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2017 ganará
6 millones 766 mil 428 pesos, incluidos aguinaldo y compensaciones, un
trabajador con salario mínimo de 73 pesos diarios tendría que laborar
300 años para juntar tal cantidad.
La selecta casta de toga y birrete gana
mensualmente en promedio 563 mil 869 pesos, cuando millones de mexicanos
apenas y subsisten con el magro ingreso de 2 mil 190 pesos al mes; esto
es, los ministros ganan 257 veces más que el grueso de la población,
como sucede también con el resto de los miles de funcionarios,
gobernadores, senadores y diputados, quienes se resisten a ser
solidarios con los que menos tienen y se niegan a bajarse el sueldo a la
mitad ahora que el país debe apretarse nuevamente el cinturón, pues
como dicen allá en el rancho: “que se haga la voluntad de Dios –y la
austeridad— en los bueyes de mi compadre”.
Podrá entenderse el porqué a la clase
política en el poder la unen millonarios intereses personales, que la
han vuelto inmune a la situación de crisis que golpea desde hace años a
las clases menos favorecidas. Si no, ¿cómo entender que muchas de las
resoluciones emitidas por los miembros de la Corte han dejado en la
indefensión a millones de mexicanos que ahora están a merced lo mismo de
empresarios que de reformas emitidas por el Congreso? ¿Por qué entonces
tiene que pagar una expoliada población con su hambre y miseria los
privilegios de quienes se han convertido en sus verdugos?
El México color de rosa de que
disfrutan los ministros como muchos otros miembros de los poderes
públicos que ocupan cargos de alto nivel, no corresponde a la terrible
realidad que enfrentan en el día a día la inmensa mayoría de personas a
las que se les intenta engañar con la aplicación de recortes que
terminarán por afectarlos en su educación, en su salud y en su
desarrollo social.
Desde hace tres años iniciaron los
tijeretazos al presupuesto y la clase política nada ha dicho de aplicar
la palabra austeridad en sus nóminas doradas; por el contrario,
diputados y senadores en el Congreso han avalado la contratación de más
deuda pública hasta llegar a la inmanejable cifra de más de 8 billones
de pesos, en un perverso e irresponsable maridaje entre los tres poderes
de la Unión.
De lo que se trata no es de optimizar
recursos, sino que éstos sigan permitiendo el holgado nivel de vida de
una selecta casta de funcionarios y políticos enquistados en el poder,
para quienes la suerte que corren millones de pobres con cada golpe de
la crisis es lo que menos les importa.
Resulta absurdo e increíble que para el
año entrante se contemple destinar recursos por 568 mil 197 millones de
pesos para afrontar el costo financiero de la deuda, mientras que para
atender áreas prioritarias como educación, salud, desarrollo social y
universidades públicas se destinen sólo 556 mil 41 millones.
Nuestros genios neoliberales han
diseñado una política económica que no ha detonado el desarrollo del
país a través de sus reformas, pero sí ha terminado por doblegarlo ante
los organismos financieros internacionales por la vía del endeudamiento.
En lo que va del sexenio se ha pagado ya
por los intereses del servicio de la deuda un billón 334 mil 505
millones de pesos; cantidad que de haberse canalizado a la construcción
de hospitales, mejores salarios a maestros y una política de verdaderos
apoyos al desarrollo del campo –no con políticas asistencialistas que
son paliativos a la marginación de las zonas rurales–, hubiera
representado auténticos beneficios sociales a millones de personas. Tan
sólo por día, la deuda pública le cuesta al país un desembolso de mil
161 millones de pesos diarios.
De los funcionarios que tampoco tendrán
que preocuparse porque el país se siga endeudando mientras a ellos les
va muy bien, se encuentran los magistrados del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, que al igual que los ministros de la
Corte, se llevarán el próximo año un sueldo anual de 6 millones 766 mil
pesos, como también los miembros del Consejo de la Judicatura Federal
que ganarán de manera acumulada, con sueldo y prestaciones, 8 millones
938 mil 234 pesos.
A este grupo de privilegiados también
hay que sumar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE),
con Lorenzo Córdova a la cabeza; al presidente de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, Luis Raúl González Plascencia, cuyas escasas
recomendaciones nadie toma en cuenta, así como a otros titulares de
organismos como el Inegi, el INAI, el Ifetel, la Comisión Federal de
Competencia y un sinfín de aparatos burocráticos que en los hechos no
han demostrado tener un beneficio concreto a la población, pero que en
su mayoría representan un altísimo costo a los recursos públicos. En
promedio, sus titulares ganan anualmente más de 2 millones de pesos.
Y mientras de acuerdo con los criterios
presupuestales áreas como educación y salud enfrentarán para 2017
reducciones de hasta un 10 por ciento en relación con los recursos
asignados este año, el INE obtendrá un presupuesto de 15 mil 371
millones de pesos para atender elecciones en tres entidades: Coahuila,
Nayarit y Estado de México. De un mismo trato de excepción gozan los
diputados y senadores, quienes obtendrán un aumento en sus recursos por
986 millones de pesos.
Cada uno de los senadores se llevará el
año entrante un sueldo de un millón 312 mil pesos, amén del pago de
otros gastos y compensaciones, lo mismo que los diputados que en
promedio se llevarán a su cartera un millón 942 mil pesos. Envidiables
ingresos como pago por aprobar leyes que tienen al país y millones de
sus habitantes en la ruina absoluta y en una galopante marginación.
Así, mientras al país se le deja sin
recursos para educación y salud, se insiste en solapar la evasión fiscal
de los poderosos consorcios convertidos en amenazantes grupos fácticos
que anualmente evaden impuestos por 488 mil millones de pesos, como
también en devolverles a otros consentidos del Estado impuestos por 288
mil millones de pesos. De tal manera que bastaría con aplicar
puntualmente una auténtica política fiscal de recaudación para compensar
los recortes anunciados para el 2017.
Claro que para que esto sucediera
debería existir un Poder Judicial autónomo y honesto, alejado de
insultantes prerrogativas como las que gozan los miembros de la Corte,
quienes por cierto aprovecharon las fiestas patrias para irse de
puente desde el pasado martes 13 y retornar a sus actividades hasta el
lunes 19. Mientras tanto, será el pueblo quien pague los costos de esta
política neoliberal que ha convertido en una brecha abismal la riqueza
de unos cuantos contra la pobreza de millones.
Contralínea 507 / del 26 de Septiembre al 01 de Octubre 2016
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