Tribunal Electoral: agandalle oficialista
Tribunal Electoral: agandalle oficialista
Ernesto Zedillo nombró a cuatro priistas de los siete
magistrados que lo componen, pero uno de ellos (Orozco) se juntó con
otros tres y jugó el papel de díscolo en algunos lances importantes como
el del Pemexgate, cuando se obligó al PRI a pagar mil
millones de pesos por haberse robado de la paraestatal petrolera una
cantidad igual. El dato duro en la coyuntura era que el PRI ya había
perdido la Presidencia.
Con o sin mayoría automática priista, el Tribunal ha jugado
un papel de legislador. Cuando no le conviene acatar la letra de la ley,
se inventa otra norma y aplica su criterio. Ese es uno de los más
graves defectos del más alto tribunal electoral del país.
El Senado ha escogido a siete magistrados y magistradas de
otras tantas ternas enviadas por la Suprema Corte, de las cuales sólo
dos de ellas estuvieron integradas sólo por mujeres y cinco
exclusivamente por hombres. La paridad era imposible por el número impar
de los integrantes del tribunal, pero ¿por qué sólo dos mujeres?
La Corte, como siempre, no se esfuerza en dar explicaciones,
pero la cuasi paridad entre hombres y mujeres que estaba al alcance fue
descartada en sucesivas votaciones arregladas de antemano mediante
criterios preestablecidos. Así se las gastan los togados en los días
corrientes.
De los siete integrantes de la Sala Superior tenemos otra
vez cuatro oficialistas. Esta es la composición ideada originalmente por
Zedillo desde cuando ese tribunal se integró como órgano del Poder
Judicial. El TEPJF se permite inventar normas legislativas que son de
inmediato aplicadas por él mismo. Luego, lo peor, es que el Instituto
Nacional Electoral acata los mismos dictados judiciales aunque no
conformen jurisprudencia, como si fueran parte integrante de la
legislación del Congreso de la Unión.
Ese Tribunal puede anular cualquier elección actuando como
instancia única y de alzada, es decir, sin revisar ningún fallo anterior
y resolviendo lo que nadie le pidió. Así ha funcionado dicho órgano del
Poder Judicial, con escándalos concretos, pero sin que en el Congreso
imponga un criterio de moderación al poder asignado a siete personas.
¿Por qué el PAN y el PRD han admitido el exceso de
facultades del Tribunal y su nefasta composición? Esa es una buena
pregunta pero no tenemos a la mano forma de responderla
satisfactoriamente. Por su parte, al PRI le importa muy poco que digan
que unos magistrados, como unos consejeros ciudadanos, son oficialistas
disciplinados. El cinismo de la clase política tradicional mexicana
carece de límites.
Una vez, el PRD tuvo que hacer una proposición completa para
integrar el IFE porque se le había marginado de las negociaciones
debido a su exigencia de que cada uno de los tres partidos pudiera
objetar las propuestas de los demás.
El PAN había dado su consentimiento (Germán Martínez y
Molinar) para resistir la decisión de Madrazo y Gordillo de imponer un
IFE nefasto encabezado por Ugalde, pero negociaron en lo más oscuro de
San Lázaro a cambio de un consejero más para el PAN.
Como coordinador de la bancada del PRD (2003-2006) me
sostuve hasta el final en la exigencia, aunque poco después fui
criticado por integrantes de la dirección del partido por romper con la
tradición de tomar lo menos y ceder lo más.
Pero, ¿para qué queríamos dos consejeros electorales en el
IFE si el PRI estaba tomando la mayoría? Ese partido ni siquiera tenía
al Ejecutivo federal, pero el PAN buscaba acuerdos contra una izquierda
en ascenso los cuales terminaron favoreciendo al candidato Calderón. En
verdad, ningún partido debería tener a un solo consejero de su lado.
Cuando fui senador (2006-2012) se llegaron a “innovaciones”,
por ejemplo, para meter al Tribunal a Penagos que ya había sido
rechazado en su terna original pero devuelto por la Corte en otro trío
con el fin de lograr su inclusión. Beltrones arregló esa maniobra con la
aquiescencia del PAN, el PRD y la petición de Convergencia. Penagos era
el cuarto elemento de entre siete magistrados.
La idea priista siempre fue que si no se tenía una mayoría
automática en el órgano administrativo se podía arreglar cualquier cosa
en sede jurisdiccional. Esa sapiencia es elemental pero el problema
sigue siendo ¿por qué las oposiciones la han admitido?
Hoy tendremos cuatro magistrados oficialistas (Mata, Soto,
Fuentes y Vargas), dos panistas (Otálora y Rodríguez) y uno propuesto
por el PRD (Infante). Eso es “agandalle” disfrazado de “pluralidad”.
Pero no es pluralidad lo que se requiere sino imparcialidad, que es cosa
diferente. El nuevo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación traerá problemas al país porque su método de integración es
el peor posible y porque predomina el gobierno, cuyos intereses
normalmente se decantan a favor de la parcialidad del aparato electoral,
la coacción del voto y la simulación.
Lo precario de nuestra democracia se expresa también en la
inconsistencia de las instituciones. En particular, los tribunales
siguen siendo de consigna en los asuntos más relevantes y políticamente
decisivos para el poder establecido.
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