Condena la UNT despidos y persecución penal contra líderes del sindicato de “La Jornada”
Trabajadores protestan en La Jornada. Foto: Eduardo Miranda
También calificó de “inaudito e inaceptable” que la gerencia del periódico haya demandado penalmente al hijo de Calderón Gómez sólo por acudir “como espectador” al movimiento de huelga iniciado el 30 de junio pasado.
En la reunión con la representante ante México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Geraldine González Marroquín, el dirigente de los telefonistas se refirió al despido de los líderes sindicales.
Recordó que Desarrollo de Medios SA, empresa editora del rotativo, decidió reducir en 70% las prestaciones a sus trabajadores sin consultar a la base sindical, por lo que los afectados estallaron la huelga, misma que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) declaró “ilegal e inexistente”.
Por ello Hernández Juárez repudió en su discurso –transmitido en redes sociales–, que Demos despidiera a Calderón Gómez y a Mondragón Román, secretaria general y secretario de Organización, respectivamente, aparte de haberlos denunciado penalmente por “secuestro”.
Más aún, deploró que se haya demandado al hijo de Judith, un universitario de 20 años que sólo estaba en el campamento de huelga “como espectador. Lo hacen responsable de secuestro sólo por ser hijo de nuestra compañera secretaria general y haberse atrevido a actuar de esta manera”, acusó el líder de la UNT.
“Esto obviamente nos parece inaceptable, y por supuesto que también ellos necesitan de toda nuestra solidaridad. No tengo duda de que legalmente mis compañeros puedan ganar la demanda de reinstalación, pero no hay razón para permitir que el diario actúe de esa manera, como el más derechoso de todos los periódicos, cuando se supone que refleja mucho el pensamiento de izquierda”, alertó.
El pasado 27 de julio, la apoderada legal de Demos, Iveth Rodríguez Cerón, solicitó a la Junta Especial Número Dos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), en dos oficios distintos, que se notificara a Judith Calderón Gómez y a Leonardo Mondragón la rescisión de la relación laboral.
En dichos avisos de despido se admite que, con motivo del estallamiento de huelga, colocaron candados en las entradas y salidas de las instalaciones del periódico, “impidiendo la salida de los trabajadores que estaban laborando a las 17:00 que fue el estallamiento, lo cual es una privación a su libertad, tal como se puede apreciar de los diversos videos, testimonios e incluso constancias de hechos realizadas por los actuarios de la Junta, en los que constan también amagos, injurias y malos tratamientos y actos que pusieron en riesgo la salud y la vida de los trabajadores no huelguistas, al haberlos tenido privados de su libertad en contra de su voluntad”.
De igual manera, se añade en el aviso de la JFCA, “durante el tiempo que tuvo a las personas privadas de su libertad se abstuvo de proporcionarles alimentos y agua, burlándose de ellos de una manera totalmente inhumana. De lo anterior, también existe constancia de que algunos trabajadores privados de su libertad optaron por llamar al 911, presentándose tres patrullas a las 21:30 horas para solicitar su liberación, y usted (se refiere a los despedidos) se escudó bajo el argumento de que era un tema de huelga, por lo que impidió a los miembros de seguridad pública liberar a los trabajadores”.
En los oficios se recordó que a las 12:20 horas del 1 de julio, por requerimiento de los actuarios de la Junta, se abrieron las instalaciones y se dejó salir de ellas a más de la mitad de los trabajadores “capturados”, pero “encerraron” a los que decidieron quedarse “para continuar trabajando y poder publicar el diario”.
El abogado laboralista Manuel Fuentes destacó, en un artículo publicado en el portal La Silla Rota, que la denuncia penal consta en el expediente CI-FBJ/BJ-1/UI-S7D/03464/07/2017, y que el hijo de Judith Calderón ya fue citado ante la agencia del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales.
También señaló que la denuncia no la materializó la empresa formalmente, sino la gerente Tania Paulina Olmos Sánchez del diario “y algunos subordinados más”, aunque los despidos podrían alcanzar a otros 20 trabajadores.
Fuentes señaló que la dirección del diario no puede evadir su responsabilidad, porque al mismo tiempo que les avisaron a los afectados sobre la denuncia penal, también les comunicaron sobre su despido.
“Son muy graves estos hechos de penalizar las relaciones laborales después de una huelga que fue declarada inexistente 55 horas después de haber sido estallada; después de una resistencia legítima de la mayoría de sus trabajadores para evitar el recorte de sus prestaciones en más del 45% y sus salarios”, explicó en la columna titulada “Los tiempos del oscurantismo”.
El litigante recordó que después de la declaratoria de inexistencia, los sindicalizados regresaron a trabajar con un acuerdo suscrito entre la empresa y el Sitrajor de que no se ejercerían represalias de ningún tipo.
Luego asegura que el conflicto se está agravando por esta respuesta por parte de la administración de la empresa.
“Es lamentable que se judicialicen penalmente los conflictos laborales y, aún más, por ejercer derechos colectivos laborales, pero más grave sentar un precedente de represalia mandando a los dirigentes sindicales a la calle y además pretendiendo que vayan a prisión como en los tiempos del oscurantismo”, lamentó Fuentes.
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