Peña “cada vez tiene menos tiempo” para resolver el caso Ayotzinapa: Centro Tlachinollan
Familiares de los 43 marchan en la CDMX. Foto: Raúl Pérez
La organización –que opera en la región de la Montaña de Guerrero desde hace 24 años– deploró que “todo parece indicar” que los familiares de los normalistas llegarán “sin justicia y sin verdad” al próximo 26 de septiembre, que marcará los tres años de la desaparición forzada de sus hijos.
En su amplio informe anual publicado hoy, el Centro recordó que a lo largo de este año salieron a la luz nuevos elementos que terminaron de destrozar la versión del gobierno federal sobre lo sucedido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
Enumeró, entre otros, que el trasiego de drogas en autobuses desde Iguala hacia Estados Unidos pudo motivar el acto criminal y que nueve teléfonos de los estudiantes tuvieron actividades posteriores a la trágica noche, e insistió en que persiste la hipótesis de que los normalistas no fueron desaparecidos en un solo acto.
Según el Centro, existe una “gran incógnita” que rodea el caso de Ayotzinapa: saber si el gobierno mexicano indagará seriamente las líneas que planteó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante su misión en México y abandonará la “verdad histórica”. “Para el gobierno federal, esta versión urdida con testigos que declararon bajo tortura, es la más consolidada”, deploró el Centro. Añadió que los padres, “en lugar de encontrar avances en la búsqueda de sus hijos y algunos logros en la investigación, se les machaca en todo momento de que los estudiantes fueron incinerados en una pira”.
El organismo enlistó una serie de revelaciones periodísticas –muchas de las cuales fueron divulgadas por Proceso a lo largo de los últimos tres años– que, en su opinión, demuestran la “mala fe” con la que actuó el gobierno de Enrique Peña Nieto respecto al GIEI.
Entre estas revelaciones, recordó que la PGR ocultó información relevante a los expertos, como las alteraciones de evidencias por parte de Tomás Zerón de Lucio, entonces a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) o la libreta de Sidronio Covarrubias Salgado, supuesto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, en la que aparecía el número de teléfono de Omar Hamid García Harfuch, actual titular de la AIC.
“El ocultamiento de información, patente en la omisión estatal de informar lo mismo sobre la libreta que sobre los antecedentes de trasiego, confirma que el Estado mexicano nunca tuvo plena voluntad para recibir la asistencia técnica internacional”, aseveró.
Además, recordó que, pese a su inmunidad diplomática, los expertos formaron parte de las víctimas de los intentos de espionaje presuntamente perpetrados por el gobierno mexicano a través del malware espía Pegasus, desarrollado por la empresa NSO Group.
“Los intentos de espionaje contra el GIEI representan un eslabón más en la larga cadena de irregularidades con la que se ha querido proteger una y otra vez la inconsistente ‘verdad histórica’ con la que el Gobierno Federal ha intentado cerrar el caso”, aseguró.
“Guerrero en llamas”
En su informe anual, la organización retrató a Guerrero como un estado en llamas, una entidad convertida en un “territorio narco” que se disputan por lo menos 13 grupos delincuenciales y donde la corrupción, las alianzas entre el poder político y las mafias, la pobreza y la violencia destrozaron el tejido social.
“Guerrero es la tierra que arde, la tierra caliente que se disputa con fuego para hacerse del control de la amapola, para pelear las migajas del negocio más próspero de la economía criminal a nivel global. Es la guerra por el control de los corredores de la droga que desembocan en los centros turísticos y en las capitales de los estados circunvecinos. Es la pelea a muerte por el trasiego de la heroína que surcan tierra, cielo y mar para llegar a los santuarios del poder criminal en la Unión Americana”, deploró.
El Centro subrayó que el despliegue de un número cada vez mayor de fuerzas de seguridad –tanto civiles como militares– en la entidad no frenó el imparable incremento de la violencia: según los datos oficiales, 955 asesinatos fueron perpetrados en Guerrero entre enero y mayo de este año, 340 de los cuales tuvieron lugar en Acapulco.
“Es inconcebible ver los patrullajes ostentosos del Ejército en los lugares donde tiene el control de la plaza alguna célula del crimen organizado. En municipios como Chilapa, el Ejército lleva más de un año con la instalación de sus retenes en las entradas de la ciudad, sin embargo, la disputa entre las bandas de la delincuencia no ha cejado”, insistió.
De acuerdo con la organización, entre 2005 y 2014 las autoridades pronunciaron apenas mil 269 sentencias condenatorias derivadas de las 19 mil 434 denuncias por homicidio realizadas ante la fiscalía estatal; apenas 6%.
Según el informe, la confianza de los ciudadanos en la policía y el ejército desapareció, a la par que muchos campesinos abandonaron sus cultivos tradicionales para dedicarse a la siembra ilegal de enervantes como la amapola, bajo las órdenes de caciques locales.
La organización deploró que el margen de acción de la sociedad civil se redujo a medida que se incrementó la violencia y que las autoridades criminalizaron la protesta social. El miedo se apoderó de la sociedad y la instalación de grupos criminales en ciertas regiones disparó el fenómeno del desplazamiento forzado ante la mirada de los gobiernos locales.
“La forma de ejercer el poder en Guerrero basado en la corrupción y en la protección a quienes delinquen nos ha llevado a conformar un Estado mafioso. La porosidad de las instituciones de seguridad y justicia ha dado cabida a los grupos delincuenciales. Existen ayuntamientos donde el presidente queda supeditado a las decisiones del jefe de la plaza. Se han dado casos donde diputados y presidentes forman parte la estructura delincuencial”, lamentó.
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