Acuden a CIDH viudas de mineros de Pasta de Conchos
Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)
Ante la falta de justicia y reparación del daño por parte del Estado mexicano en Pasta de Conchos, viudas y familiares de 28 de los 63 mineros fallecidos hace casi cuatro años en la mina 8, ubicada en la zona carbonífera de Coahuila, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El martes pasado, María Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana Cantú, minero caído en la explosión de la mina Pasta de Conchos, suscitada el 19 de febrero de 2006, acompañada por abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), entregó a la CIDH el documento en el que se detallan las violaciones al derecho humano a la vida, al debido proceso y reparación del daño, cometidas por el Estado mexicano en contra de los mineros y las familias de Pasta de Conchos.
“A cuatro años sin solución tuvimos que acudir ante la Comisión, porque de ninguno de los gobiernos panistas de Vicente Fox, y de Felipe Calderón tuvimos respuesta a nuestras peticiones”, refirió Trinidad Cantú, en conferencia de prensa.
Esta demanda de justicia fue presentada por 28 de las 63 familias de los mineros todavía sepultados en el yacimiento, ante la “ineficiencia” de las instancias nacionales. Las y los peticionarios buscan que la CIDH declare que el Estado mexicano violó los derechos humanos de los mineros y sus familiares.
Además, esperan que la Comisión, máximo tribunal en la región, recomiende la realización de una investigación “seria, imparcial y eficaz” para sancionar a los responsables de la muerte de las decenas de trabajadores del carbón.
En la petición, también suscrita por las organizaciones Centro Prodh, el Centro de Reflección y Acción Laboral (Cereal), y el Equipo Nacional de Pastoral Laboral, se solicita a la CIDH que solicite al Estado mexicano el rescate de los 63 restos de los mineros, demanda constante de las familias, desde el día de la tragedia.
Representantes de las asociaciones antes mencionadas, señalaron en la conferencia de prensa que el siniestro en Pasta de Conchos no es un hecho aislado, por el contrario, es resultado de una política laboral que subestima la vida de las y los trabajadores del país, sobre la que se prioriza los intereses económicos de empresas como Grupo México.
Muestra de ello, señaló Carlos Rodríguez, del Cereal, es la repetición de las tragedias a consecuencia de las “pésimas condiciones en las que los mineros están obligados a trabajar”. Y es que, de 2006 a la fecha en la región se registró la muerte de 41 mineros más.
Al respecto, Raúl Vera, obispo de Saltillo, manifestó que en esa zona “seguimos viendo como mueren los mineros en condiciones indignas, Grupo México explota a los trabajadores al máximo, en algunas minas los tiene trabajando en cunclillas”.
Entre las violaciones que cometió el Estado mexicano en Pasta de Conchos están la transgresión al derecho a la vida, a las garantías y protecciones judiciales y el derecho a la integridad personal en perjuicio de 28 mineros fallecidos y 253 familiares, indicó Luis Arriaga Valenzuela, el director del Centro Prodh.
Además, denunciaron, la falta de acceso a la justicia en el caso, es consecuencia de la desregulación en materia laboral y de la complicidad del gobierno y el sector empresarial, que les permite a estos últimos evadir su responsabilidad de garantizar a los mineros del país, y a las y los trabajadores de otros ramos, laborar en condiciones de seguridad e higiene acorde a los derechos de la mano de obra.
Esta es la primera ocasión que el Estado mexicano es denunciado a nivel internacional por los siniestros registrados en la zona carbonífera de Coahuila, este hecho, debido a que la tragedia de Pasta de Conchos fue un evento previsible, como en su momento lo señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo.
Pasta de Conchos llega a la CIDH, después de que viudas y familiares han agotado las instancias nacionales en busca de justicia, sin que a cuatro años del deceso de sus familiares, esta petición haya sido escuchada por las autoridades del país.
“No nos hemos cansado de pedir justicia, no sólo por el rescate de los restos de nuestros hijos, esposos y hermanos, este reclamo también es por los mineros que siguen trabajando en la zona carbonífera”, expresó María Trinidad Cantú, al termino de la rueda de prensa.
Como parte de esta exigencia, mañana como cada 19 de mes, desde abril de 2007, las viudas y familiares realizarán al medio día una misa frente a las oficinas de Grupo México, en Polanco en la ciudad de México, en donde darán a conocer su cuarto informe sobre el caso Pasta de Conchos, al que se suman “otros más” en las minas del carbón, informó Carlos Rodríguez.
Después de la eucaristía, en punto de las 16:00 horas las viudas y familiares de los mineros fallecidos marcharán del Monumento a la Revolución al zócalo capitalino, para pedir la renuncia de Javier Lozano Alarcón, secretario de Trabajo y Previsión Social, añadió el defensor de derechos humanos.
Fuente
Ante la falta de justicia y reparación del daño por parte del Estado mexicano en Pasta de Conchos, viudas y familiares de 28 de los 63 mineros fallecidos hace casi cuatro años en la mina 8, ubicada en la zona carbonífera de Coahuila, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El martes pasado, María Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana Cantú, minero caído en la explosión de la mina Pasta de Conchos, suscitada el 19 de febrero de 2006, acompañada por abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), entregó a la CIDH el documento en el que se detallan las violaciones al derecho humano a la vida, al debido proceso y reparación del daño, cometidas por el Estado mexicano en contra de los mineros y las familias de Pasta de Conchos.
“A cuatro años sin solución tuvimos que acudir ante la Comisión, porque de ninguno de los gobiernos panistas de Vicente Fox, y de Felipe Calderón tuvimos respuesta a nuestras peticiones”, refirió Trinidad Cantú, en conferencia de prensa.
Esta demanda de justicia fue presentada por 28 de las 63 familias de los mineros todavía sepultados en el yacimiento, ante la “ineficiencia” de las instancias nacionales. Las y los peticionarios buscan que la CIDH declare que el Estado mexicano violó los derechos humanos de los mineros y sus familiares.
Además, esperan que la Comisión, máximo tribunal en la región, recomiende la realización de una investigación “seria, imparcial y eficaz” para sancionar a los responsables de la muerte de las decenas de trabajadores del carbón.
En la petición, también suscrita por las organizaciones Centro Prodh, el Centro de Reflección y Acción Laboral (Cereal), y el Equipo Nacional de Pastoral Laboral, se solicita a la CIDH que solicite al Estado mexicano el rescate de los 63 restos de los mineros, demanda constante de las familias, desde el día de la tragedia.
Representantes de las asociaciones antes mencionadas, señalaron en la conferencia de prensa que el siniestro en Pasta de Conchos no es un hecho aislado, por el contrario, es resultado de una política laboral que subestima la vida de las y los trabajadores del país, sobre la que se prioriza los intereses económicos de empresas como Grupo México.
Muestra de ello, señaló Carlos Rodríguez, del Cereal, es la repetición de las tragedias a consecuencia de las “pésimas condiciones en las que los mineros están obligados a trabajar”. Y es que, de 2006 a la fecha en la región se registró la muerte de 41 mineros más.
Al respecto, Raúl Vera, obispo de Saltillo, manifestó que en esa zona “seguimos viendo como mueren los mineros en condiciones indignas, Grupo México explota a los trabajadores al máximo, en algunas minas los tiene trabajando en cunclillas”.
Entre las violaciones que cometió el Estado mexicano en Pasta de Conchos están la transgresión al derecho a la vida, a las garantías y protecciones judiciales y el derecho a la integridad personal en perjuicio de 28 mineros fallecidos y 253 familiares, indicó Luis Arriaga Valenzuela, el director del Centro Prodh.
Además, denunciaron, la falta de acceso a la justicia en el caso, es consecuencia de la desregulación en materia laboral y de la complicidad del gobierno y el sector empresarial, que les permite a estos últimos evadir su responsabilidad de garantizar a los mineros del país, y a las y los trabajadores de otros ramos, laborar en condiciones de seguridad e higiene acorde a los derechos de la mano de obra.
Esta es la primera ocasión que el Estado mexicano es denunciado a nivel internacional por los siniestros registrados en la zona carbonífera de Coahuila, este hecho, debido a que la tragedia de Pasta de Conchos fue un evento previsible, como en su momento lo señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo.
Pasta de Conchos llega a la CIDH, después de que viudas y familiares han agotado las instancias nacionales en busca de justicia, sin que a cuatro años del deceso de sus familiares, esta petición haya sido escuchada por las autoridades del país.
“No nos hemos cansado de pedir justicia, no sólo por el rescate de los restos de nuestros hijos, esposos y hermanos, este reclamo también es por los mineros que siguen trabajando en la zona carbonífera”, expresó María Trinidad Cantú, al termino de la rueda de prensa.
Como parte de esta exigencia, mañana como cada 19 de mes, desde abril de 2007, las viudas y familiares realizarán al medio día una misa frente a las oficinas de Grupo México, en Polanco en la ciudad de México, en donde darán a conocer su cuarto informe sobre el caso Pasta de Conchos, al que se suman “otros más” en las minas del carbón, informó Carlos Rodríguez.
Después de la eucaristía, en punto de las 16:00 horas las viudas y familiares de los mineros fallecidos marcharán del Monumento a la Revolución al zócalo capitalino, para pedir la renuncia de Javier Lozano Alarcón, secretario de Trabajo y Previsión Social, añadió el defensor de derechos humanos.
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