Bolivia: tres revoluciones
Guillermo Almeyra
Bolivia está llevando a cabo tres revoluciones simultáneas: una, democrática, descolonizadora, modernizadora; otra, cultural, eliminadora del atraso y la barbarie impuestos por el pasado de explotación y sumisión, y la tercera, social, de contenido anticapitalista objetivo. Evo Morales y su gobierno conducen las dos primeras con gran vigor y decisión, pero las formas y el contenido de la tercera están todavía indefinidos.
Dos casos recientes ilustran las dificultades que derivan del pasado. El primero es del intelectual aymara y ex ministro Félix Patzi, hasta hace poco candidato nada menos que a gobernador de La Paz y que acaba de pasar a la oposición y de intentar formar su propio partido campesino sobre bases racistas (habla de que los ministros blancos lo persiguen). El otro es el de la negativa del Estado Mayor de las fuerzas armadas a proporcionar a la justicia los documentos sobre la dictadura y las desapariciones y torturas. Analicémoslos un poco.
El gobierno, por la vía legal, había declarado que conducir en estado de ebriedad constituía un delito punible con cárcel, como en cualquier país civilizado. El sindicato de choferes de autobuses declaró un paro de 48 horas para revocar esa medida, defendiendo obviamente el "derecho" a conducir borracho y, además, Patzi fue pillado conduciendo alcoholizado y Evo Morales, de inmediato, así como el MAS, su partido, lo eliminaron automáticamente como candidato a gobernador de la principal ciudad boliviana, a pesar de su popularidad y su apoyo organizado.
Patzi, para colmo, primero mintió al tratar de explicar su borrachera pues dijo que venía de un inexistente velorio de una prima. O sea, opuso los usos y costumbres (en los velorios todos beben) a la ley estatal y, después, para colmo, se fue a su zona natal para que su comunidad le aplicase un castigo (hacer mil ladrillos de adobe en tres días). La imposibilidad material de cumplirlo en ese corto lapso (reducido además por entrevistas y reuniones) constituía por sí misma otra mentira evidente y, una vez más, un intento de oponer los usos y costumbres a la ley estatal (aunque, desde el punto de vista de aquéllos, correspondía que el castigo fuese establecido por la comunidad donde había cometido el delito, y no por su comunidad originaria).
La ley de la República fue violada en nombre de la incorporación de los usos y costumbres a la Constitución pero pisoteando al mismo tiempo el precepto indígena oficial de "no mentir", aprovechando que en Bolivia, como en muchos otros países, emborracharse es algo muy común y cosa de hombres, tanto que un sinónimo de beber es "macharse". Las decisiones legales tendientes a fortalecer el Estado, por otra parte, chocaron además en este caso con el indigenismo racista de Patzi (y de sus seguidores atrasados que creen que los explotadores son sólo los k’aras, los blancos, cuando hay capitalistas aymaras) y con el nepotismo y el clientelismo del ex ministro durante su periodo de administrador público, así como con el corporativismo de la Federación Campesina de la Paz, que lo siguió acríticamente, y sobre el cual Patzi intenta construir su partido opositor.
En el caso del mando militar y de su oposición a la justicia actúan diversos factores ( como, por ejemplo, la influencia en los altos mandos de las fuerzas conservadoras y contrarrevolucionarias nacionales y extranjeras) pero predomina nuevamente el corporativismo. Los militares de hoy cubren a los dictadores y asesinos del pasado, porque "perro no come perro" y porque esperan que en el futuro se les brinde a ellos la misma solidaridad de casta. Ahora bien, en un Estado moderno –y Morales quiere modernizar Bolivia– los militares están sometidos a las leyes y a los poderes estatales y no son un cuerpo que pueda funcionar en autogestión. Nuevamente, los intentos de sacar a Bolivia del atraso (la borrachera, el clientelismo, la corrupción, la arbitrariedad de los cuerpos separados) para imponer una Constitución, un estado de derecho y construir, por primera vez en su historia, un verdadero Estado capitalista, chocan con el espesor político-cultural del colonialismo y el precapitalismo. Y eso no se elimina en un par de años sino que requiere una larga revolución cultural. No basta, pues, con ganar el gobierno y con obtener un apoyo popular de 80 por ciento contra la reacción, si no se tiene realmente el poder y si ese apoyo masivo es mucho menor en casi todos los aspectos de la vida política y cotidiana, que, para bien y para mal, están muy marcadas por el pasado.
Aquí entra el problema de la tercera revolución, la anticapitalista, que figura en las aspiraciones de Evo Morales y Alvaro García Lineras pero no permea ni las medidas de su gobierno ni el accionar de su partido, el MAS. En primer lugar, éste es un pool de intereses corporativos, una alianza de organizaciones sindicales y sociales con sus burocracias respectivas, y no está en condiciones de orientar al gobierno. En segundo lugar, según las tradiciones nacionalista-desarrollista de la revolución de abril de 1952, el gobierno confía en el aparato estatal para industrializar el país y no en las capacidades de autogestión y construcción de una economía alternativa por parte de los obreros y campesinos. Depende, pues, como antaño, de una economía extractiva, exportadora y de la producción por el Estado de lo mismo que producían los capitalistas privados. Construye así el capitalismo de Estado e intenta crear un aparato burocrático para dirigirlo y utiliza el apoyo masivo como si fuera su infantería de choque, pero sin que los trabajadores discutan y decidan qué hacer en el territorio y qué con los recursos. Pero esto tampoco se consigue rápidamente y, además depende de los avances de la revolución cultural y de la situación económica internacional.
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Bolivia está llevando a cabo tres revoluciones simultáneas: una, democrática, descolonizadora, modernizadora; otra, cultural, eliminadora del atraso y la barbarie impuestos por el pasado de explotación y sumisión, y la tercera, social, de contenido anticapitalista objetivo. Evo Morales y su gobierno conducen las dos primeras con gran vigor y decisión, pero las formas y el contenido de la tercera están todavía indefinidos.
Dos casos recientes ilustran las dificultades que derivan del pasado. El primero es del intelectual aymara y ex ministro Félix Patzi, hasta hace poco candidato nada menos que a gobernador de La Paz y que acaba de pasar a la oposición y de intentar formar su propio partido campesino sobre bases racistas (habla de que los ministros blancos lo persiguen). El otro es el de la negativa del Estado Mayor de las fuerzas armadas a proporcionar a la justicia los documentos sobre la dictadura y las desapariciones y torturas. Analicémoslos un poco.
El gobierno, por la vía legal, había declarado que conducir en estado de ebriedad constituía un delito punible con cárcel, como en cualquier país civilizado. El sindicato de choferes de autobuses declaró un paro de 48 horas para revocar esa medida, defendiendo obviamente el "derecho" a conducir borracho y, además, Patzi fue pillado conduciendo alcoholizado y Evo Morales, de inmediato, así como el MAS, su partido, lo eliminaron automáticamente como candidato a gobernador de la principal ciudad boliviana, a pesar de su popularidad y su apoyo organizado.
Patzi, para colmo, primero mintió al tratar de explicar su borrachera pues dijo que venía de un inexistente velorio de una prima. O sea, opuso los usos y costumbres (en los velorios todos beben) a la ley estatal y, después, para colmo, se fue a su zona natal para que su comunidad le aplicase un castigo (hacer mil ladrillos de adobe en tres días). La imposibilidad material de cumplirlo en ese corto lapso (reducido además por entrevistas y reuniones) constituía por sí misma otra mentira evidente y, una vez más, un intento de oponer los usos y costumbres a la ley estatal (aunque, desde el punto de vista de aquéllos, correspondía que el castigo fuese establecido por la comunidad donde había cometido el delito, y no por su comunidad originaria).
La ley de la República fue violada en nombre de la incorporación de los usos y costumbres a la Constitución pero pisoteando al mismo tiempo el precepto indígena oficial de "no mentir", aprovechando que en Bolivia, como en muchos otros países, emborracharse es algo muy común y cosa de hombres, tanto que un sinónimo de beber es "macharse". Las decisiones legales tendientes a fortalecer el Estado, por otra parte, chocaron además en este caso con el indigenismo racista de Patzi (y de sus seguidores atrasados que creen que los explotadores son sólo los k’aras, los blancos, cuando hay capitalistas aymaras) y con el nepotismo y el clientelismo del ex ministro durante su periodo de administrador público, así como con el corporativismo de la Federación Campesina de la Paz, que lo siguió acríticamente, y sobre el cual Patzi intenta construir su partido opositor.
En el caso del mando militar y de su oposición a la justicia actúan diversos factores ( como, por ejemplo, la influencia en los altos mandos de las fuerzas conservadoras y contrarrevolucionarias nacionales y extranjeras) pero predomina nuevamente el corporativismo. Los militares de hoy cubren a los dictadores y asesinos del pasado, porque "perro no come perro" y porque esperan que en el futuro se les brinde a ellos la misma solidaridad de casta. Ahora bien, en un Estado moderno –y Morales quiere modernizar Bolivia– los militares están sometidos a las leyes y a los poderes estatales y no son un cuerpo que pueda funcionar en autogestión. Nuevamente, los intentos de sacar a Bolivia del atraso (la borrachera, el clientelismo, la corrupción, la arbitrariedad de los cuerpos separados) para imponer una Constitución, un estado de derecho y construir, por primera vez en su historia, un verdadero Estado capitalista, chocan con el espesor político-cultural del colonialismo y el precapitalismo. Y eso no se elimina en un par de años sino que requiere una larga revolución cultural. No basta, pues, con ganar el gobierno y con obtener un apoyo popular de 80 por ciento contra la reacción, si no se tiene realmente el poder y si ese apoyo masivo es mucho menor en casi todos los aspectos de la vida política y cotidiana, que, para bien y para mal, están muy marcadas por el pasado.
Aquí entra el problema de la tercera revolución, la anticapitalista, que figura en las aspiraciones de Evo Morales y Alvaro García Lineras pero no permea ni las medidas de su gobierno ni el accionar de su partido, el MAS. En primer lugar, éste es un pool de intereses corporativos, una alianza de organizaciones sindicales y sociales con sus burocracias respectivas, y no está en condiciones de orientar al gobierno. En segundo lugar, según las tradiciones nacionalista-desarrollista de la revolución de abril de 1952, el gobierno confía en el aparato estatal para industrializar el país y no en las capacidades de autogestión y construcción de una economía alternativa por parte de los obreros y campesinos. Depende, pues, como antaño, de una economía extractiva, exportadora y de la producción por el Estado de lo mismo que producían los capitalistas privados. Construye así el capitalismo de Estado e intenta crear un aparato burocrático para dirigirlo y utiliza el apoyo masivo como si fuera su infantería de choque, pero sin que los trabajadores discutan y decidan qué hacer en el territorio y qué con los recursos. Pero esto tampoco se consigue rápidamente y, además depende de los avances de la revolución cultural y de la situación económica internacional.
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