Ganaron los militares
28 de abril de 2010
Gran Angular - Raúl Rodríguez Cortés
Al aprobarse ayer en el Senado las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que dan sustento jurídico a la participación del Ejército en la lucha contra la delincuencia organizada, el fuero militar permaneció intocado. Los senadores concedieron al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, la tregua que les fue a pedir el jueves pasado para no incorporar en ese ordenamiento cambios en la justicia militar hasta que Felipe Calderón envíe la iniciativa correspondiente en septiembre próximo.
Fueron infructuosos los intentos de PRD-PT-Convergencia de añadir en el articulado de esa ley que cuando militares incurrieran en delitos al realizar tareas de policía, fueran juzgados en tribunales civiles. De manera que los eventuales abusos y excesos contra civiles serán procesados, como siempre, en medio de la opacidad de la justicia militar, pero con la diferencia de que ahora hay una ley que avala su actuación contra la delincuencia organizada y los pone a salvo de ser objeto de acusaciones como las que surgieron después de la guerra sucia de 1970-1980 contra grupos guerrilleros.
La nueva Ley de Seguridad Nacional establece el procedimiento para que el Presidente eche mano del Ejército al declarar una especie de estado de excepción (le llama estado de afectación de la seguridad interior) sin que se suspendan las garantías individuales. De esta manera, se da la vuelta a la exigencia constitucional de someter una decisión de esa naturaleza al aval del Congreso.
Sin embargo, una de las modificaciones que se le hizo a la iniciativa original propuesta por Calderón es que el Senado o en sus recesos la Comisión Permanente deberán revisar su legalidad, ambigüedad ésta que abre el abanico de la interpretación desde la aprobación de una especie de visto bueno de los órganos de gobierno de la Cámara alta hasta la aprobación mediante el voto de la mayoría.
Otro de los cambios al proyecto original, acaso insuficiente, es el de blindar el respeto a las garantías individuales con el simple hecho de notificar la declamatoria a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Lo único que sí podría considerarse una buena noticia es que la solicitud para decretar un estado de afectación a la seguridad interior no procederá en acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, lo que por lo menos en el papel explicita que no se legaliza la represión.
Vistas las cosas así, se concede a los militares el andamiaje legal cuya ausencia los dividía entre la obligación de cumplir órdenes y la negativa a someter a la institución a futuras descalificaciones y juicios.
Por lo pronto, Calderón y el Ejército ganaron una batalla política en esta guerra perdida que nos tiene a los civiles indefensos y en el riesgo permanente de morir entre dos fuegos.
Instantáneas
1. MARCHAS FORZADAS. Sí habrá ley antisecuestro. Mañana o a más tardar el viernes será votada en el Senado apenas unas horas antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones. Lo que habrá que dejar para mejor ocasión serán las reformas política y a los medios de comunicación.
2. HUELGA MASIVA. Trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas iniciaron el domingo pasado otra huelga de hambre. Su alcance podría ser impactante de llegar a ser, como se prevé, una huelga de hambre masiva. Empezaron 10 y hoy van 40. La idea es que cada día se incorporen 10 nuevos huelguistas. Cinco mil electricistas manifestaron su interés por participar. De ellos, 2 mil 300 fueron sometidos a estudios médicos, 600 pasaron los exámenes y 150 están preparados física y anímicamente para hacerlo. La muerte por inanición del disidente cubano Orlando Zapata y los dos meses en huelga de hambre del también disidente Guillermo Fariñas para exigir la liberación en Cuba de los presos políticos enfermos, ha merecido el respaldo del gobierno mexicano, que exige el respeto de los derechos humanos. ¿No es una violación a esos derechos que Calderón haya lanzado al desempleo a 44 mil 500 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro en medio de la recesión más pronunciada en 75 años?
Fuente
Gran Angular - Raúl Rodríguez Cortés
Al aprobarse ayer en el Senado las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que dan sustento jurídico a la participación del Ejército en la lucha contra la delincuencia organizada, el fuero militar permaneció intocado. Los senadores concedieron al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, la tregua que les fue a pedir el jueves pasado para no incorporar en ese ordenamiento cambios en la justicia militar hasta que Felipe Calderón envíe la iniciativa correspondiente en septiembre próximo.
Fueron infructuosos los intentos de PRD-PT-Convergencia de añadir en el articulado de esa ley que cuando militares incurrieran en delitos al realizar tareas de policía, fueran juzgados en tribunales civiles. De manera que los eventuales abusos y excesos contra civiles serán procesados, como siempre, en medio de la opacidad de la justicia militar, pero con la diferencia de que ahora hay una ley que avala su actuación contra la delincuencia organizada y los pone a salvo de ser objeto de acusaciones como las que surgieron después de la guerra sucia de 1970-1980 contra grupos guerrilleros.
La nueva Ley de Seguridad Nacional establece el procedimiento para que el Presidente eche mano del Ejército al declarar una especie de estado de excepción (le llama estado de afectación de la seguridad interior) sin que se suspendan las garantías individuales. De esta manera, se da la vuelta a la exigencia constitucional de someter una decisión de esa naturaleza al aval del Congreso.
Sin embargo, una de las modificaciones que se le hizo a la iniciativa original propuesta por Calderón es que el Senado o en sus recesos la Comisión Permanente deberán revisar su legalidad, ambigüedad ésta que abre el abanico de la interpretación desde la aprobación de una especie de visto bueno de los órganos de gobierno de la Cámara alta hasta la aprobación mediante el voto de la mayoría.
Otro de los cambios al proyecto original, acaso insuficiente, es el de blindar el respeto a las garantías individuales con el simple hecho de notificar la declamatoria a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Lo único que sí podría considerarse una buena noticia es que la solicitud para decretar un estado de afectación a la seguridad interior no procederá en acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, lo que por lo menos en el papel explicita que no se legaliza la represión.
Vistas las cosas así, se concede a los militares el andamiaje legal cuya ausencia los dividía entre la obligación de cumplir órdenes y la negativa a someter a la institución a futuras descalificaciones y juicios.
Por lo pronto, Calderón y el Ejército ganaron una batalla política en esta guerra perdida que nos tiene a los civiles indefensos y en el riesgo permanente de morir entre dos fuegos.
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1. MARCHAS FORZADAS. Sí habrá ley antisecuestro. Mañana o a más tardar el viernes será votada en el Senado apenas unas horas antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones. Lo que habrá que dejar para mejor ocasión serán las reformas política y a los medios de comunicación.
2. HUELGA MASIVA. Trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas iniciaron el domingo pasado otra huelga de hambre. Su alcance podría ser impactante de llegar a ser, como se prevé, una huelga de hambre masiva. Empezaron 10 y hoy van 40. La idea es que cada día se incorporen 10 nuevos huelguistas. Cinco mil electricistas manifestaron su interés por participar. De ellos, 2 mil 300 fueron sometidos a estudios médicos, 600 pasaron los exámenes y 150 están preparados física y anímicamente para hacerlo. La muerte por inanición del disidente cubano Orlando Zapata y los dos meses en huelga de hambre del también disidente Guillermo Fariñas para exigir la liberación en Cuba de los presos políticos enfermos, ha merecido el respaldo del gobierno mexicano, que exige el respeto de los derechos humanos. ¿No es una violación a esos derechos que Calderón haya lanzado al desempleo a 44 mil 500 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro en medio de la recesión más pronunciada en 75 años?
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