Los medios en el debate público
Teodoro Rentería Arróyave (especial para ARGENPRESS.info)
En dos vertientes del debate público se encuentra los medios electrónicos, radio y televisión: la constitución por decreto presidencial de un organismo que engloba a todos los medios del Estado, que se supone no son de Gobierno, y la nuevamente frustrada Ley de Medios en el Senado de la República.
El 23 de marzo de 1983, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación sendos decretos que crearon los entes: Instituto Mexicano de la Radio, Instituto Mexicano de la Televisión e Instituto Mexicano de Cinematografía. Desde sus prolegómenos que en mucho se basaron en la más importante y concurrida consulta pública nacional que sobre el tema se haya llevado a cabo, en efecto se diseñaron de Estado y así trabajaron, en forma preponderante el de la radio.
A la vuelta de los años, todo ese esfuerzo que inclusive movió sintonías de canales o frecuencias a pesar de las reticencias de algunos concesionarios, se tiró a la borda. En el tiempo del “salinato”, se vendió al mejor postor IMEVISIÓN, IMCINE apenas funciona y el IMER es que más se salva.
Ahora el reclamo es que el Ejecutivo federal se apañó los medios del Estado: IMER, IMCINE, Canales 11 y 22, entre otros; pese a ello el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, rechazó ante el Poder Legislativo que el gobierno, a través del nuevo Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, a cargo de un ex funcionario del CISEN, intente “censurar o manipular” los contenidos de los medios públicos que tiene a su cargo con propósitos de propaganda oficial o electorera a favor del Partido Acción Nacional.
En ese mismo sentido se hunde la Ley de Medios en el Senado de la República, y el Partido de la Revolución Democrática acusó que la bancada del Partido Acción Nacional “se echó para atrás", por lo que no se cuenta con el respaldo suficiente para avalar ni una reforma integral ni parcial, en este periodo ordinario de sesiones. Se va la posible aprobación hasta septiembre próximo.
El diputado perredista y presidente de la Comisión de Radio y Televisión, Carlos Sotelo, por segunda ocasión en menos de dos meses declara que le volvieron a boicotear los acuerdos y confirmó que no hay condiciones para subirla al pleno para su posible aprobación: la “Ley de Medios” ya no es de este periodo de sesiones que acaba el viernes. Es culpa del PAN, acusó Sotelo.
El Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que mucho sabe de este cabildeo, llamó al Congreso a construir, sin albazos ni en “fast track”, una ley de medios electrónicos, en la que se escuche a la industria y se definan los alcances de las estaciones públicas.
Y también ante la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, defendió la creación del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, que fue publicada el 31 de marzo pasado en el Diario Oficial de la Federación. Advirtió que mientras no haya una definición legal sobre medios públicos, la administración federal seguirá adelante en el objetivo del órgano.
Esto a pesar de que los diputados de oposición ven interés electoral en creación del OPMA. El priista Canek Vázquez calificó la publicación del decreto como un acto injusto, ilegal, dispendioso, inmoral y hasta clandestino, por sacarlo en Semana Santa.
“Se nos presenta un medio de producción y de divulgación de contenidos al servicio del Presidente”, acusó. “¿No será, señor Secretario, que al final de cuentas el Gobierno no quiere comunicar? Porque lo que quiere es otra cosa, y en todo caso lo que quiere es hacer persuasión electoral, propaganda política”, cuestionó a su vez, Carlos Flores Rico, también del PRI.
El debate está abierto, es de esperarse que la nueva Ley de Medios se ajuste al interés público y que el mismo evite que naufraguen lo poco que queda de los medios de Estado.
Fuente
En dos vertientes del debate público se encuentra los medios electrónicos, radio y televisión: la constitución por decreto presidencial de un organismo que engloba a todos los medios del Estado, que se supone no son de Gobierno, y la nuevamente frustrada Ley de Medios en el Senado de la República.
El 23 de marzo de 1983, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación sendos decretos que crearon los entes: Instituto Mexicano de la Radio, Instituto Mexicano de la Televisión e Instituto Mexicano de Cinematografía. Desde sus prolegómenos que en mucho se basaron en la más importante y concurrida consulta pública nacional que sobre el tema se haya llevado a cabo, en efecto se diseñaron de Estado y así trabajaron, en forma preponderante el de la radio.
A la vuelta de los años, todo ese esfuerzo que inclusive movió sintonías de canales o frecuencias a pesar de las reticencias de algunos concesionarios, se tiró a la borda. En el tiempo del “salinato”, se vendió al mejor postor IMEVISIÓN, IMCINE apenas funciona y el IMER es que más se salva.
Ahora el reclamo es que el Ejecutivo federal se apañó los medios del Estado: IMER, IMCINE, Canales 11 y 22, entre otros; pese a ello el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, rechazó ante el Poder Legislativo que el gobierno, a través del nuevo Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, a cargo de un ex funcionario del CISEN, intente “censurar o manipular” los contenidos de los medios públicos que tiene a su cargo con propósitos de propaganda oficial o electorera a favor del Partido Acción Nacional.
En ese mismo sentido se hunde la Ley de Medios en el Senado de la República, y el Partido de la Revolución Democrática acusó que la bancada del Partido Acción Nacional “se echó para atrás", por lo que no se cuenta con el respaldo suficiente para avalar ni una reforma integral ni parcial, en este periodo ordinario de sesiones. Se va la posible aprobación hasta septiembre próximo.
El diputado perredista y presidente de la Comisión de Radio y Televisión, Carlos Sotelo, por segunda ocasión en menos de dos meses declara que le volvieron a boicotear los acuerdos y confirmó que no hay condiciones para subirla al pleno para su posible aprobación: la “Ley de Medios” ya no es de este periodo de sesiones que acaba el viernes. Es culpa del PAN, acusó Sotelo.
El Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que mucho sabe de este cabildeo, llamó al Congreso a construir, sin albazos ni en “fast track”, una ley de medios electrónicos, en la que se escuche a la industria y se definan los alcances de las estaciones públicas.
Y también ante la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, defendió la creación del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, que fue publicada el 31 de marzo pasado en el Diario Oficial de la Federación. Advirtió que mientras no haya una definición legal sobre medios públicos, la administración federal seguirá adelante en el objetivo del órgano.
Esto a pesar de que los diputados de oposición ven interés electoral en creación del OPMA. El priista Canek Vázquez calificó la publicación del decreto como un acto injusto, ilegal, dispendioso, inmoral y hasta clandestino, por sacarlo en Semana Santa.
“Se nos presenta un medio de producción y de divulgación de contenidos al servicio del Presidente”, acusó. “¿No será, señor Secretario, que al final de cuentas el Gobierno no quiere comunicar? Porque lo que quiere es otra cosa, y en todo caso lo que quiere es hacer persuasión electoral, propaganda política”, cuestionó a su vez, Carlos Flores Rico, también del PRI.
El debate está abierto, es de esperarse que la nueva Ley de Medios se ajuste al interés público y que el mismo evite que naufraguen lo poco que queda de los medios de Estado.
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